Ante el crimen organizado, elevar el tope de las penas como acto de soberanía y mandato democrático

Costa Rica llega a un punto de inflexión histórica. La expansión del narcotráfico, el auge del crimen organizado y la frecuencia creciente del sicariato no son fenómenos aislados. Constituyen síntomas de una mutación estructural en la amenaza criminal que enfrenta el país.

En juego no solo está la seguridad ciudadana, sino la autoridad misma del Estado. En toda república, el poder coercitivo emana del soberano, que en democracia es el pueblo. Max Weber lo definió en La política como vocación (1919): "El Estado es aquella comunidad humana que, en el interior de determinado territorio, reclama para sí con éxito el monopolio de la violencia física legítima". Ese pueblo percibe con alarma cómo la violencia se sofisticó, se profesionalizó y se tornó letal. El asesinato pasó de acto impulsivo a servicio contratado. Las estructuras criminales imponen su lógica paralela al orden jurídico legítimo. Aquí el soberano exige protección.

La función primordial del Estado no es la contemplación, sino la defensa del orden jurídico y la vida de sus ciudadanos. Cuando el crimen evoluciona, el Estado debe igualarlo. No hacerlo equivale a abdicar su responsabilidad esencial.

La obsolescencia del marco penal costarricense

El marco penal costarricense se diseñó para una era sin crimen organizado transnacional de tal envergadura. El límite de 50 años de cumplimiento efectivo (reducible en la práctica a 35 años) refleja una filosofía rehabilitadora valiosa, pero obstructiva ante la sociedad en riesgo.

El sicariato rompe todo: convierte el asesinato en transacción económica, profesionaliza la violencia con cálculo y financiamiento. Quien mata por contrato sirve a una estructura que busca no solo lucro, sino poder.

Fernando Carrión (académico FLACSO-Ecuador) lo describe con precisión: "El sicariato no es solo un fenómeno de unos sujetos aislados que usan la violencia para cometer homicidios por encargo, es algo mucho más complejo. Su realidad está asentada sobre la base de un conjunto de redes sociales que permean la sociedad y sus instituciones, y de una construcción valiosa en términos económicos (toda vida tiene un precio) y culturales".

La respuesta del derecho comparado

El derecho comparado prueba que Estados serios responden fortaleciendo su coercitividad dentro del Estado de Derecho. Estados Unidos aplica cadena perpetua o pena capital al asesinato por encargo. Alemania impone perpetua obligatoria por lucro. Italia (contra la mafia) equivale a prisión de por vida. Colombia aumentó penas post-carteles para incapacitar operadores del crimen organizado, entendiendo que la incapacitación prolongada era condición necesaria para recuperar el control estatal.

Estas medidas no surgieron del autoritarismo. Surgieron de la necesidad de preservar el orden democrático frente a amenazas que buscaban destruirlo.

La propuesta: 70 años como pena máxima efectiva

Costa Rica no requiere cadena perpetua formal. Pero sí necesita elevar el tope efectivo a 70 años para sicariato, homicidio agravado y crimen organizado. Esta medida resulta jurídicamente viable, constitucionalmente compatible y estratégicamente imperativa. Responde a un principio elemental: la incapacitación efectiva de individuos que han demostrado una disposición profesional a ejercer la violencia letal como medio de subsistencia o de poder.

Una estrategia integral contra el crimen organizado

Pero las penas solas no bastan. El crimen organizado opera en niveles múltiples y exige una estrategia estatal integral que incluya los siguientes componentes:

Primero, fortalecimiento de la inteligencia policial. El crimen organizado no se derrota únicamente con reacción, se derrota con anticipación. Esto implica invertir en capacidades de análisis, tecnología (sistemas de videovigilancia inteligente, drones, vigilancia satelital, interceptación de comunicaciones), infiltración y cooperación internacional para identificar y desarticular estructuras antes de que ejecuten sus operaciones.

Segundo, trazabilidad financiera. El crimen organizado existe porque genera y mueve dinero. Seguir el flujo financiero es atacar el corazón de la estructura. Esto requiere fortalecer los mecanismos de supervisión bancaria, cooperación internacional y unidades especializadas en investigación financiera.

