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Msc. Jorge Acuña Prado
Maestría en Gerencia de Proyectos.
Licenciado en Comercio Exterior y Administración.
Estudios en sistemas de desarrollo económico (MASHAV, Israel).
Costa Rica vive un punto de inflexión. Mientras la inseguridad golpea nuestras comunidades y el crimen organizado amenaza la convivencia social, la ciudadanía exige algo más que discursos: exige liderazgo, decisión y resultados. En este contexto, contar con un plan de gobierno claro, realista y técnicamente sustentado, es fundamental para orientar las decisiones del Estado hacia el bienestar común.
Los desafíos en materia de estabilidad económica y cohesión social exigen más que discursos. Es por eso, que la propuesta de Laura Fernández Delgado, contenida en su plan “Por un país seguro, próspero e innovador”, representa una hoja de ruta seria para reconstruir la confianza ciudadana y devolverle al país la capacidad de crecer con orden y justicia.
El Plan de Gobierno de Laura Fernández plantea una ruta clara y valiente para recuperar el control del territorio y restablecer la paz ciudadana. Lo hace sin ambigüedades, con medidas estructurales que van desde la profesionalización policial y la creación del Centro Nacional de Inteligencia y Control (C7i) hasta la reforma judicial para acabar con la impunidad y fortalecer la justicia efectiva. La seguridad ocupa un lugar central dentro del plan de gobierno, reconociendo que los problemas actuales son consecuencia de muchos años de descuido, corrupción y falta de acción.
Uno de los aspectos más discutidos y valientes es su propuesta de permitir la restricción temporal de ciertas garantías individuales en zonas de alta concentración delictiva o de grave conmoción interna, una medida excepcional pero legítima, que reafirma el principio fundamental de todo Estado: la seguridad de la mayoría debe prevalecer frente a la impunidad de unos pocos.
No se trata de debilitar los derechos humanos, sino de proteger el derecho más esencial de toda sociedad: el derecho a vivir sin miedo. Proteger los derechos de la gente buena, de las familias que trabajan, estudian y construyen este país, exige ser rigurosos y firmes contra quienes violentan y transgreden los límites de la ley.
Durante años, algunos han confundido la defensa de los derechos humanos con la defensa de los delincuentes, olvidando que cada víctima también tiene derechos que merecen respeto y protección. No podemos seguir permitiendo que el temor o el discurso políticamente correcto paralicen al Estado. La autoridad, cuando se ejerce con justicia y firmeza, también es un acto de valentía.
En mi experiencia, he visto cómo las comunidades se paralizan cuando el crimen avanza más rápido que la justicia. Y cuando eso ocurre, no solo se pierde la tranquilidad: se erosiona la fe en la democracia. Si el Estado no actúa con determinación, la delincuencia se convierte en poder y la gente buena queda desamparada.
La propuesta de Laura Fernández entiende esa realidad. Plantea un modelo de seguridad moderno, con inteligencia, tecnología y cooperación internacional, pero también con el coraje político de tomar decisiones que muchos evaden: recuperar la autoridad del Estado, restablecer el orden y garantizar que en Costa Rica el bien vuelva a imponerse sobre el mal.
Laura Fernández entiende que el orden y la libertad no son opuestos: son complementarios. Solo con orden habrá libertad real, y solo con autoridad habrá justicia verdadera.
Su visión no teme asumir decisiones difíciles, y eso en la Costa Rica de hoy es el signo más claro de liderazgo.
