América Latina ante el reconocimiento jurídico del derecho a un medio ambiente sano

Por José Ángel Vega Licea

Investigador en Gestión del Conocimiento en Políticas Públicas y Derechos Humanos.

La crisis climática dejó de ser una simple advertencia para convertirse en una realidad devastadora y palpable que afecta nuestra vida cotidiana. El aumento constante de las temperaturas, los incendios incontrolables, las sequías prolongadas y las lluvias extremas ya no son fenómenos futuros o hipotéticos, sino parte del paisaje actual en muchas regiones del mundo, incluida América Latina, que no escapa a sus consecuencias.

Hasta ahora, la respuesta del derecho internacional ha sido lenta y dispersa. Los países han asumido compromisos poco estrictos, muchas de las metas establecidas no se han cumplido, y las promesas políticas rara vez se traducen en acciones reales y obligatorias para enfrentar la crisis climática.

En este contexto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio un paso histórico al reconocer, el pasado 3 julio en San José Costa Rica, el derecho autónomo a un clima sano como un derecho humano exigible. Lo hizo en su Opinión Consultiva 32/2025, emitida a petición de Chile y Colombia. 

Es importante mencionar que, aunque no se trata de una sentencia vinculante en sentido estricto, esta opinión tiene un peso legal ineludible para los 35 países que integran el sistema interamericano, así como una fuerza moral que trasciende fronteras y regiones.

¿Pero por qué es tan trascendental? Porque la Corte, en esta ocasión, no se limitó a declarar principios generales, hizo algo mucho más valioso: tradujo la urgencia climática en obligaciones jurídicas concretas para los Estados. Les exige respetar, proteger y cumplir; les exige actuar de forma inmediata y eficaz y les exige hacerlo con enfoque de derechos humanos; reconociendo que la crisis climática golpea con más fuerza a quienes menos responsabilidad tienen en su origen: mujeres, niñas, pueblos indígenas, personas en situación de pobreza y comunidades racializadas.

Este fallo establece que los Estados no pueden seguir aplazando decisiones difíciles. No pueden seguir subsidiando combustibles fósiles mientras criminalizan a defensores ambientales. No pueden proclamar la lucha contra el cambio climático en foros internacionales y permitir al mismo tiempo megaproyectos extractivos sin consulta previa ni evaluación de impacto ambiental. 

Asimismo, uno de los aspectos más innovadores es que el tribunal definió el derecho humano al clima saludable como “aquel que se deriva de un sistema climático libre de interferencias antropogénicas peligrosas para los seres humanos y para la Naturaleza como un todo”. Esta perspectiva no solo implica proteger a las personas, sino también reconocer el valor intrínseco del equilibrio ecológico como base de la vida digna.

Además, la Corte fue clara al establecer que “los Estados deben abstenerse de todo comportamiento que cause un retroceso injustificado en la protección frente a la crisis climática, y a la vez adoptar todas las medidas necesarias para disminuir los riesgos derivados de la degradación del sistema climático”.

A partir de estos pronunciamientos, la Corte Interamericana marca un antes y un después porque pone límites a la indiferencia. Porque recuerda que no hay justicia climática sin justicia social. Y porque afirma, con fuerza jurídica, que la defensa del planeta no es solo un imperativo ético, es una obligación legal que debe ser cumplida y supervisada.

La tarea ahora es monumental, traducir esta opinión en leyes, políticas públicas, presupuestos y mecanismos de rendición de cuentas reales. No basta con celebrar la decisión hay que implementarla y para ello, se necesita voluntad política, presión ciudadana, y una ciudadanía que comprenda que el cambio climático no es un problema ambiental, sino un problema de derechos humanos.

En ese sentido la OC-32 no podemos visualizarla como un punto final sino como un inicio, un faro jurídico en un tiempo de colapso en nuestra región. Un recordatorio de que el derecho también puede ser herramienta de esperanza, y que aún hay tiempo, poco, pero tiempo al fin, para cambiar el rumbo.

Pero, como en toda crisis, el derecho no lo hará solo. Nos toca exigir, organizar, cuidar. Y, sobre todo, actuar.