Tercero, decomiso efectivo de bienes. El crimen organizado no solo debe ser neutralizado básicamente, debe ser desmantelado económicamente. La incautación de activos debilita su capacidad operativa y reduce su atractivo.

Cuarto, control de las estructuras logísticas. El narcotráfico y el sicariato dependen de redes de transporte, comunicación y armamento. Interrumpir esas redes reduce significativamente su capacidad de operar.

Quinto, modernización del sistema penitenciario. Las cárceles no pueden convertirse en centros de mando del crimen organizado. El Estado debe garantizar el control efectivo de los centros penitenciarios, evitar la comunicación ilícita con el exterior y asegurar que las penas cumplan su función incapacitiva real.

Sexto, reforma a la Ley de Justicia Penal Juvenil. El crimen organizado ya aprendió a explotar el incentivo más perverso del sistema: usar menores de edad como ejecutores porque enfrentar topes de internamiento mucho menores. Si el Estado no ajusta esa ecuación, seguirá subsidiando (por omisión) el reclutamiento juvenil.

En derecho comparado, los países que tomaron en serio el homicidio cometido por menores soportaron el régimen de internamiento en delitos de sangre. En Inglaterra y Gales, el asesinato cometido por un menor conlleva una condena de carácter vitalicio bajo la figura de "detención durante el placer de Su Majestad", con un mínimo fijado judicialmente. En Francia, cuando el delito de un menor tendría pena de perpetuidad en adultos, el máximo aplicable se reduce a 20 años. En Estados Unidos, aunque la Corte Suprema prohibió la prisión perpetua sin libertad condicional obligatoria para menores, algunos tribunales aún imponen condenas de por vida en casos excepcionales, con análisis individualizado.

Para Costa Rica, la recomendación es evaluar un ajuste selectivo, no indiscriminado. Elevar el tope (hasta 30 años), para adolescentes de 15 a 17 años cuando se trata de sicariato, homicidio calificado, tentativa agravada y delitos ejecutados por encargo o dentro de estructuras criminales, con control judicial estricto, revisiones periódicas y un régimen penitenciario juvenil seguro realmente. El objetivo es cortar el incentivo de reclutamiento, incapacitar a los ejecutores de máxima peligrosidad y, al mismo tiempo, proteger a la mayoría de los jóvenes que sí pueden ser reencauzados.

Séptimo, profesionalización de la fuerza pública y uso intensivo de tecnologías avanzadas. Esto incluye la creación de academias especializadas para el combate al crimen organizado, salarios competitivos que reduzcan la corrupción, entrenamiento continuo en técnicas de investigación criminal y, principalmente, la aplicación de inteligencia artificial para la predicción de delitos, el análisis de patrones criminales, la identificación de redes delictivas y la asignación eficiente de recursos policiales. La IA puede procesar enormes cantidades de datos (llamadas telefónicas, movimientos bancarios, patrones de movilidad) que serán imposibles de analizar manualmente, permitiendo anticiparse a las acciones del crimen organizado.

Un mandato democrático ineludible

Estas medidas no son opciones ideológicas. Son imperativos funcionales de cualquier Estado que aspire a preservar su soberanía. La próxima Asamblea Legislativa tendrá ante sí una responsabilidad histórica. No se trata únicamente de aprobar leyes. Se trata de responder al mandato del soberano. Se trata de reafirmar que el Estado costarricense conserva el control de su territorio, de su orden jurídico y de su futuro.

La seguridad no es un lujo. Es la condición previa de todas las demás libertades. Cuando el Estado protege eficazmente a sus ciudadanos, fortalece la democracia. Cuando falla en hacerlo, la debilita.

Elevar el tope efectivo de cumplimiento de las penas a 70 años, como parte de una estrategia integral contra el crimen organizado, no es una medida extrema. Es una medida racional. Es una medida proporcional. Sí, sobre todo, una medida necesaria.

La historia demuestra que las naciones que actúan con claridad y determinación preservan su orden. Las que dudan, lo pierden. Costa Rica aún está a tiempo de actuar. ¡Y debe hacerlo ahora!.

M.Sc. Milton Madriz Cédeno

Politólogo, especialista en gestión pública y gobernanza