María José Corrales: “A Rodolfo Méndez se le acabó el espacio político para maniobrar”

Los acontecimientos del caso “Cochinilla” deben derivar en la salida de Rodolfo Méndez como ministro de Obras Públicas y Transportes, ya que no tiene más espacio político para maniobrar; según María José Corrales, jefa del PLN.

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¿Cree usted que el ministro Rodolfo Méndez debe renunciar?

Considero que al Ministro se le ha agotado el espacio político para maniobrar. Sus constantes contradicciones y el hecho de que los manejos anómalos incluidos en la investigación del caso Cochinilla ocurrieran durante su gestión, son motivos claros para que se aparte del cargo que ostenta. Recordemos que el Ministro no solo es responsable de la parte técnica sobre la gestión propia de ejecución de obras públicas, sino también el responsable político de las decisiones u omisiones que se dieron.

¿Debe cerrarse Conavi?

Antes de tomar una decisión de esa naturaleza, deben primero tomarse medidas integrales que permitan cerrar los espacios a la comisión de actos de corrupción en la función pública, identificar con claridad las fallas sistémicas que se han dado en el Conavi y que han permitido que los delitos bajo investigación hayan ocurrido y que existan sanciones a las personas responsables, según se determine. Si estas acciones no se llevan a cabo, el Estado no estaría resolviendo el problema de fondo. En paralelo se debe pensar en la eficiencia en el uso de los recursos públicos, que garantice que la construcción de obra pública en el país responda al interés de la ciudadanía con transparencia y eficacia y si la mejor forma de acometer esta tarea sería con una reestructuración, una fusión de entidades o una absorción.

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¿Cómo transparentar su función?

Se debe fortalecer el trabajo de las auditorías, que exista una trazabilidad en el control de los proyectos en cada una de sus etapas, generar un clima de transparencia interna a través de códigos de ética que se implementen en la institución, de manera que los funcionarios que realmente están comprometidos en el ejercicio de la función pública, y que estoy segura que son la gran mayoría, puedan plantear las denuncias ante situaciones anómalas sin que esto los exponga a una persecución en su lugar de trabajo. Recordemos que, con base en lo que se ha conocido del caso Cochinilla, las voces de alerta sobre lo que estaba ocurriendo nació a raíz de información que los propios funcionarios de Conavi brindaron a los agentes judiciales.

¿Cree usted que las empresas señaladas en este caso – constructoras y fiscalizadoras – deben ser excluidas de procesos de licitación venideros?

Considero que, en primera instancia, las decisiones que se adopten deben estar apegadas al ordenamiento jurídico. En segunda instancia, debe existir una evaluación muy minuciosa sobre los contratos vigentes sobre todo en los que participan las empresas señaladas y si existían gestiones en caminos para ampliar contratos, ante lo cual el Gobierno debería establecer medidas precautorias sobre las empresas investigadas y en tercer ámbito, se debe determinar un trabajo exhaustivo que indique la eventual colusión de empresas constructoras de obra pública para evitar que estas situaciones que son contrarias al interés público y al eficiente manejo de los recursos públicos se repitan en futuras licitaciones.

Durante años se ha hablado de cerrar el Conavi, pero no se concreta ninguna propuesta, ¿a qué lo atribuiría?

A que no se trata solo de cerrar por cerrar o de cambiarle el nombre a una institución para que se llame diferente. Se trata de aplicar una verdadera ingeniería al sistema de construcción de obra pública que aporte eficiencia y transparencia, aspectos que lamentablemente no se han venido cumpliendo.