Desafío para el Estado: el cuidado como derecho humano

Todos los días, vivimos en nuestros hogares, o conocemos de familias muy cercanas que viven, la necesidad de cuidar personas adultas mayores, parejas, personas enfermas, niños o niñas, o en otras condiciones que así lo requieren, generalmente sin los apoyos adecuados. Es el pan nuestro de cada día. 

Lector, lectora, hemos recibido cuidado y nos tocará cuidar en algún momento. El cuidado no es un favor ni un privilegio: es un derecho humano. 

Así lo reafirma la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva 31 de 2025, un hito que marca un antes y un después en la forma en que entendemos y garantizamos el cuidado en Iberoamérica. En este mismo Foro de Opinión, hace tres años, señalé, en un artículo titulado “Reforma del Estado ¿a la tica?”¹, la necesidad de “colocar realmente a la ciudadanía en el centro de la gestión y políticas públicas, respetar los Derechos Humanos, alcanzar una justicia pronta y cumplida, así como lograr el más adecuado reparto de la riqueza”.

El pronunciamiento de la Corte aborda el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado, así como su conexión con la vida, la familia y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, reforzando, de esta manera, la necesidad de un cambio en nuestra gestión pública y en la forma en que la administración pública se relaciona con la sociedad. 

Avanzar hacia sociedades más justas implica reconocer que el cuidado es un pilar para la dignidad humana y la cohesión social. En Costa Rica, la implementación de un Sistema Nacional de Cuidados no es solo un asunto de política social: es un desafío de gobernanza pública.

Estudios recientes indican que avanzar hacia un modelo de Nueva Gobernanza Pública significa colocar la colaboración en el centro de la gestión, dentro y fuera del Estado. Para efectos de dicho Sistema Nacional, esto exige articular instituciones, niveles de gobierno y actores sociales para generar valor público sostenible. 

En el tema de la protección de los derechos humanos, como el del cuidado, que nos ocupa en esta reflexión, nuestro país tiene la oportunidad de dar un paso más allá: transformar ese derecho en políticas concretas, con mecanismos colaborativos que aseguren cobertura, calidad y equidad.

En el contexto de campaña electoral para la Presidencia y Diputaciones 2026-2030, corresponde colocar las siguientes inquietudes, y preguntarnos como sociedad: ¿Quién cuida a las personas cuidadoras, generalmente mujeres, por cierto? ¿Qué innovaciones institucionales necesitamos para que el sistema de cuidados en Costa Rica sea realmente, colaborativo, transparente, inclusivo y sostenible? ¿Qué pasos se deberían priorizar para garantizar sistemas de cuidado que respondan a las necesidades actuales y futuras de la población?

Investigaciones recientes muestran que la confianza de las personas hacia el Estado depende, en gran medida, de la transparencia en la acción pública. La transparencia no solo es un principio del Estado Abierto, sino la condición para que participación y colaboración sean reales. 

Un Estado transparente permite que la ciudadanía no sea solo receptora de servicios, sino parte activa en la definición de prioridades y en la construcción de soluciones. En el ámbito de los cuidados, esto es fundamental: solo un Estado abierto y transparente puede garantizar que las políticas respondan a necesidades colectivas, evitando opacidad y exclusiones.

Alineado con el pronunciamiento de la Corte, la CEPAL, ONU Mujeres y la OIT lanzaron los "Lineamientos para políticas de cuidado desde una perspectiva de género, territorial e interseccional", un aporte clave para transformar esa visión en políticas públicas concretas. Estas organizaciones multilaterales hacen un llamado a los Estados de la región a colocar el cuidado en el centro de la agenda pública, como parte de un nuevo contrato social.

Desde la Nueva Gobernanza Pública (NGP), en este documento se subraya que las políticas de cuidado deben diseñarse e implementarse en alianza con la sociedad civil, el sector privado, las comunidades y organizaciones sociales. Esto refleja un principio central de la NGP: la co-producción de políticas públicas a través de redes de actores públicos y privados, con corresponsabilidad en la provisión y gestión de bienes y servicios. Una forma distinta de atender lo público; una forma distinta que debemos articular e implementar en Costa Rica.

En Costa Rica ha llegado la hora de que el cuidado deje de ser un asunto privado y se convierta en un verdadero compromiso de Estado. Hacerlo es invertir en dignidad, igualdad y cohesión social, no hacerlo es hipotecar nuestro futuro.

1 https://origin.larepublica.net/noticia/reforma-del-estado-a-la-tica

Leonardo Castellón Rodríguez

Decano, Facultad de Ciencias Económicas

Universidad de Costa Rica

leonardo.castellon@ucr.ac.cr

8 de setiembre de 2025