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Si hablan los técnicos y los políticos no escuchan ya sabemos lo que sucede

Así no es posible avanzar

Ante la maraña que surge siempre que se busca entender qué hace fracasar en Costa Rica el sistema de obra pública por concesión, de buenos resultados en otros países, hay cosas de sentido común.
En el momento en que un gobierno decide que el sistema de concesión es el indicado para alguna obra indispensable, que es imposible o inconveniente construir de otro modo, debe poner al día y dotar de lo necesario (recursos materiales y humanos) a los departamentos de la institución a cargo que deberán entrar en acción para que el proceso se lleve a buen término. Nada debe poner en peligro los plazos de ejecución porque esto significa aumento en los presupuestos, entre otros males.
Pero luego es esencial que se escuchen los señalamientos que haga oportunamente la empresa contratada para realizar la supervisión del proceso. Si hablan los técnicos y los políticos no escuchan ya sabemos lo que sucede.
Sin embargo, en el caso de la concesión para la ampliación de la carretera a San Ramón, los pasos que tanto el Estado como la concesionaria deberían haber dado en unos pocos meses, llevan ya más de cinco años atrapados en la maraña.
Mientras tanto, empresarios y trabajadores que cada día se desplazan por esa vía en ambas direcciones sufren las consecuencias. Por si esto fuera poco, se le ha pagado ya a la empresa encargada de supervisar el desarrollo del proyecto más de $2 millones.
Lo que no se entiende es cómo se pueden supervisar planos o diseños, entre otras cosas, si no estaban aún expropiados los terrenos sobre los cuales se construiría la vía. ¿Y los correspondientes estudios de suelos? Suponemos que estos últimos son los que deben garantizar que a futuro no se hunda la carretera en ciertas zonas como lo ocurrido recientemente en la que va a Caldera.
Hoy estamos como al inicio en la ruta a San Ramón. En el punto de partida. Se han hecho nuevos estudios para definir el volumen de tránsito que tendrá en los próximos años para establecer tarifas de peajes.
Pero la pregunta sigue siendo la misma de hace casi seis años: ¿está todo listo para que de manera fluida se ejecuten las acciones en el tiempo que señala la ley? ¿Se han destinado los recursos materiales y humanos necesarios para que así sea? O entraremos a una segunda etapa de la maraña sin que se hayan corregido los errores que causaron la primera.
Porque al menos en lo que atañe al proyecto para una nueva ley de expropiaciones, aún se encuentra en la comisión de jurídicos para recibir un dictamen que la envíe nuevamente al plenario legislativo.
¿Puede Costa Rica avanzar de este modo?



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