Cerrar Conavi sería una solución radical, según diputados

El pago de supuestos sobornos en la construcción y adjudicación de millonarios de contratos de obra pública, no debe servir de argumento para cerrar el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), lo cual, sería una medida radical, según varios diputados de oposición.

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En su lugar, se debe promover una reingeniería que garantice la transparencia en el uso de fondos públicos para construir y darle mantenimiento a la red vial costarricense.

Y es que legislar “al calor del momento” implicaría que el país quede a la deriva en esta importante tarea por tiempo indefinido, sin importar que es fundamental mejorar el clima de negocios en momentos en que el país lucha por atraer más inversión y generar empleos en medio de la emergencia mundial por la Covid-19.

“No se trata solo de cerrar por cerrar o de cambiarle el nombre a una institución para que se llame diferente. Se trata de aplicar una verdadera ingeniería al sistema de construcción de obra pública. Antes de tomar una decisión de esa naturaleza, deben primero tomarse medidas integrales que permitan cerrar los espacios a la comisión de actos de corrupción en la función pública”, dijo María José Corrales, jefa de fracción de Liberación Nacional.

Implementar recomendaciones de buen gobierno corporativo, evitar la concentración de contratos para que ninguna empresa puede tener más del 25% de los contratos que se ejecuten e implementar el uso correcto del Sistema Integrado de Compras Públicas, son algunas de las tareas que ayudarían a darle transparencia a la institución.

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Asimismo, se debe tomar en consideración y realizar los correctivos que tanto Lanamme y la auditoria han encontrado y eliminar las puertas giratorias de plazas entre esta institución, el MOPT, las empresas contratantes y los laboratorios de calidad, según Jonathan Prendas, jefe de fracción de Nueva República.

El Conavi se encuentra en el ojo de la tormenta tras darse a conocer una supuesta red de sobornos que incluyó a funcionarios de esa institución y grandes empresas constructoras como Meco y H. Solís.

La investigación que realiza el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público por el caso conocido como “Cochinilla” implica a unos 20 funcionarios públicos, quienes habrían recibido lotes, viajes, carros y favores sexuales, en algunos casos.

Peculado, cohecho, malversación de fondos, uso de documento falso y tráfico de influencias serían los delitos que se están investigando.

No se trata solo de cerrar por cerrar o de cambiarle el nombre a una institución para que se llame diferente. Se trata de aplicar una verdadera ingeniería al sistema de construcción de obra pública.

Antes de tomar una decisión de esa naturaleza, deben primero tomarse medidas integrales que permitan cerrar los espacios a la comisión de actos de corrupción en la función pública, identificar con claridad las fallas sistémicas que se han dado en el Conavi y que han permitido que los delitos bajo investigación hayan ocurrido y que existan sanciones a las personas responsables, según se determine.

Eduardo Cruickshank

Jefe de fracción

Restauración

La decisión de cerrar o no Conavi debe responder a una auditoría en la que se evalúen sus objetivos, funciones y logros, que además permita realizar una evaluación de costo – beneficio para determinar lo que más le conviene al país. Soy de la tesis de transparentar su labor.

Me parece que las propuestas han surgido luego de situaciones críticas; pero cerrar Conavi o cualquier otra institución pública, no debe ser una reacción tomada al calor de acontecimientos como los actuales, sino producto de una auditoría de fondo que pueda determinar los pro y contras para cerrarla o no.

Jonathan Prendas

Jefe de fracción

Nueva República

El Conavi, como órgano encargado de la conservación vial y supervisor de los proyectos de infraestructura debe ser reestructurado y volver a convertirse en el fondo vial para lo que fue constituido.

Para ello, se deben implementar recomendaciones de buen gobierno corporativo, evitar la concentración de contratos para que ninguna empresa puede tener más del 25% de los contratos que se ejecuten e implementar el uso correcto del Sistema Integral de Compras Públicas.

Por otra parte, se debe tomar en consideración y realizar los correctivos que tanto Lanamme y la auditoria han encontrado.