Choques legales tienen al país en jaque

Varias decisiones tomadas en los últimos meses por el Gobierno que dirige Luis Guillermo Solís podrían poner en jaque la seguridad jurídica de Costa Rica.

Por otro lado, los defensores del Gobierno insisten en que es cuestión de interpretación y no de ilegalidad.

En cuanto a la inseguridad jurídica, se ha levantado en los últimos días una polémica nacional, tras el fallo de anteayer de la Sala Constitucional, declarando la ilegalidad del procedimiento presupuestario, así como el cuestionamiento ante la misma corte del levantamiento del veto a la reforma laboral (ya declarada improcedente por la Procuraduría).

De seguir por esa senda, la competitividad del país podría verse afectada considerablemente, de acuerdo con varios empresarios, políticos y analistas.

“Los criterios legales contrarios al Gobierno, deben servirle al Presidente a encauzar su acción y a reconocer mejor el sistema de pesos y contrapesos del Estado”, dijo Rodolfo Piza, secretario del PUSC.

Otra medida sería la de conformar una agenda nacional, de modo que la Asamblea opere de forma más consensuada, propone Juan Luis Jiménez, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional.

El fallo de la Sala Constitucional sobre el tema del presupuesto le dio un jalón de orejas al Gobierno, a pesar de que los magistrados no invalidaron el plan de gastos, dado que ya está en ejecución.

También inquietan a los sectores la supuesta ilegalidad de otros actos, como la eliminación del veto de una mandataria anterior, en este caso sobre la titularidad de la calle 13 bis a los artesanos, y el mantenimiento de Melvin Jiménez como ministro de la Presidencia, sin importar su condición de obispo luterano.

Mientras tanto, los defensores del Gobierno insisten que la seguridad jurídica nacional no está en peligro.

Debemos esperar la sentencia integral de la Corte Suprema, antes de llegar a conclusiones definitivas, dijo Henry Mora, presidente de la Asamblea.

No se trata de una ilegalidad de parte del Gobierno, sino una cuestión de interpretación, según Fiorela Bulgarelli, directora ejecutiva de Cadexco.

“Don Luis no acomoda la ley a su conveniencia, el mandatario trata de cumplir con sus compromisos políticos y dirigir el país”, aseguró Bulgarelli.l desarrollo del país.

Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net
@earrietaLR