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El inicio del curso lectivo no es solo un acontecimiento cíclico de nuestra sociedad, es la renovación de un compromiso nacional con el futuro del país. Mientras padres de familia y educandos se preparan para el día en que entran a clases, más de 88 mil personas trabajadoras del sistema educativo ya estaban semanas atrás propiciando que ese día todo esté dispuesto para iniciar el período lectivo y con ello, el país ponga en marcha su mayor política pública: la educación.
Sin embargo, la calidad educativa no comienza en un discurso de apertura, comienza en las condiciones en que enseña quien educa. Dignificar al trabajador y la trabajadora de la educación no es un reclamo sectorial: es una estrategia de desarrollo social, económico y de desarrollo.
El reconocimiento del costo de vida es un punto crítico si se quiere desarrollar esa estrategia. En los últimos años, miles de personas educadoras activas han enfrentado el aumento sostenido del costo de vida, al igual que las más de 30 mil personas pensionadas del Magisterio Nacional que acumulan ya cinco años sin ajustes, con una pérdida aproximada del 10% en su poder adquisitivo. No se trata solo de números: se trata de coherencia en la política pública y respeto a derechos humanos. Un país que exige excelencia en el aula debe garantizar estabilidad fuera de ella.
La infraestructura educativa es otro reflejo de esa coherencia que se debe demostrar. Aunque el Ministerio de Educación Pública reporta cientos de obras ejecutadas y proyectos en marcha, persisten centros con necesidades urgentes. Las condiciones físicas no son un lujo: inciden en la concentración, la motivación y la seguridad del estudiantado. Enseñar bajo techos deteriorados o en espacios inadecuados envía un mensaje contradictorio sobre el valor que se le otorga a la educación.
A ello también se suma una dimensión cada vez más visible: la salud mental del personal educativo. La sobrecarga administrativa, las brechas de aprendizaje y la complejidad social que llega a las aulas han incrementado el desgaste profesional. El agotamiento no puede normalizarse. El aprendizaje ocurre en un vínculo humano, y ese vínculo requiere equilibrio, respaldo y acompañamiento institucional. Cuidar a quien enseña es proteger la experiencia educativa del estudiante, por eso resulta muy destacable el anuncio del señor Ministro de Educacion con respecto a la disminución del número de estudiantes en cada aula, lo que sin duda se verá reflejado en una mejor atención educativa de nuestros estudiantes.
Para 2026, el presupuesto del Ministerio de Educación Pública supera los 2,7 billones de colones. No obstante, el país continúa por debajo de la meta constitucional del 8% del PIB para educación, rondando cerca del 5% en los últimos años. Más que una discusión técnica, esto es una definición política. La educación no puede depender de coyunturas políticas - electorales; debe ser una prioridad sostenida y ejecutada con responsabilidad y el respaldo a nuestro pacto social.
En este contexto, el compromiso de girar oportunamente los recursos y garantizar su uso eficiente es una responsabilidad ineludible para las autoridades electas. La estabilidad del sistema educativo no puede quedar sujeta a retrasos, incertidumbre o ajustes improvisados.
El regreso a clases es, en esencia, una oportunidad para ordenar prioridades. Reconocer el costo de vida, mejorar la infraestructura, atender la salud mental y asegurar el financiamiento oportuno no son medidas aisladas; forman parte de una misma visión de país.
Costa Rica ha forjado su identidad sobre la educación. Dignificar a quien educa es dignificar la experiencia del estudiante y fortalecer el desarrollo nacional. La pregunta no es si podemos hacerlo; la pregunta es si estamos dispuestos a asumir, con coherencia, la decisión política que el momento exige.
Por Carlos Arias, director ejecutivo JUPEMA
