La invisibilización de los que siempre han estado: violencia estructural hacia los pueblos indígenas costarricenses

Mariana Tatum González

Estudiante de Economía en la Universidad Nacional

mariana.tatum.gonzalez@est.una.ac.cr

En Costa Rica se hacen presentes 8 etnias indígenas, distribuidas en 24 territorios, la gran mayoría han tenido que luchar fervientemente por la preservación de su cultura y la soberanía sobre sus tierras. La violencia estructural y directa ha hostigado a las comunidades indígenas desde la conquista hasta la actualidad, esto tiene un impacto directo en el incumplimiento de la agenda 2030, específicamente en el ODS 1; fin de la pobreza, ODS 8; trabajo decente y crecimiento económico, ODS 10; reducción de las desigualdades, y ODS 16; paz, justicia e instituciones sólidas.

La historia de los pueblos originarios está llena de sangre, si bien en el presente la violencia directa se ha aminorado, la violencia estructural continúa perpetuando el régimen de injusticias en el que viven las comunidades indígenas. El caso del territorio China Kichá lo ejemplifica, después de su reinstauración en 2001 inició un proceso de reivindicación para recuperar la soberanía de sus tierras, ya que, el gobierno le había vendido propiedades en este territorio a personas no indígenas, este proceso no solo fue violento, sino que dejó consecuencias que continúan afectando en la actualidad.

Cuando la situación con las tierras de China Kichá se resolvió otro problema se hizo presente, la inoperancia y la ineficiencia del gobierno para resolver la problemática que él mismo causó dió pie a que las relaciones entre China Kichá y las comunidades aledañas al territorio se vieran envueltas en mucha tensión. Esta situación llegó a tal punto que los individuos, las cooperativas y las instituciones rechazan los productos agrícolas cosechados por personas indígenas bajó el argumento de que esos productos son de tierras robadas, esto no solo provoca un impacto económico gigantesco, ya que para poder vender los productos se han de disminuir los precios para que accedan a comprarlo, retrasando ampliamente el progreso del ODS 1, 8 y 10, sino que también demuestra la incompetencia de las instituciones gubernamentales para asegurar el bienestar de la población y hacer valer sus derechos, lo cual revela el malestar nacional con respecto al ODS 16.

Como se puede apreciar, las comunidades indígenas continúan estando bajo peligro, y no simboliza únicamente un impacto negativo para los pueblos originarios, significa un peligro latente para el desarrollo del Estado costarricense, porque una sociedad no puede progresar sosteniblemente cuando un sector se encuentra oprimido.