Cuando el poder decide quién puede informar

Generalmente escribo sobre género. Es la causa que ha ocupado buena parte de mi trabajo, mis reflexiones y mis luchas durante muchos años. Pero hay un segundo tema que me resulta igualmente cercano y sobre el cual no puedo guardar silencio: la libertad de prensa.

Durante los últimos 40 años de mi vida profesional me he desempeñado como comunicadora. He conocido el periodismo desde diferentes espacios y responsabilidades, y he aprendido que ejercerlo implica mucho más que informar; significa preguntar, cuestionar, investigar, fiscalizar y, muchas veces, incomodar.

Mi lucha contra la discriminación de género y mi defensa de la libertad de prensa me han hecho merecedora de algunos reconocimientos que recibo, sobre todo, como una responsabilidad. Por eso considero que puedo defender ambas causas con propiedad, no solamente desde la teoría, sino desde ejemplos de vida y desde una trayectoria que me ha permitido observar de cerca el enorme valor que tienen tanto la igualdad como una prensa libre para cualquier sociedad democrática. Hoy quiero hablar de la segunda.

Los gobiernos totalitarios no comenzaron cerrando todos los periódicos el primer día. Antes de controlar completamente la información hubo descalificaciones, restricciones, censura, persecución, apropiación de medios y eliminación progresiva del pluralismo. La historia demuestra que una de las señales que merece mayor vigilancia aparece cuando el gobernante deja de considerar a la prensa crítica como fiscalizadora del poder y comienza a tratarla como enemiga. Por eso debemos mirar hacia atrás. No para afirmar que la historia se repite exactamente ni para establecer equivalencias entre gobiernos y épocas profundamente diferentes. Pero conocer cómo actuaron los regímenes autoritarios y totalitarios permite reconocer determinados mecanismos cuando vuelven a aparecer.

Adolf Hitler ofrece uno de los ejemplos más estremecedores. Cuando los nazis llegaron al poder en Alemania en 1933 existían aproximadamente 4.700 periódicos, y el Partido Nazi controlaba directamente menos del 3 %. En pocos años el panorama cambió radicalmente. Hubo cierres, confiscaciones y adquisiciones de medios, mientras el Ministerio de Propaganda dictaba instrucciones sobre lo que podía publicarse. Para 1941, los periódicos propiedad del Partido Nazi representaban más del 80 % de la circulación. Hacia 1944 quedaban como máximo unos 1.100 periódicos. Incluso aquellos que permanecían formalmente en manos privadas estaban sometidos a las leyes y directrices informativas del régimen.

La lección es fundamental: para controlar la prensa no es indispensable ser propietario de todos los medios. Basta con conseguir que ninguno pueda ejercer libremente su función.

Benito Mussolini utilizó en Italia mecanismos diferentes, pero persiguió igualmente la eliminación de una prensa opositora capaz de desafiar al fascismo. Las restricciones avanzaron mediante legislación, censura, clausuras y control del ejercicio periodístico. En 1926 fueron suspendidos periódicos opositores y posteriormente se restringió la creación de nuevas publicaciones. Desde 1928, además, el ejercicio profesional quedó sujeto a un registro controlado por el régimen.

Francisco Franco constituye un tercer ejemplo que no deberíamos olvidar. Durante la Guerra Civil española fueron incautados periódicos e imprentas y, posteriormente, parte de esos bienes pasó a integrar la estructura periodística del Movimiento. La Ley de Prensa de 1938 consolidó un sistema de censura y fuerte intervención estatal sobre la información. La dictadura desarrolló una importante red propia de medios, mientras los periódicos privados que sobrevivieron operaban bajo fuertes restricciones.

Hitler, Mussolini y Franco gobernaron dictaduras diferentes, con contextos históricos y dimensiones represivas distintas. Pero compartieron algo esencial: comprendieron que controlar la información facilitaba controlar el relato del poder.

Han pasado muchas décadas. Lamentablemente, el siglo XXI no ha terminado con la persecución de periodistas ni con los intentos de los gobiernos de controlar la información.

En la Rusia de Vladimir Putin podemos observar hasta dónde puede llegar el debilitamiento de la prensa independiente cuando el Estado combina legislación, procesos penales, censura digital y persecución. Desde la invasión a gran escala de Ucrania en 2022, organizaciones internacionales de defensa de la libertad de prensa han documentado un endurecimiento extraordinario de las restricciones. Periodistas han abandonado Rusia y determinadas informaciones sobre las Fuerzas Armadas pueden generar consecuencias penales.

