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Pizarrón

Vladimir de la Cruz [email protected] | Miércoles 19 septiembre, 2018


Pizarrón

Es entendible que en el Consejo de Gobierno pueda haber discusiones, diferencias y desacuerdos entre los miembros del gabinete, y de los Ministros con el Presidente de la República, en torno a asuntos que se someten a su conocimiento, o que son de la discusión de la Agenda Nacional, que en sus sesiones se ponen en conocimiento de los señores ministros, o de las acciones del Presidente que seguramente también se les informa, para oír su parecer, o para comentar, sobre el impacto de ellas ante el resto de los sectores de la sociedad y del mundo político nacional. De igual modo, para oír las opiniones sobre importantes asuntos y sucesos o eventos que se dan sobre los cuales pueden intercambiar sus opiniones, o el Presidente quiera oírlas o solicitarlas de los ministros, para su buen proceder.

Lo que no es entendible, a los ojos de un ciudadano, y de la opinión pública, es que un miembro del gabinete se desmarque públicamente, de una posición de Gobierno, que no comparte, dejando en entredicho al propio Gobierno, y al mismo Presidente, su superior jerárquico. No es una postura democrática lo que está en ejercicio ni en juego. Es la integridad del cuerpo político gobernante la que se cuestiona, y se debilita en su imagen pública. Es la sensación de división y no de unidad gubernativa lo que resalta.

Desde el punto de vista político lo que debe haber en el gabinete ministerial es diversidad de opinión, sí, pero unidad de acción de sus ministros con su Presidente.

Si un ministro o ministra no está de acuerdo, y siente que no debe formar parte de ese Gobierno, que no va a cambiar en este aspecto, lo que le corresponde dignamente es renunciar, separarse de la posición política que rechaza y del puesto que ostenta. Si no va a renunciar le corresponde guardar silencio público, con la elegancia debida, manteniendo sus discrepancias internas. En el pasado político nacional hay ministros que han abandonado al gobierno con esa dignidad, con ese decoro, sin fracturarle en imagen en situaciones que se necesita unidad de acción por parte del Ejecutivo nacional. Tampoco estamos viviendo una situación conflictiva nacional que mereciera este tipo de confrontaciones.

Quien no está de acuerdo con el Presidente en su Consejo de Gobierno, sobre situaciones que considera de fondo, y que no van a cambiar, debe dejarle el espacio libre.

Ese es un órgano colegiado por su naturaleza, donde cada funcionario tiene su especificidad, su particularidad de función política, en tanto cada uno de los que están allí está a cargo de un Ministerio, cuya función también es indelegable a los otros miembros de ese Consejo.

El único que puede asumir el cargo de un Ministro, en situación particular, es el propio Presidente, si lo sustituye, o uno de los ministros, que por acuerdo presidencial, también asuma esa responsabilidad ministerial por recargo, como se dice, y ha sucedido en diversas ocasiones y en distintos gobiernos. No recuerdo que en Costa Rica algún Presidente haya asumido por recargo un ministerio sustituyendo a un ministro mientras nombra otro, pero puede hacerlo. En Cuba, Fidel Castro lo hizo en distintas ocasiones, y hasta concentró varios ministerios en sus manos a la vez.

Es claro que quien preside ese Consejo de Ministros es el Presidente de la República quien tiene bajo la responsabilidad la conducción del Gobierno de la República por el plazo de su mandato, de su elección, de cuatro años.

Conducir el Gobierno de la República es hacerlo de la mejor manera posible, de acuerdo al buen entender del Presidente, apegado a la Constitución Política y las leyes, de conformidad a lo que en ellas se establece como marco de actuación del Presidente.

Y hacerlo a su buen entender, hay que comprenderlo así, es hacerlo en consonancia con lo que él ofreció y se comprometió en la campaña electoral, donde los electores que le dieron su confianza, no fueron engañados para darle su voto. Votaron por él, por las circunstancias que hubieren sido en la segunda ronda, y bajo la presión, de las opciones existentes en asumir el Poder Ejecutivo, sin desconocer el contenido de lo que había venido sosteniendo durante el proceso electoral. Ciertamente el tema fiscal al final de la campaña no era el principal tema para decidir la votación, pero no estaba oculto ni al margen del conocimiento de los electores.

Los equipos económicos que se sumaron a uno y otro candidato finalista, para apoyarlos en su segunda ronda, no se distinguían entre sí. Eran sustantivamente los equipos económicos que en mucho habían definido sólidamente la estructura de la evolución del crecimiento económico, del desarrollo económico del país, como de las políticas monetarias del Banco Central y de las finanzas públicas nacionales, y de las relaciones económicas y diplomáticas internacionales, por los menos desde 1982, bajo los gobiernos de los partidos Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana.

En el periodo presidencial 2014-2018 llegó al gobierno un partido político distinto, el Partido Acción Ciudadana, de los que gobernaron entre 1982 y el 2014 pero, los ejes económicos nacionales, con las particularidades y énfasis de cada gobierno anterior, no se movieron ni más a la izquierda ni más a la derecha de lo que ya venía en marcha.

