Defensoría quiere que todo funcionariado que maneje fondos públicos rinda declaración patrimonial

La Defensoría de los Habitantes solicitó al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), que se valore ampliar el concepto de Persona Expuesta Políticamente en la Reglamentación y normativa que emite ese órgano supervisor y entidades reguladoras como Sugeval, Sugese, Sugef y Supen para abarcar a todo servidor público en la obligación de rendir declaración jurada sobre su situación patrimonial.

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Actualmente, el Reglamento General sobre legislación contra el narcotráfico, actividades conexas, legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y delincuencia organizada, establece que las personas expuestas políticamente son aquellas que de conformidad con la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, deben rendir declaración jurada sobre su situación patrimonial ante la Controlaría General de la República, por ocupar altos cargos como por ejemplo: los Diputados, el Presidente de la República, los Vicepresidentes; los Ministros, los Viceministros, los Magistrados, el Contralor y el Subcontralor Generales de la República, el Defensor y el Defensor Adjunto de los Habitantes, entre otros.

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Sin embargo, al considerar la lista de cargos públicos descritos en la definición que incorpora el Conassif en su reglamentación y normativa y, al tomar en cuenta las situaciones y actos de corrupción en la función pública denunciados por la prensa en los últimos años que involucran a personas que no necesariamente ostentan altos cargos en la función pública; lleva a estimar como de interés nacional el fortalecer la gestión de riesgo sobre estos servidores públicos, a efecto de que el sistema financiero pueda tomar las medidas para establecer la fuente de riqueza y el origen de los fondos de esas personas y llevar a cabo un monitoreo continuo de la relación comercial que desarrollen.