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En momentos en que las estafas electrónicas se están convirtiendo en el principal problema criminal del país, el proyecto de ley que aprobaron anoche los diputados para frenar ese delito “está muy lejos de resolver el problema real de crimen organizado”, de acuerdo con la Asociación Bancaria Costarricense.
Y es que, aunque el texto define principios de responsabilidad y causales eximentes, omite elementos técnicos clave y no ataca el núcleo del problema: el crimen organizado detrás de las estafas.
“Las estafas electrónicas constituyen un fenómeno asociado al crimen organizado que requiere un enfoque integral basado en la prevención, la educación financiera y la cooperación entre autoridades, entidades financieras y ciudadanía”, señaló la organización en un comunicado.
Según los bancos, los diputados no incorporaron todos los criterios técnicos necesarios para abordar integralmente este delito, pues el proyecto no establece responsabilidades directas para quienes cometen las estafas.
Uno de los principales señalamientos es la ausencia de la figura de culpa grave dentro del análisis de responsabilidades.
“Este concepto permitiría delimitar con mayor precisión los casos en los que corresponde o no una indemnización, fortalecer la seguridad jurídica y garantizar un equilibrio entre la protección del usuario y los principios de justicia y razonabilidad”, dijo la ABC.
La iniciativa en cuestión, introduce cambios sustanciales en la atención de fraudes electrónicos, al eliminar la presunción automática de culpa del usuario y trasladar a las entidades financieras como bancos, mutuales, cooperativas y otros, la obligación de investigar cada caso en un plazo de 120 días naturales.
El proyecto aún debe superar el segundo debate para convertirse en ley, mientras algunos legisladores del PUSC no descartan acudir a la Sala Constitucional.
La reforma establece que cuando un cliente rechace una operación o denuncie una estafa electrónica, deberá presentar el reclamo ante su banco en un plazo máximo de 30 días naturales, acompañado de la denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Si la entidad no responde en el plazo establecido, estará obligada a reintegrar el dinero en un máximo de 10 días, sin perjuicio de que posteriormente pueda reclamar judicialmente.
La ley contempla excepciones en casos de autofraude, dolo, transferencias entre cuentas del mismo titular o familiares hasta segundo grado, entre otros supuestos.
El debate se da en medio de un crecimiento sostenido de este tipo de delitos.
De acuerdo con datos del OIJ, en 2022 se registraron 3.136 denuncias por estafas electrónicas.
Para 2025, la cifra ascendió a 10.027 casos, lo que representó un aumento del 41% respecto al año anterior.
Para el sector bancario, el combate a este fenómeno no puede limitarse a la discusión sobre quién asume la responsabilidad patrimonial, sino que debe centrarse en desarticular las estructuras criminales que operan detrás de los fraudes digitales.
