La caja negra del poder: por qué Costa Rica exige gobernabilidad

Costa Rica atraviesa un momento político singular. No se trata únicamente de una elección más, ni de un simple relevo de autoridades. Lo que está en juego es algo más profundo: la forma en que nuestro sistema político procesa las demandas sociales y las convierte —o no— en decisiones comprensibles, eficaces y legítimas. Para entender este fenómeno, resulta útil recurrir a una herramienta clásica de la ciencia política: la teoría de la “caja negra”.

Desarrollada por David Easton a mediados del siglo XX, esta teoría concibe la política como un sistema. La sociedad envía insumos —demandas, presiones, apoyos—; el sistema político los procesa internamente; produce decisiones; y recibe retroalimentación ciudadana. El problema surge cuando ese proceso interno se vuelve opaco, incomprensible o desconectado de las expectativas sociales. Ahí aparece la “caja negra”.

La Asamblea Legislativa costarricense encaja con notable precisión en este modelo. Hoy recibe señales claras y persistentes de la ciudadanía: exigencias de mayor seguridad, reducción del costo de la vida, menos tramitomanía, reforma del Estado y capacidad real de ejecución. Estos insumos no son ambiguos ni marginales. Son reiterados, visibles y ampliamente compartidos.

Sin embargo, al ingresar en la “caja negra” legislativa, esas demandas parecen diluirse. Desde afuera, lo que la ciudadanía percibe es un proceso dominado por negociaciones poco transparentes, fragmentación extrema, cálculos electorales y un uso intensivo del simbolismo político. Mociones que no buscan aprobar leyes sino marcar posiciones, discursos diseñados para redes sociales más que para construir acuerdos, y proyectos clave que se entrampan sin una explicación clara y honesta.

El resultado son outputs que no satisfacen la expectativa social: reformas parciales, leyes de impacto limitado, proyectos estratégicos postergados y una sensación generalizada de lentitud. Desde la lógica sistémica, el problema no es que no se legisle, sino que lo que se decide no guarda una relación visible con lo que se demanda.

La retroalimentación —el feedback— ha sido contundente. La confianza en la Asamblea Legislativa se ha erosionado de forma sostenida. Crece el desencanto con los partidos tradicionales, se intensifica el discurso antipolítico y aumentan las simpatías hacia liderazgos confrontativos o estilos de gobierno más ejecutivos. No porque la ciudadanía rechace la democracia, sino porque percibe que el sistema no responde.

Desde la teoría de Easton, esta es una señal de alerta clara: el sistema político está absorbiendo demandas, pero no está generando los resultados necesarios para mantener el “apoyo difuso” que sostiene la legitimidad democrática. Cuando la caja negra no se abre, cuando no se explica por qué se decide lo que se decide —o por qué no se decide nada—, la desafección es inevitable.

Este fenómeno ayuda a explicar el actual reacomodo del paisaje político costarricense. La posible reducción de fuerzas en el Congreso, la penalización electoral de partidos irrelevantes y la demanda de mayor gobernabilidad no son expresiones autoritarias, sino intentos de corregir un sistema que muchos sienten trabado. La democracia, para sobrevivir, no solo debe ser representativa, sino también comprensible y eficaz.

El desafío, entonces, no es debilitar la separación de poderes ni sacrificar el Estado de Derecho, sino lograr que los procesos de decisión sean más legibles, responsables y orientados a resultados. Una democracia donde nadie puede decidir termina siendo tan problemática como una donde decide uno solo.

Abrir la caja negra del poder es una tarea urgente. Implica transparencia real, deliberación honesta y una Asamblea capaz de traducir las demandas sociales en decisiones entendibles. Solo así el sistema político podrá recuperar legitimidad y responder al mandato más claro que hoy emite la ciudadanía: avanzar.

Esteban Chaverri Jiménez

Abogado y estudiante de historia / echaverri@mac.com