Los excesos y abusos de algunos colegios profesionales

José Alberto Carpio Solano

Exfiscal del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica

Todo gremio profesional debe ser equitativo e igualitario y que sus agremiados estén dispuestos y comprometidos a mejorarlo y convertirlo en un verdadero referente de su razón de ser y es por eso que se deposita la autoridad en dos órganos fundamentales, la junta directiva y la fiscalía, los cuales están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Tal y como lo indica nuestra Constitución Política, están sometidos a procedimientos de evaluación de resultados y rendición clara y objetiva de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal y profesional en el cumplimiento de sus deberes.

Estos entes públicos no estatales fueron creados por el legislador, con el objeto fundamental de cumplir básicamente dos objetivos; buscar el bienestar de sus agremiados y controlar el ejercicio ilegal de la profesión. Para mantener estos gremios, ideó un impuesto denominado colegiatura, con la penosa, fatal y riesgosa decisión, de que dichas colegiaturas fueran definidas por el órgano de junta directiva, sin un verdadero control por parte del mismo Estado.

Lo anterior ha generado un abuso desmedido en algunos de estos gremios, de forma tal que dicho impuesto no solamente subsidia la operación esencial para los cual fueron creados; sino que, adicionalmente una serie de actividades que en infinidad de veces no tiene relación directa con la masa de agremiados y son gustos y preferencias de alguna ocurrencia de algún directivo.

Resulta contradictorio que el Estado haya certificado a una persona como profesional en su área, mediante la entrega de un título académico, y que, esta persona tenga que pagar un nefasto impuesto para controlar a los que ejercen sin tener el título respectivo; es decir se castiga al que está en orden, para controlar al que ejerce ilegalmente; esto es lo más absurdo que se pueda definir; ya que si una persona ejerce ilegalmente una profesión, para esos están los tribunales de justicia, quienes tendrán la última palabra.

Las cuotas de las Colegiaturas deben ser definidas y reguladas por una entidad del Estado y no dejarlas a la libre de un grupito de amigos.

A pesar de que lo anterior es un verdadero problema, la cosa no termina ahí, y por el contrario es donde se requieren acciones inmediatas para parar lo que está sucediendo y de lo cual todos somos responsables, ya que estos entes públicos no estatales se han venido transformando en clubes sociales, recreativos y políticos en donde los excesos y abusos son desmedidos y se deben parar ya.

Con profunda tristeza y frustración se observa, como pequeños grupos se recetan altos subsidios, dietas (ya sea que asisten o no a una sesión), hoteles cinco estrellas, fiestas, licores a mas no poder, viáticos, cursos, y un sin fin de beneficios odiosos; además de aprobar proyectos que tienen que ver con sus gustos y preferencias y no de la mayoría; como serían spa, granjas, salones ecuménicos, y fiestas temáticas desde catrinas, hasta el catamarán de la divinidad.

Se olvidaron de su razón de ser y en muchos casos no tienen la capacidad de responder a los problemas nacionales y menos ilustrarse sobre lo que sucede en el mundo y las implicaciones para nuestro país.

Cuando existe un alto desempleo, lo único que se les ocurre es hacer una feria de empleabilidad en donde invitan a empresas que su índice de rotación es prácticamente cero, o bien, a empresas que no tienen nada que ver con la actividad, pero se jactan diciendo, que están haciendo labor social; más grima no puede dar.

Muchos de nuestros recién graduados, lo logran gracias a que ellos o sus familiares solicitaron un préstamo y lo único que buscan es integrarse al mercado laboral y comenzar a pagar dicho crédito; ya que en muchas ocasiones hasta su casa de habitación debieron dejar en garantía sus familiares; sin embargo y aún siendo conscientes de que muchos de ellos están comprometidos económicamente, a los directivos de estos gremios, se les ocurre hacer cenas de gala de incorporación, con cuotas realmente significativas y altas, amén de que en algunos casos, giran la disposición de que deben llegar vestidos en etiqueta; es decir, si no tiene recursos busque quien le preste, y esto simplemente para entregar un cartón que dice que puede ejercer, cuando; semanas antes el Estado les entrego un título indicando que son profesionales en su área de estudio. Con los recursos que manejan estos gremios, es inaudito que no puedan hacer una actividad sencilla, agradable y gratis; como agradecimiento de que durante mas de treinta años tendrán que pagar el impuesto al ejercicio profesional.

Ya es hora de que esta ley sea reformada y que los colegios profesionales sean entes de prestigio y que se conviertan en organizaciones en las cuales, todos los profesionales de su área de especialización desean pertenecer. Ante un ejercicio ilegal, para eso están las autoridades judiciales. 

Como colofón, la perpetuidad es un hecho, mientras no se elimine los subsidios, dietas y beneficios colaterales, de gente que hizo de estos abusos su medio de subsistencia y ya es hora que se ganen el pan de cada día con el sudor de su frente y se pongan a trabajar.

Confío en que cada vez seamos más los que exijamos un alto a los abusos y por el momento, al menos utilicen la tabla de viáticos de la Contraloría General de la República y dejen de pavonearse en hoteles cinco estrellas, vino fino, cenas gourmet y postre crème brûlée, con recursos que no son de ellos.