Paulina Ramírez buscará destinar más dinero a educación, salud y seguridad en el presupuesto del 2026
Monto total asciende a ¢12,8 billones
Al presentarse el presupuesto nacional del 2026 por un monto de ¢12,8 billones, tanto Rodrigo Arias, presidente del Congreso, como Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión de Hacendarios, se comprometieron a destinar más dinero a educación, salud y seguridad.
“Estas áreas han quedado rezagadas en años anteriores. Esperamos que se incluyan bastantes recursos en estos aspectos, máxime cuando lamentamos muchísimas vidas y todos exigimos mayor seguridad. Esperamos que en el Presupuesto sea balanceado y equilibrado para las necesidades del país”, manifestó Ramírez.
Ramírez aprovechó la presentación para recordar que en el ejercicio anterior quedó un saldo sin ejecutar de ¢586.021 millones en el servicio de la deuda, lo que a su criterio evidencia “proyecciones infladas” por parte del Ejecutivo.
“Los saldos del año pasado demuestran que sí se pueden girar los recursos a la seguridad nacional y al Poder Judicial. Estamos en una crisis nacional y no veo razón para no girar recursos”, reclamó.
Asimismo, recordó que la Asamblea Legislativa ha aprobado ¢1.536 millones en créditos de apoyo presupuestario para dar un respiro a las finanzas públicas, además de autorizar la emisión de $3.000 millones en eurobonos.
Según la legisladora, esos recursos deberían haberse traducido en la construcción de escuelas y carreteras, así como en una mayor inversión en seguridad y programas sociales.
“Con los eurobonos se nos prometió que habría espacio para invertir en infraestructura y mejorar servicios, pero hasta ahora lo que vemos son presupuestos limitados y con presiones fiscales”, añadió la diputada liberacionista.
El plan de gastos representa un incremento del 3,2% en comparación con el presupuesto ordinario de 2025, que alcanzó los ¢12,4 billones.
De ese total, Hacienda calcula que ¢7,9 billones -equivalentes al 61% del gasto proyectado- provendrán de ingresos presupuestarios.
El 39% restante, es decir, ¢4,9 billones, se financiará mediante endeudamiento, una situación que reaviva las críticas sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas.