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BID y Banco Mundial: “Tiempo para resolver crisis fiscal se acaba”

Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Martes 15 diciembre, 2015 12:00 a. m.




En una serie de reuniones con los diputados, personeros del BID y el Banco Mundial, advirtieron a los partidos políticos que en seis meses aproximadamente, Costa Rica entraría en crisis por el déficit fiscal.

Legisladores del PUSC, el Movimiento Libertario y Liberación Nacional, confirmaron hoy en la tarde en el Plenario, las advertencias que lanzaron los funcionarios de esas dependencias.

La preocupación de los bancos internacionales se debe a que el país está alcanzando un límite de endeudamiento interno poco manejable y a que China se negó a prestarle recursos al país.

En ese sentido, Fabrizio Zarcone del Banco Mundial y Javier Biverinott Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pidieron a los legisladores no atrasar más los proyectos de IVA y renta, con el objetivo de que el Gobierno pueda recaudar nuevos impuestos.

“El hecho de que hoy estén personeros del BID y del Banco Mundial diciendo que, efectivamente, el tiempo se acabó, da credibilidad a lo que el Gobierno ha venido haciendo; pero también debe ser un compromiso de los otros sectores”, dijo Marco Redondo, diputado del PAC.

Pese a las advertencias del Banco Mundial y el BID, esta tarde los principales partidos de oposición, retiraron que no habrá nuevos gravámenes, hasta que no se contenga el gasto público.

En ese sentido, cuestionaron el viaje que hizo el Presidente a Cuba con una comitiva de 30 personas, así como el millonario presupuesto de la República para el 2016, de unos ¢8 billones.

“El tema del déficit fiscal no se soluciona solo con impuestos, la Unidad considera que se requiere de un trabajo más integral. Se requieren en primer lugar medidas para estimular el crecimiento económico y luego el Poder Ejecutivo debe dar muestras de contención del gasto, antes de pensar en paquetes de impuestos”, expresó Johnny Leiva, jefe del PUSC.

Los congresistas exigen el establecimiento de límites a los salarios públicos y pensiones con cargo al presupuesto, así como una revisión de las exoneraciones y los tributos que no se cobran.







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