Adulto mayor: Del subsidio cruzado al directo

Por MBA Bernal Rodríguez 

Presidente de CANABUS 

El transporte público costarricense atraviesa una crisis económica profunda y los grandes afectados son los usuarios y los adultos mayores. En teoría, las personas adultas mayores tienen garantizado el derecho a viajar gratis o con descuentos en autobuses y trenes urbanos, pero en la práctica, con decenas de rutas en abandono y una flota envejecida, ese derecho se vuelve ilusorio. Lo que ocurre es que el mecanismo que lo sostiene ese beneficio, el subsidio cruzado, diseñado para esto, llegó a su límite. 

Este subsidio cruzado funciona de manera simple: los usuarios que pagan tarifa completa financian a quienes viajan exonerados. Así, la tarifa que se cobra al pasajero común incluye un sobrecosto (costo social) que compensa los viajes de las personas adultas mayores. Se trata de un modelo que, en su momento, pareció ingenioso: garantizar un beneficio social sin necesidad cargo al presupuesto público, pero en un sistema de transporte debilitado, ese diseño dejó de ser viable y se amenaza el derecho de los ciudadanos de oro. 

La base de contribuyentes, es decir, quienes pagan completo, se ha reducido sistemáticamente a lo largo del tiempo por diversos motivos. La competencia de plataformas tecnológicas, el teletrabajo y el transporte informal entre otros factores, han drenado la demanda de los autobuses. Al mismo tiempo, la población mayor de 65 años crece aceleradamente. El resultado es un círculo vicioso: menos pasajeros de pago completo y mayores presiones sobre la tarifa.  Todo esto termina golpeando a los de  adultos mayores. 

Los límites del subsidio cruzado son cada vez más visibles. Primero, la base contributiva: cada vez menos pasajeros sostienen a cada vez más beneficiarios. Segundo, la elasticidad de la demanda: cuando la tarifa sube, los usuarios migran a otras opciones, debilitando aún más al sistema (también se nota que cuando el ingreso del usuario aumenta hay menor demanda de transporte público hay, por tanto se comporta como un bien inferior). Tercero, el territorio: el subsidio solo parece funcionar en rutas con suficiente densidad de pasajeros, lo cual excluye a comunidades rurales o dispersas, donde justamente viven miles de adultos mayores y necesitan del servicio público diariamente. 

A esto se suma un problema de eficiencia distributiva: el beneficio no distingue entre un adulto mayor con alta pensión y otro en condición de pobreza, lo que diluye su impacto social. Y está también la opacidad del diseño: como el costo está escondido en la tarifa, no se sabe con precisión cuánto representa ni se puede planificar con transparencia. Además, se han documentado casos de maltrato y abuso, donde algunos adultos mayores enfrentan cuestionamientos o limitaciones para ejercer un derecho que debería ser incuestionable.

Ante este panorama, Costa Rica debe dar un paso decisivo: migrar hacia un modelo de subsidio directo al adulto mayor. Este esquema significa que el Estado asuma, con recursos presupuestarios, el costo de los viajes de las personas mayores, liberando de esa carga a los demás usuarios del sistema de transporte público.   

La ventaja es que hoy el país ya cuenta con las herramientas tecnológicas para fiscalizar ese subsidio. El SINPE-TP y la tarjeta de adulto mayor (TAM) permiten registrar cada viaje en tiempo real. Cada pasaje validado puede convertirse en un giro directo al operador, con total transparencia y trazabilidad. De esta forma, el subsidio deja de depender de la tarifa y se convierte en una política pública auditable.

El subsidio cruzado cumplió su función en una etapa, pero hoy está agotado. La combinación de envejecimiento poblacional, caída de demanda y abandono de rutas exige un replanteamiento. No se trata de eliminar el beneficio, sino de transformarlo para que sea efectivo.

Pasar del subsidio cruzado al subsidio directo es reconocer que la movilidad de las personas adultas mayores es un bien público, que no debe depender de la suerte de una ruta, de la tarifa que pagan los demás o de la voluntad del operador de la ruta. 

La sociedad costarricense es su conjunto es quien debe estar interesa en que los adultos mayores viajen dignamente.  Corregir los necesio en el sistema de transporte, para seguir ofreciendo ese derecho es también responsabilidad de todos.