Contraloría pide declarar inconstitucional la nueva ley Jaguar por fomentar “la corrupción”
La nueva versión de la ley mantiene la esencia del proyecto original, según Marta Acosta
Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Lunes 19 agosto, 2024 02:02 p. m.
Una vez más, Marta Acosta, contralora general, acudió a la Sala IV para solicitar que se declare ilegal el referéndum Jaguar propuesto por el presidente Rodrigo Chaves.
Es la segunda vez en el último mes y medio que Acosta acude al máximo tribunal para oponerse a la consulta popular.
En esta ocasión, la contralora cuestiona que la nueva versión del proyecto de ley que validaría el referéndum abre un portillo para la corrupción, al modificar varios artículos de la ley orgánica de la Contraloría que disminuirían la fiscalización.
“Es evidente que la intención no es fortalecer o aclarar el ejercicio de las competencias constitucionales y legales del órgano contralor. La reforma cercena competencias y genera un vaciamiento del contenido sustancial de las funciones al tener la prohibición un impacto transversal (…) Permitiría a las personas funcionarias públicas escoger de forma subjetiva a los contratistas para el diseño y construcción de obra pública, lo cual promueve la corrupción y la desviación de poder en la función pública, y transgrede los principios constitucionales de licitación”, afirma la Contraloría.
Acosta señaló que la nueva versión de la “ley Jaguar” mantiene la esencia del proyecto original.
La Ley Jaguar para el Desarrollo Nacional, presentada por el presidente Chaves, implica un referéndum antes de las elecciones presidenciales del 2026 y se centrará en un grupo limitado de temas. Básicamente, se trata de una reforma de la ley que regula a la Contraloría General, el desarrollo de Ciudad Gobierno y la Marina y Terminal de Cruceros de Limón.
La propuesta de ley modifica la ley de contratación administrativa y aclara normas y competencias de la Contraloría General. En caso de que la Asamblea Legislativa no le otorgue los 29 votos necesarios para avanzar con la consulta, se recurrirá al mecanismo de iniciativa popular, buscando la firma del 5% del padrón electoral.
Este es el segundo intento de Chaves en este tema, ya que anteriormente la Sala IV declaró ilegal la primera propuesta.
