Usura sin límites: la verdadera causa de la exclusión

Se ha repetido hasta el cansancio una consigna sin pruebas: que la Ley contra la Usura fomentó los préstamos “gota a gota” y provocó exclusión financiera. No es cierto. No hay una sola evidencia seria que respalde esa afirmación. Lo que sí hay son datos oficiales que muestran exactamente lo contrario. Cuando los hechos hablan, las consignas se derrumban.

La narrativa de que la Ley contra la Usura generó el “gota a gota” es una coartada. Los datos muestran crecimiento del crédito. Muestran reducción de procesos judiciales. Muestran límites razonables frente a un pasado de tasas descontroladas. La evidencia es clara; lo demás es interés.

Durante la vigencia de la ley Contra la Usura, el crédito total no se contrajo: creció. Las estadísticas del Banco Central evidencian que entre 2019 y 2025 el crédito de consumo aumentó en la misma proporción que el crédito total al sector privado: un 23%. Crecieron los préstamos de consumo, las tarjetas y el crédito comercial. Si la ley hubiera expulsado masivamente a las personas del sistema financiero, esas cifras simplemente no existirían. Los números no mienten; desmienten.

Algunos han intentado atribuir la caída en el número de tarjetas de crédito en 2020 a la entrada en vigencia de la ley en junio de ese año. Esa explicación ignora deliberadamente un hecho histórico: la pandemia del COVID-19. En 2020 más de 500.000 personas perdieron su empleo y miles de pequeñas y medianas empresas se quedaron sin ingresos. Cuando la gente perdió su trabajo y su capacidad de pago, las entidades financieras redujeron las líneas de crédito. Eso fue lo que ocurrió. No fue la ley; fue la crisis económica más severa de las últimas décadas. Confundir una pandemia global con una reforma legal es faltar a la verdad.

De hecho, ese mismo año aumentó la emisión de tarjetas de débito y mejoraron las condiciones para los deudores. Es decir, el sistema financiero se ajustó a una emergencia sanitaria y económica global, no a un tope de tasas. La realidad fue económica; no fue jurídica.

Antes de 2020, el verdadero problema era otro: la irresponsabilidad en el otorgamiento de crédito a tasas desproporcionadamente altas. Tasas que podían llegar hasta el 240% anual eran legales. Tasas del 120% eran consideradas “normales”. El resultado fue devastador: 856.000 costarricenses terminaron en cobro judicial. Eso significa ruina financiera y exclusión automática del crédito formal. La verdadera exclusión no la creó la ley; la había creado el abuso anterior a esta.

Desde la entrada en vigencia de la ley, la cifra de personas con procesos de cobro judicial ha disminuido en 140.000, según datos del Poder Judicial al 2024. Ese dato no es retórico: es evidencia de que el sistema dejó de empujar a miles de personas al abismo del sobreendeudamiento. En Costa Rica, lo verdaderamente necesario no es subir los techos de usura, sino bajarlos, porque aún están demasiado altos para una economía que necesita crédito justo, no castigo financiero.

Hoy las tasas siguen siendo altas, pero tienen un límite: alrededor del 51%. ¿Es bajo? No. ¿Es razonable comparado con el pasado? Sin duda. Japón tiene un tope del 20%. Corea del Sur, 20%. España, 22%. Incluso en Estados Unidos, el presidente Trump ha calificado de estafas tasas del 20% o 30% en tarjetas y propone establecerlas al 10%. Pretender que Costa Rica vuelva a tasas del 60%, 90% o más solo es una ilusión peligrosa de quiénes sueñan con volver a legalizar la usura. Legalizar el exceso no es inclusión; es institucionalizar el abuso.

Los préstamos “gota a gota” no nacieron con la ley. Han existido siempre. La diferencia es que antes no podían perseguirse con claridad penal porque no existía un límite legal definido. Hoy, cobrar por encima del tope es delito. La ley no creó el problema; lo tipificó y dio herramientas para combatirlo. Sin límites, no hay justicia; solo impunidad.

Quienes hoy proponen subir nuevamente las tasas bajo el argumento de “inclusión financiera” en realidad buscan ampliar el margen para cobrar intereses desproporcionados. Eso no es inclusión. Es abrir la puerta para que, bajo apariencia de legalidad, se repitan historias de familias que pierden su vivienda por deudas que son una fracción del valor real de sus casas a manos de usureros. El abuso no puede socializarse para privatizar ganancias abusivas.

La realidad es simple y contundente: la Ley contra la Usura no excluyó; protegió. No fomentó el delito; lo hizo perseguible. No cerró el crédito; cerró la puerta al abuso extremo. Defender límites no es radicalismo: es sentido común.

Welmer Ramos González

Economista