El Ejecutivo y su fracción legislativa pretenden destinar ¢3.600 millones para financiar sus programas clientelares. La mayor parte quedará en manos de Dinadeco para ser “invertido” de forma discrecional, sin fiscalización

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2013: un presupuesto clientelar

El presupuesto de la República para 2013, aprobado por el Partido Liberación Nacional (PLN) y sus aliados, es una programación de gastos clientelar y electorera, que incumple, los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo. Tiene, además, debilidades en la formulación de objetivos, indicadores y metas, lo que impide una correcta liquidación y rendición de cuentas.
El país debe saberlo.
A pesar de los oportunos señalamientos hechos por el Partido Acción Ciudadana (PAC), con fundamento en el criterio técnico emitido por órganos como la Contraloría General de la República (CGR), el plan de gastos fue aprobado con 29 votos del PLN y de los partidos Accesibilidad Sin Exclusión, Renovación Costarricense y Restauración Nacional.
Días antes, varias y varios diputados presentamos una consulta facultativa ante la Sala Constitucional. Los magistrados, en forma unánime, declararon inconstitucional la partida presupuestaria 70104 280 2310 3210 650, por la suma de ¢3.600 millones. La asignación, concluyeron los magistrados, “viola el principio de especialidad presupuestaria. Este principio es el que vincula al legislador a señalar, en forma concreta, cuál es el destino de una partida presupuestaria. No puede ser general ni global, como sucede en este caso”.
El Plenario Legislativo fue notificado en tiempo para subsanar los errores, pero el oficialismo y sus aliados desoyeron los llamados del PAC e hicieron caso omiso de la advertencia de la Sala Constitucional.
El Poder Ejecutivo y su fracción legislativa pretenden destinar ¢3.600 millones para financiar sus programas clientelares. Los recursos no se distribuirían considerando las necesidades geográficas o económicas de las comunidades, sino siguiendo criterios políticos para elevar la imagen e impulsar a los candidatos de turno.
Desde noviembre, presenté dos mociones en la Comisión de Hacendarios con el objetivo de corregir los errores ratificados por los magistrados. En una, solicité que se respetara la asignación de recursos que establece el artículo 19 de la Ley 3859 (50% para las asociaciones de desarrollo, de manera directa, y 50% para los proyectos que administra Dinadeco). En otra, abogué por transparencia, por exigir a Dinadeco presentar informes anualizados a las comisiones de Hacendarios.
Ambas mociones fueron rechazadas. ¿Cuál es, entonces, la lógica que aplica el Gobierno de la República para distribuir los recursos públicos? El clientelismo y la politiquería. Las Asociaciones de Desarrollo solo recibirán un 22% del presupuesto que les corresponde por ley. El 78% restante, quedará en manos de Dinadeco para ser “invertido” de forma discrecional y sin ningún tipo de control o fiscalización. Contra ese desorden clientelista nos pronunciamos en el PAC; contra el mal gobierno se pronunció la Sala Constitucional.
Queda claro que el presupuesto de la República para 2013 responde a un solo objetivo: financiar al oficialismo durante el año preelectoral. A las partidas declaradas inconstitucionales se suman otras asignaciones, a las que denominamos gastos superfluos, que aumentan de manera exponencial. Por ejemplo, la partida para alimentos y bebidas de la Cancillería pasa de ¢8,7 millones (2012) a ¢150 millones (2013). El aumento es de 1.800%.
A poco más de un año para las elecciones nacionales, el PLN se prepara para engrasar su maquinaria electoral, alimentar el clientelismo y la politiquería. Todo, con recursos públicos.

Yolanda Acuña Castro
Diputada, jefa de fracción PAC
yolandaac17@hotmail.com