Fase tres

Fase tres

Hemos entrado a partir del pasado 5 de octubre en la fase dos de la discusión del proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el que sin duda ha tenido al país sumido en una larga disputa carente de norte.

La carencia de norte se hace evidente cuando los que vamos a pagar esos impuestos nuevos y quienes tendremos que soportar las cargas indirectas impuestas por la normativa conjunta de IVA y modificaciones del Impuesto sobre la Renta, somos los sectores productivos de la riqueza en el sector privado, que aplaudimos la mayoría que se logró en la votación del pasado viernes de 35 votos a favor y 22 en contra para las reglas fiscales que vienen a apoyar la parte de la solución de la grave crisis fiscal que tiene nuestro país y abren un hálito de esperanza al inicio de un camino que al menos de manera ordenada resuelva en el largo plazo los asuntos de estructura fiscal.

Felicitamos a los señores diputados por la gran gallardía de su voto, tanto a favor como en contra, pues en la pluralidad de criterios está la sabiduría, eso denota los claros valores fundamentales de la democracia institucional que caracteriza al ser costarricense y el consecuente Estado de Derecho, que contrasta con la anarquía anónima de la calle que sobrepasa el ejercicio del derecho legal a la huelga, rayando en actos terroristas directos e indirectos, distantes por mucho de la forma de ser costarricense.

Sin duda, hay quienes con el pleno ejercicio de su derecho a disentir han actuado en conciencia y votado en sentido negativo, así como aquellos que han ejercido su derecho a la huelga ya por cuarta semana en defensa de los privilegios excesivos que han causado el grave deterioro de la condición país debido a ser desproporcionados.

Tenemos una recaudación de país infradesarrollado, aspecto que en primera instancia se avanza en resolver con los nuevos impuestos, pero costos de manejo del Estado como el de los países más privilegiados, en concreto los escandinavos en primer lugar, siendo el costo costarricense el de burocracia el tercero en el ranking mundial, contrastando índices de recaudación que nos ponen en los niveles de las centenas en orden descendente, causado en particular por disparadores como las exenciones excesivas e indefinidas en algunos casos, tanto como la evasión y elusión, así como el descarado contrabando.

Este es el motivo por el que no basta con los nuevos impuestos que quienes debemos soportarlos estamos dispuestos en condición de ciudadanos responsables de la integridad de la estabilidad de las finanzas en lo que según la ley que deriva del deber constitucional de contribuir a las cargas públicas, al menos nosotros los que nos hemos sometido al régimen general de tributación, estamos dispuestos a aportar no con gusto, sí con dolor, pero con solidaridad que nos consuela.

Por su parte quienes se benefician por el excesivo paternalismo estatal histórico de las condiciones de privilegio de quienes hoy siguen en huelga, pues hay que poner coto al crecimiento galopante de dichos excesos, uno de los tres factores que en el gasto nos tiene agobiados en las finanzas públicas.

Las causas se pueden resumir de manera muy clara, un Estado conformado por algunos funcionarios altamente corruptos que se enriquecen —por supuesto de manera ilícita pero tristemente impune—, un alto nivel de privilegios en especial concentrado en algunos sectores de la burocracia nacional, siendo la tercera el costo asociado al endeudamiento que se ha requerido para pagar la fiesta griega que sin duda trae consigo consecuencias agrias que ha tenido que pasar ese país mediterráneo.

Una vez concluida la fase dos del proceso siendo esta la del primer debate de la norma por crear, sigue ahora un pasillo del lado, que es opcional de lograrse recoger al menos diez firmas de señores diputados para que se presente una consulta a la Sala Constitucional, en particular referida a asuntos del procedimiento utilizado en la aplicación del artículo del reglamento legislativo 208 bis, que ha sido el aplicado como procedimiento expedito de trámite en este proyecto en particular.

Esta es la tercera fase, en la que existe la posibilidad de que en el plazo máximo de 30 días desde la presentación del proyecto a consulta los resultados probables sean tres: que se encuentre que el proyecto se tramitó conforme el derecho lo ordena con lo que se sigue a la penúltima etapa de la fase de trámite, sea el segundo debate.

La otra posibilidad es que la Sala encuentre que hubo asuntos que se desapegaron del procedimiento, por lo que siendo solventarlos deben serlo antes de que la norma sea aprobada en segundo debate, siendo aquellos vicios de orden principalmente formales solventarlos en fases oportunas.

La tercera opción es la más grave, que implicaría que se encuentren vicios no curables en el proceso legislativo, con declaratoria de inconstitucionalidad y dejando el intento de norma en eso, un simple intento de lograr resolver las condiciones graves del estado de cosas en materia financiera pública.

Esta opción es la que ha ocurrido como antecedente en dos casos anteriores, en el proceso conocido como Pacto Fiscal, en la administración Pacheco de la Espriella y el de Solidaridad Tributaria de la administración Chinchilla Miranda, sucumbiendo en el abismo ambos proyectos por motivos de procedimiento que se definieron como insolventables y, por tanto, declarándose sendas inconstitucionalidades.

Ciertamente, debo ser el primero en admitir que hay vicios que son evidentes en el proceso de trámite del proyecto, también lo hemos advertido de manera reiterada por lo que no se trata de tapar el sol con un dedo y desdecirnos ya que somos coherentes y no como los detractores del Estado de derecho que justificar que el fin legitima cualquier medio, sin embargo, en materia de la aplicación de las valoraciones que haga la Sala Constitucional, se debe tener claro que los derechos y deberes constitucionales son una policromática gama de equilibrios entre bienes y principios jurídicos a considerar tal y como lo dimensionaran los padres del derecho constitucional tanto en la doctrina como en la aplicación concreta en Costa Rica, por los iniciadores de la Sala, indicando que los derechos deben ser dimensionados por sus especiales efectos, siendo la responsabilidad de un Tribunal de lo Constitucional, ser probo en las valoraciones de las consecuencias, debiendo en ocasiones extremas optar no solo por el buen derecho, sino a la luz del mal menor para la sociedad para la que está hecha la Constitución ya que esta no puede terminar siendo un valor en sí misma, sino un instrumento para que el equilibrio de deberes y derechos procuren de la manera más eficiente el bienestar general.

Es con estas líneas de orden fundamental en el derecho constitucional, que instamos respetuosamente a la Sala Constitucional a dimensionar en su sentencia que si bien hay —porque los hay— quebrantos en el procedimiento, la consecuencia de dejar al país a expensas de una crisis galopante donde el conjunto de la sociedad para quien la Constitución debe procurar su bienestar y el efectivo acceso a los derechos fundamentales al acceso al trabajo, la salud, la educación, el libre tránsito, la libertad en su amplio sentido que incluye no ser esclavos de un pesado yugo económico que haga inaccesible el derecho pleno a la condición de la dignidad individual del ciudadano.

Señores magistrados de la honorable Sala Constitucional, el país confía en el poder que se les ha confiado, es tiempo de recuperar el valor fundamental del derecho que es el de tener certidumbre de consecuencias, estamos seguros que son conscientes de la gravedad de su sentencia, que no solo lo es de legalidad del proceso, sino que sus dimensiones son las de marcar el inicio de un camino bifurcado, entre la solución de la estabilidad del país o del caos económico, político y social, por lo más valioso de sus creencias, las mías son en Dios, rogamos resuelvan en el tiempo y la forma que sus conciencias les dicten en buen juicio respecto de todos, como lo dicen ustedes de manera elegante y elocuente erga omnes.