El mecanismo resulta particularmente preocupante: medios y organizaciones pueden ser declarados “agentes extranjeros” o “indeseables”; periodistas que trabajan desde el exilio pueden enfrentar procesos judiciales y una información contraria a la versión oficial puede quedar sometida a leyes que penalizan determinadas informaciones consideradas falsas sobre las Fuerzas Armadas.

China ofrece otro modelo. Bajo el liderazgo de Xi Jinping, el Partido Comunista mantiene un amplio sistema de control político sobre los medios y la circulación de información. Según el Comité para la Protección de los Periodistas, China fue en 2025, por tercer año consecutivo, el país con mayor número de periodistas encarcelados. Al 1 de diciembre de ese año, la organización contabilizaba 50 periodistas presos en China, incluidos siete en Hong Kong.

Son realidades donde el poder estatal dispone de instrumentos para restringir severamente la información y castigar a quienes desafían determinadas líneas oficiales.

Y entonces llegamos a Estados Unidos. Donald Trump decidió hace unos días excluir de la Casa Blanca a CNN, MS NOW y Politico, medios a los que acusa de difundir información falsa. Las tres organizaciones acudieron a los tribunales argumentando que la medida constituye una represalia relacionada con su cobertura y que viola la Primera Enmienda. Será la justicia estadounidense la que determine la legalidad de esa actuación.

Trump ya había protagonizado un enfrentamiento semejante durante su primer mandato. En 2018, su Administración retiró la credencial de la Casa Blanca al periodista de CNN Jim Acosta después de un tenso intercambio durante una conferencia de prensa. CNN demandó. Un juez federal ordenó restituir temporalmente la credencial, principalmente por razones relacionadas con el debido proceso. Posteriormente, la Casa Blanca devolvió permanentemente el pase.

Ese antecedente debería recordarnos algo elemental: un gobernante puede criticar a la prensa; otra cosa muy diferente es utilizar las facultades del Estado para limitar el acceso de periodistas debido a una cobertura que considera hostil.

No estoy afirmando que Estados Unidos bajo Trump sea equivalente a la Alemania de Hitler, la Italia de Mussolini, la España de Franco, la Rusia de Putin o la China de Xi Jinping. Sus sistemas políticos, instituciones, grados de libertad y mecanismos de control son profundamente diferentes. Precisamente por eso la comparación debe hacerse sobre conductas concretas y no mediante equivalencias históricas.

Mi preocupación es otra. ¿En qué momento comenzamos a considerar normal que un gobernante decida cuáles periodistas son legítimos, cuáles medios merecen acceso y cuáles deben ser tratados como enemigos?

La prensa puede equivocarse. Los periodistas podemos ser injustos. Un medio puede tener una línea editorial evidente y una información puede resultar falsa. Para eso existen mecanismos democráticos: rectificación, derecho de respuesta, crítica pública, códigos profesionales, tribunales de ética profesional y tribunales de justicias cuando corresponda. Pero un gobernante no debería convertirse simultáneamente en protagonista de la noticia, juez de su veracidad y administrador del castigo contra quien la publica. Hay una diferencia enorme entre responderle a un periodista y silenciarlo.

Para intimidar a toda una redacción tampoco siempre es necesario cerrar un periódico. A veces basta con enviar señales suficientemente fuertes para que periodistas, fuentes o propietarios comiencen a preguntarse qué consecuencias tendrá publicar determinada información. Entonces aparece uno de los enemigos más silenciosos de la libertad de prensa: la autocensura.

Por eso no debemos defender únicamente al medio con el que coincidimos. La verdadera prueba de nuestro compromiso con la libertad de prensa llega cuando debemos defender el derecho a informar de un periódico, una televisora o un periodista cuya línea editorial rechazamos.

Después de cuatro décadas dedicada a la comunicación, hoy confieso que temo por los ataques de algunos gobiernos contemporáneos contra la libertad de prensa. Me preocupa que ya no siempre se intente disimularlos. Los ataques ocurren abiertamente, de frente, incluso descaradamente. Se desacredita al periodista, se estigmatiza al medio, se limita su acceso, se amenaza con consecuencias o se pretende convertir toda información incómoda en enemiga del gobierno.

Por eso hoy observo con preocupación a estos gobiernos y a sus líderes, pero también siento la obligación de levantar la voz, consciente de que lo verdaderamente inquietante es que los grandes retrocesos rara vez se reconocen mientras están ocurriendo. Nos acostumbramos poco a poco a la descalificación, al ataque, a la censura y a la exclusión, hasta que aquello que alguna vez nos habría parecido inadmisible comienza a parecernos normal. Quizás ese sea el mayor peligro: descubrir demasiado tarde que, mientras mirábamos hacia otro lado, uno de los cimientos de la democracia se estaba resquebrajando ante nuestros ojos.