Rector de la UCR es denunciado ante la fiscalía por presuntas irregularidades salariales
Funcionario validó alza para 22 puestos de confianza para percibir salarios de hasta ¢4 millones
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Carlos Araya Leandro, rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), enfrenta una denuncia ante el Ministerio Público por presuntas irregularidades relacionadas con la gestión salarial dentro de la institución.
La acusación fue presentada por David Fallas, exdirector de la Oficina Jurídica de la UCR, quien solicita que se investigue a Araya y a varios miembros actuales y pasados del Consejo Universitario (CU).
Según el documento, dirigido al fiscal general Carlo Díaz, los señalados habrían aprobado el Régimen Salarial Académico (RSA) sin contar con estudios técnicos que garantizaran su sostenibilidad financiera.
Entre los mencionados figuran los consejeros Eduardo Calderón, Jaime Caravaca y Patricia Fumero —esta última también directora del CU—, así como los exconsejeros Germán Vidaurre, Carmela Velásquez, Natasha García y Valeria Bolaños.
Fallas sostiene que, de comprobarse los hechos, los implicados podrían haber incurrido en delitos como legislación en provecho propio, tráfico de influencias, reconocimiento ilegal de beneficios laborales e influencia contra la Hacienda Pública, todos contemplados en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
En su denuncia, Fallas también hace referencia a dos resoluciones emitidas este año por Araya. La primera, presuntamente permite que funcionarios sean trasladados al RSA sin cumplir con las condiciones establecidas por la Ley Marco de Empleo Público, lo que, a criterio del denunciante, podría constituir el delito de prevaricato.
La segunda, la autorizaba un aumento salarial para 22 puestos administrativos de confianza nombrados por el rector, sin respaldo técnico. Esta resolución fue revocada por Araya tras recibir críticas internas y presión pública.
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El denunciante asegura que existe evidencia que sugiere que el reglamento salarial pudo haber sido aprobado para facilitar la elección de Araya como rector y beneficiar a quienes lo apoyaron en dicha votación.
Hasta el momento, la administración de Araya no ha emitido una declaración oficial sobre las acusaciones.
Freno a las alza
El 21 de febrero anterior y tras un par de días después de que el presidente Rodrigo Chaves calificara la medida de “vergonzosa” e “inmoral”, la UCR frenó la aprobación de nuevos salarios para altos cargos administrativos.
El rector de la UCR solicitó la suspensión de la publicación de los aumentos salariales que él mismo había aprobado para 22 puestos de confianza de la Rectoría.
Según la resolución de Araya el 17 de febrero, los nuevos salarios oscilarían entre ¢3,3 millones y ¢4 millones para directores de oficinas, jefaturas administrativas y coordinaciones de unidades especiales.
Araya había justificado los aumentos argumentando que su administración enfrenta un desafío en la transición entre el salario compuesto y el salario global, lo que genera diferencias en la escala salarial de los funcionarios académicos y administrativos. Según el rector, la medida buscaba homologar sueldos para garantizar la disposición de personal calificado y evitar inequidades.
