Hay montones de casos, en donde por errores de la administración pública, se giran sumas salariales de más, que no corresponden a la persona servidora pública; lo ideal, sería -bajo los principios de buena fe, lealtad y legalidad- que, en el momento, en que estos se percaten, comuniquen del error a la administración y devuelvan las sumas que no les corresponden. No obstante, muchas veces sucede, que ni la empleadora pública, ni la persona trabajadora, se percaten y no sea, hasta mucho tiempo posterior, se comunique que debe haber devolución y en muchos casos, significan sumas millonarias a entregar.
En estos casos, sentencias de la Sala Constitucional (nos. 011507-12; 017024-18; 024367-23; 033093-25) subrayan la importancia de la comunicación y la proporcionalidad, asegurando que las acciones del Estado deben respetar los principios laborales fundamentales, pero a su vez, están en la obligación de procurar los reintegros de las sumas, que no tienen fundamento legal, para haber sido pagadas.
Entonces, la Administración puede recuperar montos pagados en exceso sin necesidad de tramitar el procedimiento ordinario de la Ley General de la Administración Pública, pero eso sí, debe comunicar a la persona la suma adeudada, el número de tractos y la forma de recuperación, con lo cual, se garantiza la oportunidad de objetar las deducciones que se pretendan, por parte de la Administración, para en última instancia ponerse de acuerdo, dentro de la razonabilidad y proporcionalidad, ya que cada caso es muy particular, de acuerdo con las finanzas de la persona y en donde es fundamental, respetar el salario mínimo para vivir, conforme al instituto jurídico de la inembargabilidad.
Ante este panorama, sería esencial -por parte de la Administración- implementar políticas claras sobre la comunicación de deudas salariales a sus empleados, garantizándole la proporcionalidad en cualquier deducción, a fin de evitarles la afectación en su sustento básico y, a la vez, comunicarles, previamente el proceso de reclamación administrativo, en caso de deducciones salariales.
En conclusión, el análisis de la devolución salarial en el sector público, es un tema complejo que involucra tanto aspectos legales, como consideraciones éticas, de buena fe y lealtad, revelando un marco legal que busca proteger tanto los derechos de las personas trabajadoras como la integridad de las finanzas de la administración pública.
Eric Briones
Doctor y Profesor en Derecho Laboral





































