Redes criminales podrían aprovechar nueva ley sobre estafas electrónicas, según Elizabeth Morales de Coopecaja

Costa Rica podría enfrentar un incremento del fenómeno de los préstamos “gota a gota” a raíz de la nueva legislación que obligaría a las entidades financieras a reponer a sus clientes lo robado por medio de una estafa electrónica, según Elizabeth Morales, subgerente de Coopecaja.

Morales advierte que los cambios en el esquema de responsabilidad podrían generar intentos de abuso o reclamaciones fraudulentas, por lo que considera indispensable fortalecer los procesos de investigación y la coordinación con autoridades.

La nueva ley ya fue aprobada en primer debate y aún debe ser validada por los diputados en una votación adicional; en esencia, los bancos públicos y privados, y otras entidades financieras como cooperativas y mutuales, deberán asumir la responsabilidad y devolver el dinero a los usuarios que sean víctimas de estafas electrónicas, siempre que se confirme que el titular de la cuenta no actuó con dolo, incurrió en error ni realizó acciones que facilitaran la sustracción de los fondos.

En términos generales, ¿qué opina de la nueva legislación?

En Coopecaja vemos de forma positiva toda iniciativa que fortalezca la protección del usuario financiero y refuerce la confianza en los servicios digitales. Consideramos importante que la aplicación de la norma mantenga un equilibrio técnico, permitiendo determinar con claridad cuándo existe responsabilidad de la entidad y cuándo se trata de actuaciones dolosas o negligentes ajenas a esta.

¿Existe el riesgo de un mayor crecimiento de estafas electrónicas y autoestafas?

Existe el riesgo de que cambios en el esquema de responsabilidad generen intentos de abuso por parte de redes criminales o reclamaciones fraudulentas. Por eso será fundamental contar con procesos de investigación sólidos y criterios claros que eviten distorsiones y protejan tanto al usuario como a la estabilidad del sistema.

¿Están los bancos preparados para asumir la carga de la prueba y realizar investigaciones sólidas en un plazo máximo de 120 días?

El sector financiero ha fortalecido sus capacidades en gestión de riesgo y ciberseguridad; sin embargo, la nueva disposición implicará ajustes operativos y tecnológicos adicionales. El plazo de 120 días es viable siempre que existan estándares probatorios claros y coordinación efectiva con las autoridades competentes.

¿Cómo evitar que esta nueva responsabilidad se traduzca en mayores comisiones o restricciones, especialmente para clientes de menor perfil financiero?

El compromiso de las entidades financieras debe ser procurar que la protección al usuario no se convierta en una barrera de acceso a servicios financieros digitales.

Para lograrlo, será clave:

• Fortalecer la gestión de riesgos con herramientas tecnológicas más sofisticadas que permitan segmentar adecuadamente los riesgos.

• Implementar autenticación robusta y monitoreo en tiempo real sin afectar la experiencia del cliente.

• Promover educación financiera constante, especialmente en segmentos más vulnerables.

• Impulsar mesas de trabajo sectoriales para compartir mejores prácticas y reducir costos estructurales a través de cooperación.

El reto está en equilibrar inclusión financiera, seguridad y sostenibilidad.

Ante el crecimiento de las estafas electrónicas, ¿qué inversiones concretas están dispuestos a asumir los bancos?

La respuesta al fraude no puede limitarse a la compensación posterior; debe enfocarse en la prevención. En ese sentido, las entidades financieras deben continuar invirtiendo en:

• Sistemas avanzados de monitoreo transaccional con inteligencia artificial.

• Autenticación multifactor y biometría.

• Protocolos de análisis forense digital.

• Capacitación continua del personal en detección de fraude.

• Campañas permanentes de educación financiera para los asociados y clientes.

• Canales ágiles de reporte y bloqueo inmediato ante sospechas de fraude.

En el caso de Coopecaja, nuestra prioridad es proteger el patrimonio de los asociados, lo cual implica una combinación de tecnología, educación y cultura de prevención.