En un mes TSE castigó a 3 personas con inhabilitación para ocupar cargos públicos por beligerancia política
Rodrigo Chaves ha sido motivo de polémica por esta situación
Al buen entendedor, pocas palabras. En cuestión de un mes, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) declaró con lugar tres denuncias por beligerancia política e impuso sanciones de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos a las personas denunciadas; además, destituyó a un funcionario en ejercicio por utilizar su puesto con fines electorales.
La noticia se da a conocer mientras el presidente Rodrigo Chaves enfrenta al menos cinco expedientes por el mismo supuesto delito, en un contexto en el que se le señala por presuntamente aprovechar su investidura y las conferencias de gobierno para impulsar al oficialismo rumbo a las elecciones de febrero de 2026.
Las resoluciones, emitidas por la Sección Especializada del TSE, incluyen la destitución de Kendall Esteban Viales Cruz del Instituto Mixto de Ayuda Social y su inhabilitación por tres años, tras confirmarse que en 2019, mientras integraba la Junta de Crédito Local del Banco Popular en Santa Cruz, Guanacaste, participó en una Asamblea Cantonal del PLN y se postuló como precandidato a regidor para los comicios municipales de 2020.
En otro fallo, el tribunal sancionó con cuatro años de inhabilitación a Patricia Mora Castellanos, expresidenta ejecutiva del INAMU y exministra de la Condición de la Mujer, por asistir en 2019 a una Asamblea Nacional del Frente Amplio y pronunciar un discurso de carácter político, inmediatamente después de que se discutiera una moción relacionada con su papel en el gobierno de Carlos Alvarado Quesada.
Asimismo, el TSE impuso dos años de inhabilitación a Fernando Natalio González Ledezma, quien formaba parte del Consejo Nacional del Deporte y la Recreación, por desempeñarse como fiscal general de una Junta Receptora de Votos en las elecciones nacionales de 2022, acreditado por el Partido Acción Ciudadana (PAC). Su destitución no fue aplicable por su condición de pensionado.
Las resoluciones pueden ser impugnadas ante el pleno del TSE.
El antecedente cobra relevancia política al considerar que, si el TSE declarara culpable al presidente Chaves por beligerancia política, podría enfrentar destitución y una inhabilitación de entre dos y cuatro años.
Aunque el mandatario no ha mencionado de forma explícita un partido o candidato a favorecer, sus opositores denuncian que ha llamado reiteradamente a votar contra agrupaciones políticas específicas, utilizando su posición y plataforma oficial para influir en el electorado.
El presidente Chaves, denunció que el TSE intenta imponerle una “mordaza” al Gobierno al prohibir la difusión de logros y la imagen de sus jerarcas durante la próxima campaña política.
Según Chaves, se trata del “acto más oscuro en materia electoral para Costa Rica desde la fundación de la Segunda República”.
La polémica surge tras una resolución del TSE que restringe al Poder Ejecutivo, así como a otras instituciones públicas, de divulgar cualquier tipo de contenido que exalte su gestión entre octubre y el cierre del proceso electoral en 2026. La medida, que abarca redes sociales y medios convencionales —pagados o no—, busca evitar el uso indebido del aparato estatal durante la campaña.
Chaves arremetió con fuerza contra la decisión y sugirió motivaciones políticas detrás del fallo.
“Decidieron callar al gobierno, a mis colegas ministros y a este servidor, callar, amordazar. Tienen pánico porque el pueblo despertó, porque el pueblo tiene certeza en sus corazones de que el Gobierno está haciendo lo que el pueblo le ordenó”, aseguró.