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Las intenciones del gobierno de Laura Fernández de cobrar un impuesto del 15% por cualquier dividendo, regalía, alquiler y ganancia de capital que obtenga un costarricense o una empresa local en el extranjero han abierto un debate entre expertos tributarios.
Para algunos, se trata de un nuevo impuesto por parte de la administración tributaria que incluso implicaría una doble imposición, mientras que otros expertos en la materia señalan que el objetivo es acabar con la inequidad que hoy existe en esta materia.
Si se considera un nuevo impuesto, se necesitarán 38 votos para su aprobación; por el contrario, si se estudia solo como una reforma a un impuesto vigente, solo serán necesarios 29 votos.
En este último escenario, el partido oficialista de Pueblo Soberano sí podrá aprobar la ley sin el concurso de otros actores, pero si se le da categoría de nuevo tributo, necesariamente ocupará del apoyo de otros partidos.
El gobierno ha dicho en varias ocasiones que no impulsará nuevos tributos.
“El cambio de fondo no es solamente una tarifa del 15%. Con este proyecto, oficialmente este Gobierno está proponiendo la implementación de un nuevo impuesto para los residentes fiscales en Costa Rica sobre sus rentas pasivas del extranjero. Estamos incorporando renta mundial para este tipo de rentas: una inversión o una propiedad puede estar completamente fuera de Costa Rica y generar su renta fuera del país y, aun así, Costa Rica pretende gravarla por la residencia fiscal de quien la obtiene”, señaló Gabriel Zamora Baudrit, abogado tributario.
Paralelamente, existe preocupación por un escenario de eventual doble imposición tributaria, a pesar de que la iniciativa propone reconocer los tributos que se cancelen en el país en donde se originó la renta.
Y es que la propuesta establece que, para determinar la renta imponible en Costa Rica, del monto bruto percibido se deducirá el impuesto análogo retenido o pagado en el extranjero y, sobre el resultado, se aplicará la tarifa correspondiente.
El problema es que esta fórmula no equivale a reconocer directamente como crédito el impuesto que ya fue pagado en el extranjero, agregó Zamora.
“El proyecto reconoce el impuesto pagado en el exterior, pero la fórmula escogida no necesariamente elimina la doble imposición. Si una persona recibe $100 de dividendos y paga $30 en Estados Unidos, Costa Rica no toma esos 30 dólares como crédito contra su impuesto. Los resta de la renta y cobra el 15% sobre los $70 restantes. En ese ejemplo concreto, la carga conjunta termina siendo del 40,5%”, explicó Zamora.
Hoy día, Costa Rica grava las rentas que se obtienen en el extranjero de forma excepcional y en casos muy circunscritos, según Adolfo Sanabria Mercado, asesor fiscal.
Esto, porque la inclusión de Costa Rica en la “lista gris” de la Unión Europea por, supuestamente, propiciar esquemas de planificación fiscal agresivos, introdujo por primera vez el impuesto a ciertas rentas provenientes del exterior.
Sin embargo, se restringió este gravamen únicamente a personas jurídicas domiciliadas pertenecientes a grupos multinacionales y que no cuentan con “sustancia económica”.
“Según argumenta la exposición de motivos de esta nueva propuesta, el marco actual genera una clara inequidad e inconsistencia: dos residentes costarricenses que perciben exactamente los mismos rendimientos en el extranjero reciben un trato fiscal distinto según si pertenecen o no a un grupo multinacional o si cuentan con "sustancia económica" en el país (…) El proyecto pretende eliminar la distinción por "grupos multinacionales" y aplicar una regla objetiva basada únicamente en la residencia fiscal del contribuyente. De este modo, cualquier persona física, jurídica o estructura residente en Costa Rica que reciba rentas pasivas del exterior estará sujeta al impuesto sobre la renta costarricense”, agregó Mercado.
En este caso, solo se requieren 29 votos para la aprobación del proyecto.
La propuesta fue presentada a la corriente legislativa el 23 de septiembre anterior, por lo que apenas está iniciando su trámite.
Adicionalmente, el gobierno presentó otra iniciativa para establecer un nuevo régimen para la administración, fiscalización y control de las exoneraciones. En este caso, por ejemplo, se eliminan las exenciones sobre aranceles, impuesto al valor agregado (IVA), selectivo de consumo y propiedad de vehículos, además de las exoneraciones que disfrutan las universidades y el OIJ, entre otras dependencias públicas.
La idea es luchar contra la evasión fiscal y el contrabando.
“Estos dos proyectos forman parte de la estrategia nacional de lucha contra el contrabando y la evasión fiscal, vienen a fortalecer la transparencia y eficiencia del sistema tributario costarricense y potencian la capacidad de control y recaudación del Ministerio de Hacienda, sobre todo sobre algunos sectores que hasta hoy siguen recogiendo beneficios por los vacíos legales que han estado en la normativa tributaria por años”, expuso Víctor Julio Carvajal, viceministro de Ingresos.