Con el nuevo Gobierno, del presidente Carlos Alvarado, tampoco se ofreció mover ese eje económico en una u otra dirección. Lo que se dijo claramente, que era válido para cualquiera de los partidos políticos que participaban en la campaña electoral y para los dos partidos finalistas, que había que entrarle duro, con responsabilidad política, ciudadana y patriótica, a resolver el problema fiscal y tributario del país, que ya estaba haciendo agua, lo que no se podía postergar, si se querían mantener los índices hasta ahora existentes sobre los que las finanzas públicas se proyectan.

Lo novedoso de la campaña electoral hacia la segunda ronda, y las elecciones del 2 de abril, es que el país por primera vez en su historia se movía con planteamientos de integrar un Consejo de Ministros de manera amplia, ya no bajo el control exclusivo de miembros o partidarios del partido político ganador de las elecciones, como hasta ahora se había acostumbrado. El candidato Carlos Alvarado, ganador el 2 de abril, había sellado su compromiso de integrar su Gobierno de esa manera en lo que llamó el Gobierno de la Unidad Nacional.

Electo Carlos Alvarado invitó a personalidades destacadas de distintos partidos, que habían participado en el proceso electoral, para que formaran con él su Consejo de Gobierno. Cada miembro que fue escogido para ministro o ministra lo tenía claro. Para todos el Consejo de Gobierno iba a constituir una escuela de aprendizaje político nuevo, de cuyo resultado positivo, el país es el que sería el mayor ganador para ahora y para futuros procesos electorales.

Los partidos políticos a los que pertenecían estos nuevos ministros generosamente apoyaron el concurso personal e individual que ellos estaban adquiriendo, sin que eso comprometiera oficialmente a sus partidos, pero sus partidos estaban igualmente conscientes de esa presencia en el gabinete nacional, con todas las repercusiones que ello tendría, manteniendo la libertad e independencia esos partidos y no renunciando a su derecho de ser partidos opositores y de ejercer control político parlamentario.

Con Rodolfo Piza el Presidente electo firmó el documento, que junto al Acuerdo Nacional legislativo, de 2017, y con las propuestas de la Comisión de Notables, del Gobierno de Laura Chinchilla, constituirían las bases unitarias del inicio del nuevo Gobierno, en perspectiva de abordar en primer lugar los asuntos relacionados con el problema grave fiscal y tributario que enfrenta el país, y la economía nacional en su conjunto, y de seguido, e inmediatamente abordar las reformas administrativas y de Estado que deban impulsarse.

Ninguna de las personas que fueron invitadas a participar en el Gabinete presidencial fueron engañadas de esta situación y estos compromisos. Los documentos eran públicos, notorios y conocidos. Ninguna de las personas que pasaron a integrar los ministerios desconocía el interés urgente, prioritario e inmediato con que el presidente Carlos Alvarado empezaría a dirigir los primeros pasos de su Gobierno. Ninguna de las personas que empezaron a dirigir el país desde ese Consejo de Gobierno desconoció la gravedad de la situación porque las funcionarias responsables del sector económico, la Ministra de Hacienda y la Coordinadora del Sector Económico, no les han ocultado datos a los ministros, para la actuación del Gobierno como tal y para la presentación del proyecto de ley, ante la Asamblea Legislativa, que está en trámite en concordancia con estos planteamientos en el seno del Consejo de Gobierno y bajo la responsabilidad del Presidente que lo ha enviado al Poder Legislativo para su trámite aprobatorio.

Es la Asamblea Legislativa la que tiene, en este momento, la responsabilidad política y legislativa de aprobarlo, modificarlo con las consecuencias que ello puede tener negativamente en el objetivo del Gobierno de darles contenido económico a las finanzas públicas, o de rechazarlo y de conducir al país a una situación de incertidumbre económica, golpeando la estructura social ahora existente, y creando condiciones por ello para mayores niveles de pobreza, desempleo y marginación social en general.

El Presidente de la República es quien ejerce el mando supremo de la Fuerza Pública, esto es de todos los cuerpos policiales del país, del mismo modo que es el único que puede nombrar y remover libremente a cualquiera de los ministros. El Presidente es quien debe proponer, como en este caso, ante la Asamblea Legislativa, las medidas que juzgue de importancia para la buena marcha del Gobierno, el progreso y el bienestar de la nación.

Los ciudadanos tenemos todo el derecho de discutir esas medidas, esas propuestas. Los ciudadanos tenemos todo el derecho de acudir ante los diputados para darles a conocer nuestros puntos de vista sobre los proyectos de ley en trámite, los ciudadanos podemos presionar por los medios legales que consideremos oportunos a los representantes populares que fueron electos para que oigan y conozcan las propuestas alternas, si las hay.

La Asamblea Legislativa tiene publicada permanentemente, en su página electrónica, y en la Gaceta Legislativa, toda la información atinente a los asuntos que están su conocimiento y trámites de aprobación, justo para que los ciudadanos se enteren y hagan sus propuestas ante los diputados, que es a quienes les corresponde actuar en su nombre.

