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El Departamento de Estado de Estados Unidos ordenó a sus funcionarios consulares en todo el mundo evaluar de forma más estricta la salud de los solicitantes de visa, incluyendo condiciones crónicas como obesidad, diabetes, cáncer o enfermedades cardíacas como posibles razones de rechazo.
La medida, impulsada por la administración de Donald Trump, amplía la interpretación de la llamada regla de “carga pública”, que impide otorgar residencia o visas a personas que puedan representar un costo significativo para el sistema de salud estadounidense.
La instrucción fue emitida el 6 de noviembre por el secretario de Estado, Marco Rubio, mediante un cable interno al que tuvo acceso The Washington Post.
En el documento se indica que los consulados deben tener en cuenta no solo las enfermedades contagiosas, sino también aquellas que podrían generar gastos médicos elevados o requerir atención prolongada.
Entre los factores que ahora deberán considerar los funcionarios se incluyen la obesidad, mencionada por su vínculo con apnea del sueño, hipertensión y depresión, además de la edad del solicitante, el número de dependientes y la existencia de familiares con discapacidades o necesidades especiales.
Rubio justificó la medida en el marco de la política migratoria de Trump, argumentando que busca evitar que personas con potenciales problemas de salud se conviertan en una carga financiera para los contribuyentes.
“Durante un siglo esta ha sido la norma, pero ahora se está aplicando plenamente”, señaló una portavoz de la Casa Blanca.
Expertos en migración advirtieron que la nueva directriz otorga a los funcionarios consulares una discrecionalidad amplia para negar visas, incluso por condiciones comunes que antes no eran motivo de descalificación.
Además, la medida podría afectar de manera particular a solicitantes de bajos recursos o sin seguro médico, mientras que las visas humanitarias permanecerían exentas.
