Señores Magistrados: El Banco Nacional está en sus manos

José Conejo

Consultor.

Costa Rica enfrenta un momento decisivo para el Estado de Derecho, la institucionalidad financiera y la confianza ciudadana. La destitución en bloque de la Junta Directiva del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), sin fundamentos jurídicos claros, constituye una amenaza directa a la autonomía constitucional de los bancos estatales y representa un riesgo inminente para la estabilidad del sistema financiero nacional.

No se trata de una controversia administrativa más. Hablamos del banco más grande del país, columna vertebral del sistema económico, responsable de una parte sustancial del crédito al sector productivo, custodio del ahorro de millones de personas y pieza clave en la ejecución de políticas públicas y programas sociales.

La gravedad de esta decisión se evidencia aún más cuando, ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, el propio vicepresidente de la República, señor Stephan Brunner, no pudo explicar qué norma jurídica se invocó para justificar la destitución. En lugar de fundamentarse en la legislación nacional, recurrió a principios generales de la OCDE, completamente inaplicables para legitimar una acción de tal magnitud.

A ello se suma un elemento técnico insoslayable: la SUGEF, ente regulador del sistema financiero, concluyó mediante criterio formal que no existían causales objetivas para la remoción de la Junta Directiva. Esto refuerza la percepción de que la medida adoptada por el Poder Ejecutivo careció de base legal, fundamento técnico y procedimiento regular.

No basta, con base en el ordenamiento jurídico vigente, la mera imposición del Presidente y la postración complaciente del Consejo de Gobierno, para remover a toda una Junta Directiva de una Institución Autónoma. Los actos administrativos, en Costa Rica, son materia regulada precisamente porque uno de los objetivos del Estado Democrático de Derecho, es evitar el Abuso de Poder del Gobernante.

Para la autocracia, sea de izquierda o de derecha, que como extremismo que son ambos, terminan siendo lo mismo, esto es una afrenta.

Tampoco resiste análisis la supuesta irregularidad en el nombramiento del Gerente General del Banco. La normativa vigente no exige un concurso público para ese tipo de designación. No hubo error jurídico ni desviación normativa. Las justificaciones presentadas por el Ejecutivo son, a la luz del derecho, insuficientes y artificiosas.

Ante este panorama, formulamos un respetuoso pero firme llamado a esta honorable Sala Constitucional: urge una resolución pronta sobre los recursos presentados. Está en juego la legalidad del accionar del Poder Ejecutivo, la integridad de la autonomía institucional y, sobre todo, la estabilidad del sistema bancario estatal.

La ausencia de una decisión clara abre la puerta a consecuencias de alto impacto: erosión de la confianza pública, riesgos de liquidez, incertidumbre en los mercados y debilitamiento de la gobernanza financiera. El Banco Nacional no es una institución más: es uno de los pilares de la arquitectura financiera del Estado costarricense y su conducción debe resguardarse con rigurosidad jurídica, lejos de presiones o voluntarismos políticos.

El propósito del populismo es legitimar la autocracia, así lo estableció Musolini con su Peiódico “Il Populo D?Italia”; desde el cual estableció sus posiciones que llegaran a consolidar su forma autocrática de gobierno.

Musolini fue apodado Il Duce ( Caudillo) como sustantivo que evoca la fuerza y la Autoridad y acá tenemos al Jaguar, sustantivo que evoca la fuerza y al depredador, que interesante.

Los actos de gobierno, como el que acá nos ocupa, tiende a desaparecer de facto los límites que la Constitución establece al Gobernante.

A saltarse y burlar la Constitución y la contención del abuso del poder, como si, en lugar de ser una Democracia consolidad y constitucionalmente establecida, fuéremos un feudo medieval donde, la voluntad del gobernante es la ley.

Parte de la evolución bancaria luego de la Revolución de 1948, es el acceso democrático a todos los servicios bancarios.

Dejar de lado la complacencia política, evitar que el crédito bancario público sea una arma, tanto de premiación política como de persecución política, es un triunfo de la evolución democrática en beneficio de las grandes mayorías.

El que un trabajador no tenga que besarle a nadie el anillo, ni comprometer su conciencia para solicitar un crédito, y que cumpliendo los requisitos establecidos en las leyes y reglamentos, deba el banco otorgárselo conforme a la ley, es el pináculo de la igualdad en la oportunidad hacia la movilidad social de Max Weber.

Así el trabajador pasa a ser patrono y su constante evolución produce inversión, riqueza y empleo en el mercado interno, lo cual crea bienestar común.

Un gobierno que quiera borrar de facto, la Autonomía Constitucional del Banco Nacional, con la imposición de un grupo de incondicionales sin carácter, en la Junta Directiva del Principal Banco en el mercado costarricense, está atentando contra el actuar democrático del Banco y busca su total politización para, probablemente, premiar a los propios y castigar a todo aquel que ni le bese el anillo, ni aplauda sus insultos.

Señores magistrados, la Constitución ha sido vulnerada. Acá no se trata de si se enfrenta o no el acto administrativo de marras, conforme al texto consitucional.

En la convivencia democrática, los entes de control dentro del sistema democrático, deben ser fuertes y hasta intransigentes cuando de la defensa de las instituciones se trata.

Si una institución, a la luz de la evolución social ya no es atinente a los problemas que la misma sociedad enfrenta, pues hay todo un procedimiento legislativo para cambiarlo conforme a las reglas democráticas del Estado de Derecho.

Pero aunque tal infuncionalidad fuere el caso, ello no sería patente de corso, para burlar tal institución y menos, para favorecer un estilo anti democrático de gobierno, donde los insultos, las degradaciones, los gritos y expresiones soeces y grotescas, sustituyan a la Constitución Vigente.

Ustedes tienen ahora la alta responsabilidad de restablecer el orden jurídico, proteger la autonomía bancaria y asegurar la continuidad de un modelo institucional que ha servido bien al país por décadas.

Costa Rica necesita, más que nunca, un pronunciamiento claro, firme y oportuno. Lo que hoy ocurre con el Banco Nacional, mañana podría repetirse con el Banco de Costa Rica o el Banco Popular. No es solo un caso; es un precedente. Y de su resolución depende el futuro del equilibrio entre poder político y autonomía institucional.