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Gobierno se compromete a conseguir los fondos para financiar la lucha contra el hampa
Seguridad peligra ante falta de recursos

• Mejoramiento en la recaudación, “raspado” de partidas presupuestarias actuales e incluso endeudamiento son vistas como fuentes de ingresos de emergencia
• Ejecutivo se compromete con el Organismo de Investigación Judicial a girarle ¢7 mil millones, por lo que el director Jorge Rojas retiró su renuncia

Eduardo Baldares
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Aunque el pueblo aterrorizado, asaltado, baleado y ensangrentado viene gritando “auxilio” desde hace tiempo, tal como LA REPUBLICA lo ha denunciado, al gobierno le tomó un año, ocho meses y dos días para etiquetar como “emergencia nacional” y proponer medidas más agresivas y coordinadas en el tema de la inseguridad
Ayer. luego de una reunión de tres horas en Casa Presidencial, autoridades gubernamentales enfrentaron sonrientes a la prensa para anunciar una serie de medidas extraordinarias contra el hampa, aunque luego ensombrecieron semblantes ante el cuestionamiento general: ¿Por qué hasta ahora? Empero, prevaleció la idea de que “más vale tarde que nunca”.
Además de promover cambios de fondo en materia jurídica, se traslució que hay un gravísimo problema de recursos, al punto que Guillermo Zúñiga, ministro de Hacienda, reconoció que en este momento ni siquiera hay certeza sobre la magnitud económica de cuánto requieren los organismos anticrimen para funcionar a cabalidad.

¿De dónde saldrían los recursos? Zúñiga contestó que lo importante es que el tema fue declarado prioritario por el gobierno, y esgrimió que el mejoramiento en la recaudación fiscal experimentado el año pasado no tiene por qué mermar en 2008, se puede analizar de dónde “raspar” las partidas presupuestarias actuales y no descartó el endeudamiento, aunque esto último tendría que ser aprobado por la Asamblea Legislativa.
Rodrigo Arias, ministro de la Presidencia, se mostró optimista de cara al proceder de los diputados sobre este problema. “El que se aprobara por unanimidad la creación de una comisión que estu
die las reformas que plantearemos para combatir de forma más efectiva la inseguridad es una buena señal”, dijo.
Eso sí, aceptó que al ser 42 proyectos en total, estos difícilmente serían aprobados con la prontitud que se requiere, por lo que continuarán reuniéndose para sacar una sola propuesta con los puntos más urgentes por reformar en la legislación, de manera que se pueda hacer el trámite cuanto antes.
Federico Tinoco, diputado liberacionista, afirma que ha consultado con colegas de todos los partidos y en general ha palpado voluntad de legislar concienzudamente sobre seguridad, pero a la vez de forma ágil, pues hay consenso sobre la urgencia de mejorar las leyes a fin de combatir los crecientes tentáculos de la delincuencia.
Ayer únicamente el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) llegó a la reunión con un monto específico, “necesitamos ¢7 mil millones”, y estos le fueron prometidos por el Ejecutivo para duplicar la cantidad de agentes (de 500 a 1.000), así como para la compra de 250 carros, entre otros equipos.
La promesa motivó al director de la entidad, Jorge Rojas, a retirar la renuncia que había presentado y que haría efectiva a finales de mes. “Yo no podía prometer a los ciudadanos que investigaríamos su caso sin tener personal ni equipos suficientes, pero ahora es diferente”.
La próxima semana habrá otra encerrona similar con la presencia de la ministra de Justicia, Laura Chinchilla; el ministro de Seguridad, Fernando Berrocal; el ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Paulino Mora y el fiscal general, Francisco Dall'Anesse, quienes al igual que Rojas deberán determinar exactamente cuánto requieren, para que Hacienda evalúe y proponga cómo satisfacer esas necesidades.
Berrocal, más que en recursos, enfatizó en la urgencia de agilizar los trámites para poder ejecutarlos, y ese es el meollo de la Ley de Psicotrópicos que se quiere enmendar.
El Ministro de Seguridad explicó que el año pasado se incautaron $13 millones al n
arcotráfico, pero que ante la maraña de procedimientos que hay que hacer, esos recursos no se han podido utilizar.
Según Berrocal, aunque el Instituto Costarricense sobre las Drogas (ICD) es una entidad adscrita al Ministerio de Seguridad con la potestad de administrar los recursos decomisados, está atado de manos enredado en la compleja tramitomanía que caracteriza a Costa Rica.
Otra de las reformas concretas que se anunciaron fue la creación de siete juzgados contravencionales permanentes, abiertos las 24 horas, mediante los cuales se pretende enfatizar en la lucha contra la impunidad de los delincuentes habituales, esos que aun con numerosas causas están en las calles y que según Berrocal suman “casi 600, debidamente identificados”.
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