Se ha inaugurado una cárcel para unos 5.500 privados de libertad. Con una elaborada ceremonia de inauguración y discursos de los personeros del Poder Ejecutivo, que no dejaron de atacar al Poder Judicial, se dio por concluida la construcción y se dio por operativa esa cárcel. El señor ministro de Justicia había protagonizado incidentes en La Reforma al antagonizar y supuestamente agredir a privados de libertad a quienes comenzó por llamar despectivamente “jachudos” apenas unos días antes.
La señora presidente de Costa Rica se lamentó que las sillas dispuestas para el fiscal general y los magistrados permanecieran vacías junto a las de los diplomáticos de los Estados Unidos que tampoco fueron. Quizás nunca debieron invitarse los funcionarios del Poder Judicial ya que nuestro estado de legalidad considera impropia la presencia de ellos en este tipo de reuniones. Quizás los invitaron para involucrarlos o criticarlos en su cara. Curioso, uno no invita a celebraciones a quienes no va a tratar bien. Esto también resulta impropio. Debemos recordar que nadie asiste a invitaciones donde se siente incomodado por la narrativa de los personeros del Poder Ejecutivo. Nadie concurre donde no se siente bien o dónde está allí invitado para ser censurado.
El Poder Ejecutivo no ha cesado de señalar como culpables de la inseguridad a los magistrados de la Corte. Antes de invitarlos donde no pueden asistir para luego criticarlos por no haber asistido, debieron seguir la ruta del estado de legalidad y no mezclar asuntos. Se acusa a los magistrados de no condenar encartados siguiendo el parecer del Poder Ejecutivo sino sentenciar conforme a la ley y sus conciencias. Se les acusa por su imparcialidad y apego a la ley que actualmente rige. No se ha enviado proyecto alguno desde el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa introduciendo las mejoras al Código Penal y al Procesal Penal que el oficialismo cree necesarias. Es el momento, ya que tienen una mayoría de 31 diputados y el país percibe la necesidad de cambios a las leyes. Hay que recordar que jueces y magistrados juzgan de acuerdo a la ley y sus conciencias. No habrá cambios en su juicio sin modificaciones legales.
Los costarricenses estamos satisfechos de la construcción de las instalaciones del CACCO. Desde hace ya muchos años, y siguiendo las restricciones de presupuesto en razón del crecido déficit fiscal, no se habían construido nuevas prisiones. Ahora, a pesar del déficit fiscal, se logró construir esta cárcel. Esperamos los costarricenses que ésta sirva para poder descongestionar las prisiones existentes y permitir encarcelar a aquellos juzgados culpables sin apelación que en otras prisiones iban a sumarse al hacinamiento y sobrepoblación carcelaria.
Las prioridades del Poder Ejecutivo son las que no dejan de preocupar a muchos. Cerca de mil escuelas están gravemente descuidadas en su estructura física. Muchas comisarías son casi inhabitables. Las carreteras están presentando grave deterioro. En salud las carencias con estos recortes presupuestarios agravarán el panorama. En fin, que para muchos las prioridades parecían otras.
Se hacen recortes a las instituciones que funcionan y son críticas para el actuar del gobierno, pero no se cierran aquellas que ya no contribuyen al desarrollo del país. Unas se paralizan para hacer economías, otras que ya les pasó su tiempo siguen allí gastando lo que no queremos ni podemos gastar. Los recortes en el presupuesto nacional han comenzado a generar grandes preocupaciones en casi todas las instituciones del estado ya que dejan sin contenido gastos corrientes y asuntos de necesidad comprobada.
Es claro que necesitábamos más cárcel y más capacidad de encarcelamiento. También es claro que la plata no alcanza y ya no se puede ni se debe pedir prestado adicionalmente para cubrir gastos del gobierno.
Debemos buscar alcanzar lo más con el menor gasto. Debemos privar de su libertad al menor número posible sin alcahuetear a delincuentes. Todo es un equilibrio. Ha cambiado la naturaleza de los delincuentes, ahora son narcotraficantes y criminales organizados y aún desde la cárcel siguen dirigiendo sus inicuos delitos. Las cárceles costarricenses no pueden torturar y herir a quienes están privados de su libertad. Han perdido la misma estos costarricenses, pero no así sus derechos humanos.
Hace bien el Ministerio de Hacienda en buscar equilibrar las cuentas del estado. Hace bien el Ministerio de Justicia en construir más capacidad carcelaria. La prioridad de recortes presupuestarios es lo que se cuestionan muchos. La naturaleza del CACCO y sus objetivos de rehabilitación de los presos es lo que se cuestionan más personas. Pareciera que los objetivos de rehabilitar, de educar, de mejorar a los encarcelados no forman parte de los intereses de la actual administración. Pareciera que su propósito es castigar, herir y aumentar el sufrimiento de los encarcelados. Así perciben los señores del Poder Ejecutivo su castigo.





