El proceso democrático legislativo descansa en esta condición de discusión y aprobación de proyectos de ley. La esencia de esta base democrática es dejar votar a los diputados, en conciencia, cuando la discusión y los plazos legislativos de estas deliberaciones se han agotado. Cada diputado y cada partido político en la Asamblea Legislativa asumen su responsabilidad ante sí mismos, ante sus propios electores y ante el país.

Las huelgas laborales, con objetivos laborales, con demandas socioeconómicas y sociales, vinculadas con la relación capital trabajo, reguladas para su trámite por la legislación laboral, son precisas. No es este el caso, por lo menos como se ha planteado.

Lo que el país ha venido sufriendo en estos días no es una huelga laboral. Esto es claro. Convocado el movimiento, por dirigentes sindicales, para suspender labores en los centros de trabajo, especialmente del sector público y del Gobierno central, hasta ahora no ha estado bajo los parámetros ni regulaciones procedimentales de una huelga de trabajo.

Entonces, ¿qué es? Es, igualmente, claro, que si se está ante la discusión de un proyecto de ley, es una discusión política. Un movimiento que se convoca contra un proyecto de ley es en esencia un movimiento político. Y un movimiento que se convoca contra el Poder Ejecutivo, no contra un centro de trabajo, ni contra un patrono en particular, es un movimiento político. Y quienes así se movilicen asumen las consecuencias de las movilización que realizan.

Los actos de sabotaje contra instalaciones estatales son actos que trascienden los de una huelga laboral, y quienes los realicen, igualmente, asumen las consecuencias si los capturan en la ejecución de esos actos, o como consecuencia de haberlos realizado.

No hay nada en el país que regule un paro político. Una huelga, como cese de labores, de carácter político no está regulada. Los derechos y libertades de los ciudadanos de asociarse para fines lícitos, de opinar, comunicar pensamientos de palabra o en forma escrita, de trasladarse, lo que se conoce como libertad de tránsito, de peticionar, de reunirse pacíficamente, sin armas, para discutir estos asuntos políticos, o para examinar la conducta de los funcionarios públicos, del Gabinete nacional y de la Asamblea Legislativa, no están cuestionados.

Las reuniones en sitios privados no necesitan autorización. Las reuniones en sitios públicos requieren autorización y están reglamentadas. Esto es lo que ha puesto tensión en estos días, porque el Gobierno debe garantizar el libre paso de aquellos que necesitan hacerlo, por impedimento forzoso de otros ciudadanos.

Los movimientos que se han venido provocando son en sitios públicos, sin solicitar autorización para ello, impidiendo el libre tránsito de personas, al obstaculizarles las vías para hacerlo, porque los manifestantes no comparten parcialmente los derechos de vía para que unos se manifiesten y otros se desplacen, y porque en ocasiones algunos manifestantes agreden a quienes tratan de desplazarse, poniendo en peligro incluso su integridad física.

Si las acciones privadas que no dañan la moral ni el orden público están fuera de la ley, las que sí están dentro de la ley, y de su regulación, y de la obligación de los funcionarios de Estado de vigilar en este extremo, son todas aquellas acciones públicas, de personas o grupos de personas, que puedan considerarse que alteran o ponen en peligro el orden público, y a las personas, y las autoridades pueden actuar para asegurar que no se altere este orden público, y la misma seguridad de las personas.

Contra los actos vandálicos y de sabotaje el Gobierno de la República debe actuar con toda la fuerza que las leyes le permitan. Ningún costarricense debe estar de acuerdo con estos actos. No solo ponen en peligro vida de personas y comunidades, sino que pone en peligro el mismo ejercicio de los derechos democráticos. Ninguna persona que esté protestando en estas marchas debe estar de acuerdo con este tipo de actos, porque desnaturalizan su protesta, la ilegitiman y le quitan su razón moral y política de realización.

Lo que sucedió con la interrupción del recorrido de la Antorcha de la Independencia, con motivo de la celebración de los festejos patrios de la Independencia, el día 14 de setiembre, es equivalente a los ataques que se hicieron en la campaña electoral a ese otro símbolo nacional que es la Virgen de los Ángeles.

Si el Gobierno en situaciones como estas debe estar en manos sensatas y prudentes en su conducción, con mayor razón la dirigencia de estos movimientos de protesta debe mostrar inteligencia, prudencia, sensatez, visión de actuación, para poder sobresalir y llevar a buen puerto su movimiento, si eso es lo que quiere. Si lo que desea es provocar el caos, el desorden, contribuir a que grupos mafiosos, de narcodelincuencia, y similares, se aprovechen de estas situaciones, poco favor hacen a la causa democrática y mucho mal a sus propios afiliados y al pueblo en general que debe someterse a la violencia de estos grupos, que actúan con bastante libertad mientras los cuerpos policiales tienen otros objetivos de atención.

Que estos sucesos vandálicos y delincuenciales se hayan producido en comunidades marginales, en las provincias periféricas, donde los grupos pentecostalistas políticos, tienen bastante arraigo religioso, y no solo electoral, con la oposición legislativa que están realizando, esos mismos grupos al Proyecto de Ley del Plan Fiscal, es digno de analizarse más fríamente.






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