Legalidad y Equidad de la Administración Tributaria: Un Llamado a la Justicia Fiscal

Rogelio Matamoros

Contador

La omisión de exigir el cumplimiento de las normativas fiscales y de seguridad social a las plataformas digitales no solo representa una falla en la administración pública, sino que también vulnera los derechos de todos los costarricenses. En Costa Rica, la Administración Tributaria ha dado pasos significativos al regular el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) aplicado a plataformas digitales que ofrecen servicios como transporte, hospedaje y otros, a través de aplicaciones como Uber, Airbnb, entre otras. Sin embargo, esta medida no debe interpretarse como una exoneración implícita de otras obligaciones fiscales, como el impuesto sobre la renta o las garantías laborales, a las que estas empresas están sujetas por operar en territorio nacional.

Debemos ser claros en que la discrecionalidad de la Administración Tributaria no es ilimitada. Está sujeta a los principios constitucionales de legalidad, igualdad y proporcionalidad, que exigen que la aplicación de las leyes sea justa, uniforme y conforme al marco normativo vigente. Permitir que estas plataformas cumplan solo parcialmente con sus obligaciones fiscales, omitiendo el registro como contribuyentes del impuesto sobre la renta y el reconocimiento de las cargas sociales para sus colaboradores, constituye un trato desigual y una grave violación de los derechos de los costarricenses.

Impactos de la Omisión de la Administración Tributaria

La falta de exigencia por parte del Estado para que estas plataformas se registren como contribuyentes del impuesto sobre la renta no solo debilita la base tributaria del país, sino que también genera un escenario de competencia desleal para las empresas locales. Mientras los negocios costarricenses deben cumplir estrictamente con sus obligaciones fiscales y laborales, estas plataformas extranjeras operan sin sujetarse a las mismas reglas, lo que viola el principio de igualdad ante la ley.

Además, la ausencia de un marco regulatorio que obligue a estas empresas a cumplir con las cargas sociales perjudica directamente a sus colaboradores. En muchos casos, los trabajadores quedan desprotegidos, sin acceso a la seguridad social, pensiones ni otros beneficios esenciales para garantizar su bienestar y estabilidad económica. Esta situación también afecta al sistema de seguridad social costarricense, que pierde ingresos fundamentales para financiar servicios públicos esenciales como la salud y la educación.

El Peligro de la Ilegalidad Disfrazada de Discrecionalidad

La discrecionalidad administrativa no debe confundirse con arbitrariedad ni omisión. La Administración Tributaria está obligada a actuar dentro de los límites legales y garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones fiscales, no solo de aquellas que son fácilmente recaudables o convenientes. Ignorar la obligación de exigir el pago del impuesto sobre la renta y el cumplimiento de las cargas sociales a estas plataformas equivale a una permisividad que podría interpretarse como complicidad en la violación de las leyes.

Esta situación atenta contra el principio de solidaridad que sustenta nuestro sistema tributario y de seguridad social, perjudicando a los sectores más vulnerables de la sociedad. Cada colón no recaudado de estas plataformas representa un recurso menos para atender las necesidades de los costarricenses, afectando directamente la calidad de vida de la población.

Un Llamado a la Acción

Hacemos un llamado urgente a la Administración Tributaria para que cumpla con su deber de garantizar un sistema fiscal equitativo, donde todas las empresas que operan y lucran en territorio nacional, independientemente de su origen o naturaleza, estén sujetas a las mismas reglas. Es imperativo que se tomen medidas para regular de manera integral a las plataformas digitales, asegurando que cumplan con todas sus obligaciones fiscales y laborales.

Asimismo, instamos a la sociedad costarricense a exigir transparencia y justicia en la aplicación de las leyes. No podemos permitir que la discrecionalidad administrativa se utilice como excusa para perpetuar la desigualdad y la ilegalidad en nuestro sistema tributario. El respeto a las normativas fiscales y de seguridad social no es opcional; es un deber fundamental que protege los derechos de todos los costarricenses y asegura la sostenibilidad de nuestro modelo de desarrollo.

La Administración Tributaria tiene en sus manos la responsabilidad de corregir este rumbo y garantizar un trato justo y legal para todos los contribuyentes y trabajadores de Costa Rica. Es momento de actuar con firmeza y equidad, asegurando que nadie quede por encima de la ley.