Recursos para desarrollo de Limón pagarán aguinaldos en Japdeva

Dineros que deberían destinarse para el desarrollo de la provincia de Limón se utilizarán para el pago de los aguinaldos de los trabajadores de Japdeva, debido a las pérdidas por la huelga de trabajadores de esa entidad.
Así lo reconoció la presidenta de esa institución, Ann McKinley, quien estimó las pérdidas en casi ¢703 millones durante las dos semanas de huelga. Durante ese tiempo, la entidad mantuvo en operación el puerto, lo que evitó pérdidas mayores para el país, las cuales cuantificó en ¢1.650 millones.
Sin embargo, ese costo adicional provocó que Japdeva se quedara sin recursos para el pago de los aguinaldos y otras cargas sociales para los trabajadores.
“Estamos revisando las partidas de desarrollo para ver si podemos terminar de ajustar la parte del aguinaldo que nos falta. Este ajuste significará menos ingresos para los proyectos de las comunidades”, señaló McKinley.
Cálculos preliminares estiman que ese faltante podría ser de alrededor de ¢120 millones, que corresponden al monto que todos los meses debe reservar Japdeva para el pago extraordinario. Adicionalmente, todos los trabajadores, incluso los que estuvieron en huelga, recibirán el pago completo de su salario, con excepción de las horas extras no trabajadas.
McKinley insistió en que existe una disposición de la Sala Constitucional que la obliga a pagar a los empleados, aun cuando no hayan trabajado, debido a que la huelga no había sido declarada ilegal.
Un tribunal de Trabajo declaró ilegal el movimiento, pero un día antes de su ratificación, los dirigentes sindicales depusieron la huelga y se sentaron a dialogar con el gobierno.
“Yo tengo que aplicar la ley. La resolución de la Sala es muy clara. Si hago todo lo contrario, me pueden acusar por retener salarios”, indicó la jerarca.
La huelga en los puertos de Limón y Moín transcurrió entre el 22 de octubre y 6 de noviembre, debido a que los sindicalistas se oponen a una cláusula contractual que otorga la explotación exclusiva de un nuevo puerto de contenedores a la multinacional APM Terminals.
Tanto la Sala Primera como la Sala Constitucional han ratificado la legalidad de dicho contrato, aunque se está a la espera aún de la viabilidad ambiental del proyecto.

Rodrigo Díaz
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