Trato Extranjero

José Pablo Rodríguez

Analista

Estoy convencido de que en Costa Rica las empresas nacionales fuera del Régimen de Zona Franca (RZF) son, si acaso, “ciudadanos corporativos” de tercera categoría. No disfrutan ni de cerca los beneficios que reciben las empresas extranjeras que se instalan bajo dicho régimen. Y lo curioso de todo esto es que las multinacionales que llegan a operar bajo el RZF —que, por cierto, son muy importantes y bienvenidas— generan un estimado del 15% del empleo nacional. El resto, el 85%, lo genera el parque empresarial local. En resumen, los que más empleo generan, tienen menos ventajas y son los que terminan, de alguna forma, subvencionando el sistema. Es una desigualdad escrita en letra clara dentro de nuestro ordenamiento jurídico.

Recuerdo que cuando trabajé en PROCOMER, institución encargada de administrar el régimen, a veces bromeaba con colegas diciendo que las empresas nacionales deberían empezar a pedirle al gobierno “Trato Extranjero”. Lo decía bromeando, pero también con algo de frustración, porque es evidente que el sistema favorece con creces a los que vienen de afuera. Tomaba prestado ese concepto del “Trato Nacional”, que es un principio básico en comercio internacional. Garantizar que el capital y los productos extranjeros no sean tratados en condiciones desventajosas frente a los nacionales. Pero aquí pasa lo impensable. En Costa Rica, a los de afuera se les trata mejor que a los de casa.

Lo que ha terminado ocurriendo es que tenemos dos Costa Ricas. En una viven las empresas privilegiadas por el régimen, con beneficios fiscales, trámites más ágiles y condiciones muy competitivas. En la otra, están la mayoría de nuestras empresas, que emplean a decenas de miles de personas y enfrentan una realidad mucho más dura. Impuestos altos, trámites engorrosos y pocas facilidades para crecer. Lo más preocupante es que si algún día se decidiera eliminar los beneficios al RZF para igualar las condiciones, muchos de esos capitales globales podrían decidir simplemente irse. ¿Y quién se queda? Las mismas de siempre, luchando cuesta arriba.

No se trata de criticar lo que se ha hecho bien. El RZF ha sido, sin duda, un caso de éxito y un pilar de desarrollo. Pero tal vez ya es hora de pensar en cómo extender ese éxito incuestionable al resto del país. PROCOMER en su estudio “Zona Franca: un motor de competitividad y crecimiento económico en Costa Rica 2019-2023”, indica que por cada $1 exonerado, el país recibe $2.8 en beneficios netos. La pregunta obligada sería entonces ¿Y si Costa Rica se convirtiera en una Gran Zona Franca? ¿Un país donde todas las empresas, sin importar de dónde vengan, puedan operar en condiciones de justas, simples y competitivas?

No es una idea descabellada. En Singapur, por ejemplo, una de las economías más competitivas del mundo, la tasa de impuesto corporativo es del 17%, pero gracias a incentivos muy bien diseñados, muchas empresas locales pagan mucho menos. En Hong Kong, todas las empresas tributan lo mismo: un flat tax del 16.5% y de base territorial. En Irlanda, el famoso 12.5% aplica para todos, sin distinción. Y en Estonia, no se paga impuesto sobre utilidades mientras no se repartan dividendos. Son modelos que han demostrado funcionar y que equilibran bien la atracción de inversión extranjera con el crecimiento del tejido empresarial local.

Acá, lo más probable es que el Ministerio de Hacienda rechace una propuesta así de entrada. Perderían a su contribuyente cautivo, las empresas nacionales, que no pueden moverse con la facilidad de los capitales globales. Pero vale la pena hacerse la pregunta ¿y si cobramos lo mismo a todos, de forma justa y simple? Un flat tax razonable permitiría que quienes hoy contribuyen poco, al menos aporten algo. Y quienes hoy están casi ahogados por la carga fiscal, tendrían espacio para respirar y crecer. Eso, a mediano plazo, puede hacer que crezca el pastel. Más empresas compitiendo, más empleo, más inversión local, más recaudación sin tener que exprimir a los locales. Es romper con esa lógica extractiva de castigo al pequeño que tiene movilidad limitada y recompensa a los grandes capitales que siempre pueden levantar anclas y zarpar donde mejor les caliente el sol.

También abriría la puerta a miles de costarricenses que quieren emprender, pero hoy lo ven imposible. Si cambiamos el entorno, si facilitamos los trámites, si bajamos la presión fiscal, más personas se animarían a iniciar proyectos propios. Y quizá, solo quizá, eso ayudaría también a equilibrar el tamaño del Estado: si emprender deja de ser una carrera cuesta arriba, más personas optarán por generar impacto desde lo privado.

Costa Rica es un país pequeño, pero con un potencial enorme. Nuestra legislación, en cambio, se ha vuelto enredada, desigual y poco amigable con quienes quieren producir. Somos un gran ejemplo en atracción de inversión extranjera, pero aún estamos en deuda con nuestras propias empresas. Ojalá algún día logremos construir un sistema donde no importe si el capital viene de Mountain View o de San Ramón. Donde todos puedan competir en condiciones de igualdad, sin trabas ni castigos, ni discriminaciones odiosas. Porque al final del día, la verdadera competitividad no está solo en atraer capitales foráneos, sino en liberar la capacidad de creación que ya existe dentro y que claramente los está atrayendo.