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En días pasados, trascendió la propuesta política de organizar visitas de personas menores de edad provenientes de comunidades vulnerabilizadas a los centros penitenciarios de nuestro país con el supuesto objetivo de "disuadirles" de cometer delitos. Bajo la premisa de que observar el sufrimiento del encierro generará un impacto reflexivo, esta iniciativa no solo carece de rigurosidad científica, sino que incurre en una preocupante vulneración de los derechos humanos, reviviendo mitos punitivos ampliamente superados.
Como especialista en la materia, es imperativo señalar que esta recomendación se aleja por completo de la técnica y la legalidad, posicionándose en la línea de la mera ocurrencia política. Peor aún, arrastra consigo un sesgo discriminatorio inadmisible: la criminalización implícita de la pobreza.
1. El fracaso científico del modelo "Scared Straight"
La idea de "asustar para corregir" no es nueva. Surgió en los Estados Unidos en la década de 1970 bajo el nombre de Scared Straight. Sin embargo, la evidencia científica acumulada durante los últimos cincuenta años por organismos internacionales —incluyendo la Plataforma de Evidencias del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)— demuestra de forma contundente que estos programas no solo no disminuyen la delincuencia, sino que poseen un efecto criminógeno. Es decir, empeoran la situación: los jóvenes sometidos a estos traumas estadísticamente delinquen y reinciden más que aquellos que no participaron en dichas visitas.
Como bien lo han señalado recientemente los Profesionales en Criminología de Costa Rica, estas dinámicas de choque carecen de efectividad. Someter a un niño, niña o persona adolescente a un entorno hostil y de alta tensión como una prisión de adultos(as) no educa; traumatiza, desensibiliza ante la violencia y normaliza el espacio carcelario como un destino probable.
2. Violación flagrante al Principio de Interés Superior y la Doctrina de Protección Integral
Desde la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño y la promulgación de nuestro Código de la Niñez y la Adolescencia, Costa Rica abandonó el viejo modelo tutelar del "menor como objeto de compasión o represión" para asumir la Doctrina de Protección Integral, que reconoce a las personas menores de edad como sujetos plenos de derechos.
Llevar a un grupo de personas menores de edad a una cárcel vulnera el principio del Interés Superior de las personas menores de edad y el deber estatal de garantizar entornos seguros para su desarrollo psico funcional. Exponerle al dolor ajeno y a la infraestructura de la exclusión penal como "herramienta pedagógica" constituye una forma de violencia institucional. El Estado tiene la obligación de abrir las puertas de las escuelas, los centros de tecnología, el deporte y las artes, no las de los pabellones penitenciarios.
3. La criminalización de la pobreza
Quizás el componente más alarmante de esta propuesta es su enfoque selectivo: se dirige explícitamente a las personas menores de edad de "barrios marginados". Al hacer esto, el discurso político reactiva un determinismo social violento que equipara la condición socioeconómica con una propensión intrínseca a la criminalidad.
La pobreza es una vulneración de derechos económicos y sociales, no un factor genético ni una decisión moral de delinquir. Dirigir estas políticas "disuasorias" exclusivamente a los sectores más empobrecidos estigmatiza a comunidades enteras, profundiza la exclusión y absuelve al Estado de su verdadera responsabilidad: resolver la falta de oportunidades estructurales, la expulsión educativa y la penetración del crimen organizado que instrumentaliza la vulnerabilidad económica.
Conclusión: Prevención social, no efectismo penal
La verdadera prevención de la delincuencia juvenil no se logra con el shock ni con el miedo. Se construye mediante políticas públicas de prevención social del delito con base territorial: inyección de recursos en educación de calidad, espacios públicos seguros, salud mental y alternativas de empleo digno para las familias.
Utilizar el sistema penitenciario como un "teatro del terror" para amedrentar a los hijos e hijas de la exclusión social es una ligereza técnica y ética. Costa Rica, históricamente defensora de los derechos humanos, no puede permitir que las ocurrencias desplacen a la ciencia, ni que el populismo punitivo se ensañe con su población más vulnerable: las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en nuestra patria.
Por: Rodolfo Vicente Salazar/Especialista en Derechos Humanos y de personas menores de edad. Académico jubilado de la Universidad Nacional, CIDE, INEINA
