Uribe y Corte Suprema profundizan enfrentamiento
| Miércoles 10 octubre, 2007
Uribe y Corte Suprema profundizan enfrentamiento
Ejecutivo colombiano denunció que juez intento implicar al gobernante en un plan criminal con paramilitares
Bogotá
EFE
Álvaro Uribe, presidente colombiano, y la Corte Suprema de Justicia cruzaron ayer nuevas recriminaciones después de que el Ejecutivo denunciase que un juez intentó implicar al gobernante en un plan criminal con paramilitares.
En una maratoniana jornada de entrevistas con varias radios y declaraciones a la prensa acreditada en la Casa de Nariño, la sede presidencial en Bogotá, el jefe del Estado insistió en dar más credibilidad a la carta del paramilitar preso que está en el centro de la polémica que a los desmentidos de la Corte.
“Estoy en el derecho y en el deber de pedir esa investigación”, dijo Uribe al defender el contenido del comunicado que divulgó el lunes por la noche para pedir que se haga “absoluta claridad de las circunstancias que han rodeado este episodio”.
En la nota, Uribe dijo que el paramilitar José Orlando Moncada Zapata (alias “Tasmania”) le escribió para advertirle de que un magistrado auxiliar de la CSJ y algunos funcionarios de la fiscalía le habían ofrecido beneficios judiciales a cambio de que lo vincularan a él y a otros ciudadanos, como inductores, de un atentado al ultraderechista Alcides de Jesús Durango (“René”).
Según “Tasmania”, que está preso cerca de Medellín, la oferta se la hizo Iván Velásquez, coordinador del equipo de investigadores del llamado escándalo de la “parapolítica”, por los nexos de congresistas y funcionarios con la disuelta organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Velásquez no sólo ha desmentido la versión de “Tasmania”, al insistir en que el nombre de Uribe no se mencionó en la diligencia, sino que ha denunciado que desde hace poco está sometido a “extraños seguimientos” por, al parecer, agentes de organismos de seguridad.
El pasado martes, antes de recibir la carta del preso, Uribe había llamado por teléfono a este magistrado para preguntarle sobre los hechos, como lo han reconocido ambos por separado.
Para la Corte Suprema de Justicia (CSJ), esa llamada fue una “obstrucción” a la justicia por parte del Ejecutivo.
Uribe “está interfiriendo con la administración de justicia y con los actos de independencia que nosotros, de manera cabal, ejercemos”, dijo ayer el presidente de la CSJ, César Julio Copete, antes de reunirse en sesión extraordinaria con los otros 22 magistrados del alto tribunal para analizar esta crisis.
“Es inadmisible”, agregó Valencia.
El portavoz del Supremo anticipó que Velásquez viajó a Medellín para “practicar una prueba” relacionada con el proceso de la “parapolítica”, con la que la CSJ ha vinculado a 40 congresistas, la mayoría de ellos de formaciones afines al presidente Uribe.
En la diligencia con Moncada “para nada se mencionó al señor presidente de la República”, agregó Valencia, con quien también coincidió la letrada Ana Elena Gutiérrez, del equipo de la fiscalía en Medellín.
La funcionaria acompañó a Velásquez y a la también magistrada auxiliar Luz Adriana Camargo en la diligencia con “Tasmania”, que fue realizada el pasado 21 de septiembre, según la directora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, estatal), María del Pilar Hurtado.
La fiscal Gutiérrez subrayó a la prensa que sabe que el paramilitar “está mintiendo” y confirmó que, en la vista judicial, “para nada se tocó al señor presidente de la República”.
A pesar de todos los desmentidos, Uribe consideró que una de las maneras de defensa que tiene es la de “pedir a tiempo una investigación para desvirtuar cualquier infundio que pueda prosperar”.
“Como el gobierno tiene que ser transparente, tampoco debe quedar sombra sobre la justicia”, apuntó el jefe del Estado, quien se ha apoyado en el desmonte del paramilitarismo para disipar las dudas sobre sus supuestos vínculos del pasado con la ultraderecha, en los que insisten las formaciones políticas que se le oponen.
