Iglesia / Estado

El fin de un año, necesaria consecuencia de nuestra condición de seres temporales, nos obliga a dejar de lado lo pasado y mirar con grandes expectativas lo porvenir. Por eso, entre el bullicio de las fiestas y celebraciones, nos sentimos divididos entre las nostalgias de un pasado que, como el viento, se nos escapa irremisiblemente de las manos, y un futuro que, como la lotería, nos lleva a debatirnos entre pesadillas de angustia y sueños de esperanza. A punto de terminar un año más en la vida personal y en la historia de la humanidad, tendemos a mirar hacia atrás y ver lo que más nos ha impactado dejando para inicios del próximo el tratar de avizorar lo que nos espera en el.

Muchos son lo hechos que marcaron 2010. Si algo caracteriza nuestra época, es su vertiginosa aceleración, por lo que la cantidad de novedades que se da en un lapso de tiempo cada vez más corto es mayor día con día. Pero los hechos relevantes del pasado, al mirarlos hacia el futuro, se convierten en desafíos y expectativas. Por eso, hoy me limitaré en destacar algo que, si miramos con los ojos de la historia, podría constituir un cambio cualitativo en la configuración de nuestra identidad como nación. Me refiero a las relaciones entre la Iglesia y el Estado que, en Costa Rica, han estado regidas en décadas recientes por el artículo 75 de la Constitución Política. Dicho articulo, como desde la década de los setenta vengo insistiendo, nos es más que un resabio obsoleto de lo que la historia se ha denominado el Césaropapismo que, en la práctica se convierte en un monopolio de la concepción de mundo católica. De manera particular, dicha concepción que las revoluciones liberales desde el siglo XVII consideraron con razón como un resabio medieval, daba a la Iglesia Católica el monopolio de la verdad, hasta el punto de que quien no la aceptaba, era considerado, no solo hereje (cosa que todas las organizaciones religiosas pueden hacer) sino como delincuente y, por ende, sometido a sanciones penales. Y es aquí donde en una sociedad pluralista como la que actualmente predomina en Occidente, tales concepciones no solo son obsoletas, sino violatorias a los derechos humanos.

Lo realmente significativo en nuestro caso, es que el propio papa en su discurso protocolario durante la presentación de cartas credenciales del nuevo embajador de Costa Rica ante el Estado Vaticano, aceptó que la Constitución costarricense sea modificada, por lo que sugirió que en su lugar se firme un concordato que rija las relaciones Iglesia/Estado. En consecuencia, pienso que el gobierno de Doña Laura debe mandar a la Asamblea Legislativa un proyecto de reforma constitucional que suprima o modifique sustancialmente el artículo 75 tendiente a afirmar el carácter laico del Estado costarricense y delimitar las fronteras entre las convicciones religiosas de los ciudadanos y la potestad del Estado a forjar políticas sobre todo en temas que han sido objeto de controversia, como lo que tiene que ver con la legalización de la fecundación in vitro, o las guías de educación sexual en los colegios. Igualmente habrá que regular la enseñanza de la educación religiosa en la educación pública, de modo que quienes profesan otros credos puedan hacerlo para sus creyentes pero con la debida acreditación del Ministerio de Educación para evitar que cualquier charlatán sea nombrado profesor. Por su parte, quienes no profesan ninguna religión deben recibir cursos de ética cívica. También considero de gran importancia, dada mi experiencia como Ministro de Cultura que fui, el que se regulen las relaciones entre dicho ministerio y la Iglesia en materia de conservación del patrimonio histórico y artístico. En la Sede la Unesco en París me decían que la Iglesia Católica es una de las instituciones que mas ha conservado dicho patrimonio en la cultura occidental.

Pero actualmente a la Iglesia se le hace muy difícil con sus propios recursos, invertir en mantener adecuadamente monumentos antiguos, por lo que el poder público (Estado central y municipalidades) debe hacerlo.

El discurso del papa abre puertas para revisar a fondo las relaciones entre Iglesia y Estado, de modo que se pongan al día ante una sociedad que evoluciona a pasos agigantados hacia una secularización que se ha convertido en una característica de nuestro tiempo. Para ello, habría que comenzar por nombrar una comisión compuesta por juristas, historiadores, teólogos y canonistas para revisar punto por punto aquellos temas en que las relaciones de ambas instituciones han sido objeto de fricción, de modo que la soberanía del Estado no choque con el derecho de todos los ciudadanos de profesar sus concepciones metafísicas según su conciencia y dentro del marco de la ley.