Alberto Cañas

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Miércoles 6 Febrero, 2008

CHISPORROTEOS

Alberto F. Cañas

En relación con la que llaman legislación complementaria del TLC, se insiste en una serie de inexactitudes, y, naturalmente, en cargarse al PAC atribuyéndole toda clase de infamias, saboteos y medidas anti-democráticas, y me parece, con el perdón de ustedes que es hora de aclarar las cosas.

El TLC se tramitó en secreto. Los plenipotenciarios no enteraron al país de lo que negociaban. Y (no está claro si por imposición extranjera o motu proprio) incluyeron en él una obligación para Costa Rica de cambiar su sistema social democrático y su república solidaria por un modelo capitalista, sin informar al país ni consultar a la opinión pública sobre el particular. Simplemente nos dijeron: eso que el pueblo ha aprobado y construido elección tras elección, hay que cambiarlo. Ahí está, lo toma o lo toma.



No conozco, el texto preciso de la obligación que le impusieron a la Asamblea Legislativa de Costa Rica, y que algunos pretenden que fue una limitación inconstitucional a la acción de los diputados costarricenses. En todo caso, presumo que lo que nos impusieron fue liquidar el monopolio de seguros (que ningún daño y mucho bien ha hecho a los costarricenses comunes y corrientes), y otorgar (no sé si por licitación como debe ser, o por concesión) bandas celulares a empresas privadas. De lo que sí estoy seguro es de que, habiéndose tramitado la cosa durante el gobierno de Pacheco, la obligación de los diputados no consistió en aprobar sobre esos temas lo que se le ocurriera a la Administración Arias.

El referendum que culminó un domingo 7 aprobó el tratado. En consecuencia, la obligación que nuestros ideológicos negociadores nos impusieron, de cambiar nuestro sistema por un sistema capitalista, ya que, según algunos pregonaban, el sistema socialdemócrata está agotado (circunstancia de la que los países escandinavos, entre otros, no se han enterado y que en Costa Rica más bien lo infiltraron para corromperlo).

Bien, esos proyectos los debió formular la administración Pacheco, pero los redactó la actual. Y a muchos diputados, y ciudadanos, no nos gustan. No es cierto que los costarricenses que, espontáneamente o asustados votaron sí, hubiesen ordenado la aprobación de esos proyectos específicos, entre los cuales se ha publicado que venía la entrega de nuestros teléfonos fijos a empresas privadas.

Quienes dan alaridos porque la diputación del PAC no corre a aprobar lo que el gobierno redactó, no han explicado ni analizado ellos esos proyectos, no los han defendido en detalle, pero insisten en que es antidemocrático y antipatriótico no correr a aprobarlos a pito y caja.

Lo poco que se ha publicado sobre ellos me induce a creer que hay que modificarlos o rechazarlos por una razón muy sencilla: porque incurren en el defecto que en derecho llamamos ultra petita, que es conceder más de lo que nos piden.

Pero no. Siguen sonando el pito y la caja, y los diputados que no atienden el pito ni bailan con la caja, son antidemócratas, porque ser demócrata es aprobar a toda carrera los textos con que la Administración Arias interpreta la obligación que en secreto y sin decir agua va, le impusieron a Costa Rica, por supuesto democráticamente, sus plenipotenciarios.

Ustedes se habrán dado cuenta de que en ninguna parte han logrado los diputados del PAC que se informe cuáles son las mociones que ellos han planteado a los proyectos Arias. De tal manera que sobre ellas no hay discusión. Les están diciendo no, los mismos que le dijeron sí a lo que se negoció en secreto.

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