Uribe mantuvo de finales de 2002 a mediados de 2006 un proceso de paz con las AUC que derivó en la desmovilización de más de 31 mil paramilitares.
Ejecutivo colombiano denunció que juez intento implicar al gobernante en un plan criminal con paramilitares
Bogotá
EFE
Álvaro Uribe, presidente colombiano, y la Corte Suprema de Justicia cruzaron ayer nuevas recriminaciones después de que el Ejecutivo denunciase que un juez intentó implicar al gobernante en un plan criminal con paramilitares.
En una maratoniana jornada de entrevistas con varias radios y declaraciones a la prensa acreditada en la Casa de Nariño, la sede presidencial en Bogotá, el jefe del Estado insistió en dar más credibilidad a la carta del paramilitar preso que está en el centro de la polémica que a los desmentidos de la Corte.
“Estoy en el derecho y en el deber de pedir esa investigación”, dijo Uribe al defender el contenido del comunicado que divulgó el lunes por la noche para pedir que se haga “absoluta claridad de las circunstancias que han rodeado este episodio”.
En la nota, Uribe dijo que el paramilitar José Orlando Moncada Zapata (alias “Tasmania”) le escribió para advertirle de que un magistrado auxiliar de la CSJ y algunos funcionarios de la fiscalía le habían ofrecido beneficios judiciales a cambio de que lo vincularan a él y a otros ciudadanos, como inductores, de un atentado al ultraderechista Alcides de Jesús Durango (“René”).
Según “Tasmania”, que está preso cerca de Medellín, la oferta se la hizo Iván Velásquez, coordinador del equipo de investigadores del llamado escándalo de la “parapolítica”, por los nexos de congresistas y funcionarios con la disuelta organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Velásquez no sólo ha desmentido la versión de “Tasmania”, al insistir en que el nombre de Uribe no se mencionó en la diligencia, sino que ha denunciado que desde hace poco está sometido a “extraños seguimientos” por, al parecer, agentes de organismos de seguridad.
El pasado martes, antes de recibir la carta del preso, Uribe había llamado por teléfono a este magistrado para preguntarle sobre los hechos, como lo han reconocido ambos por separado.
Para la Corte Suprema de Justicia (CSJ), esa llamada fue una “obstrucción” a la justicia por parte del Ejecutivo.
Uribe “está interfiriendo con la administración de justicia y con los actos de independencia que nosotros, de manera cabal, ejercemos”, dijo ayer el presidente de la CSJ, César Julio Copete, antes de reunirse en sesión extraordinaria con los otros 22 magistrados del alto tribunal para analizar esta crisis.
“Es inadmisible”, agregó Valencia.
El portavoz del Supremo anticipó que Velásquez viajó a Medellín para “practicar una prueba” relacionada con el proceso de la “parapolítica”, con la que la CSJ ha vinculado a 40 congresistas, la mayoría de ellos de formaciones afines al presidente Uribe.
En la diligencia con Moncada “para nada se mencionó al señor presidente de la República”, agregó Valencia, con quien también coincidió la letrada Ana Elena Gutiérrez, del equipo de la fiscalía en Medellín.
La funcionaria acompañó a Velásquez y a la también magistrada auxiliar Luz Adriana Camargo en la diligencia con “Tasmania”, que fue realizada el pasado 21 de septiembre, según la directora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, estatal), María del Pilar Hurtado.
La fiscal Gutiérrez subrayó a la prensa que sabe que el paramilitar “está mintiendo” y confirmó que, en la vista judicial, “para nada se tocó al señor presidente de la República”.
A pesar de todos los desmentidos, Uribe consideró que una de las maneras de defensa que tiene es la de “pedir a tiempo una investigación para desvirtuar cualquier infundio que pueda prosperar”.
“Como el gobierno tiene que ser transparente, tampoco debe quedar sombra sobre la justicia”, apuntó el jefe del Estado, quien se ha apoyado en el desmonte del paramilitarismo para disipar las dudas sobre sus supuestos vínculos del pasado con la ultraderecha, en los que insisten las formaciones políticas que se le oponen.
Uribe mantuvo de finales de 2002 a mediados de 2006 un proceso de paz con las AUC que derivó en la desmovilización de más de 31 mil paramilitares.