Plan fiscal aumentaría anualidad en Gobierno central
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En vez de bajar el costo de las anualidades para reducir el déficit fiscal, el gobierno propuso a los diputados aumentar ese incentivo en el Gobierno central.


Y es que en el nuevo proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas que presentó la administración de Luis Guillermo Solís al Congreso a finales de la semana pasada, se establece que la compensación por ese plus pasaría del 1,94% al 2,54%.


En contraposición, el incentivo tendría una baja significativa en instituciones autónomas como Japdeva, Recope e INS, entre otras, además de las municipalidades que hoy día disfrutan de este plus con un porcentaje que varía desde el 2% al 7% en algunas ocasiones.

No obstante, como estas últimas dependencias públicas no se financian con presupuesto público, el recorte tendría un impacto contrario en la contención del déficit fiscal que hoy se estima en un 6,2% del Producto Interno Bruto (PIB).


La medida sí rebajaría el gasto en las universidades y otras instituciones como el PANI que son autónomas y se nutren del presupuesto nacional, pero en comparación con el resto del Gobierno central, su impacto no sería significativo.


“Hemos alertado de este tema y por eso hemos planteado una moción para que el porcentaje de la anualidad se mantenga en el Gobierno central y no que suba, porque en efecto habría un contrasentido”, dijo Otto Guevara, legislador del Movimiento Libertario.


El cambio que sí podría rendir frutos en el régimen de las anualidades, está relacionado con una nueva metodología para medir el desempeño de los burócratas.

Y es que actualmente el plus se paga prácticamente de manera automática a los funcionarios que obtienen una calificación de “bueno” para arriba, mientras que el proyecto que mandó el Ejecutivo propone que solo aquellos trabajadores que sean considerados “muy buenos” o “excelentes”, tendrían acceso a la bonificación.


Sin embargo, hay diputados como Ottón Solís, del PAC, y el mismo Guevara, que quieren limitarlo únicamente a los trabajadores excepcionales, con el objetivo de incentivar al sector público a brindar un mejor servicio a la ciudadanía.


“Uno de los temas que tienen que revisarse está relacionado con el porcentaje de la anualidad que recibirán los empleados públicos, además del mecanismo que se utilizará para calificar a los trabajadores

de ahora en adelante, ya que queremos evitar que sea un incentivo automático”, dijo Johnny Leiva, diputado del PUSC.


Otro cambio que incluye la ley es la fijación de un tope salarial para el sector público, el cual sería de unos ¢6,5 millones al mes, lo que equivaldría a 25 salarios base de la categoría más baja de la escala de sueldos de la administración pública.


El tope aplicaría para el presidente, ministros, diputados, presidentes de instituciones autónomas, magistrados y otros altos jerarcas.

No obstante, aquellos funcionarios que hoy día están por encima de ese monto, sí mantendrían sus privilegios, ya que ninguna ley puede ser “retroactiva”, aunque por concepto de inflación no podrían seguir incrementando su sueldo.

La propuesta de recorte del gasto que planteó el gobierno y que ya estudian los diputados no es vista con buenos ojos por el sector empresarial, al considerar que es insuficiente y por ello, presentaron un nuevo texto de trabajo a los diputados.


Sin embargo, no está claro si los legisladores asumirán ese texto para trabajo.


Por otra parte, el sector sindical mostró su molestia por lo que considera una avanzada neoliberal por parte de los partidos políticos y el gobierno.

Incluso, están dispuestos a organizar protestas de ser necesario.


“Hace más de 20 años que los sindicatos no estábamos tan unidos como hoy. El déficit fiscal no se resuelve golpeando a la clase trabajadora. Este país no puede ser más desigual de lo que ya es y no se puede seguir castigando más a la clase trabajadora, por un déficit fiscal del cual no somos responsables”, dijo Albino Vargas, secretario de Patria Justa.



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