Procuradora no se deja amedrentar por Zapote

Al considerar que Luis Guillermo Solís traspasó sus facultades al levantar el veto a la reforma procesal laboral, Ana Lorena Brenes, procuradora general de la República, pidió a la Sala Constitucional que declare ilegal dicho acto.

De esta forma, Brenes no se deja amedrentar por la tormenta política que ha tenido que soportar en la última semana, ni mucho menos por las supuestas presiones de Zapote que ella misma denunció.

El pronunciamiento de la procuradora fue entregado ayer a los magistrados del máximo tribunal, con el objetivo de que resuelvan una acción de inconstitucionalidad que impulsan varios legisladores de la oposición.

En principio, la procuradora señaló que tras el veto de una ley por parte del Presidente de turno, lo correspondiente es que la Asamblea Legislativa se pronuncie.

En caso de que los diputados estén en contra de la decisión del mandatario, le corresponderá a la Sala Constitucional dilucidar si la nueva ley en cuestión es legal o no.

Bajo esa premisa, Solís violentó la Constitución, pues cuando Laura Chinchilla vetó la reforma procesal laboral, lo correspondiente era que el Congreso se pronunciara, en lugar de que el nuevo Presidente retirara una decisión de su antecesor.

“Nuestra Constitución tiene un sistema de pesos y contrapesos entre los distintos poderes, los cuales, eso sí, tienen sus límites”, explicó Brenes en su pronunciamiento.

La decisión de la procuradora se da en momentos en que Solís pasa por la peor tormenta política de su administración.

Esto, por un supuesto ofrecimiento que hizo Daniel Soley, exviceministro de la Presidencia, a Brenes para que ocupara un cargo diplomático en Italia, Noruega o Suiza, a cambio de su renuncia.

La semana pasada, la procuradora y Soley escenificaron una serie de dimes y diretes en el Congreso por este tema, ya que el exfuncionario negó el soborno y por el contrario, señaló a Brenes por sugerirle que le ayudara a conseguir un nuevo puesto en la función pública.

Esta no es la primera vez que Brenes cuestiona los actos de Zapote, pues anteriormente criticó la permanencia de Melvin Jiménez como ministro de la Presidencia, debido a su condición de obispo luterano.

Asimismo, criticó el levantamiento del veto a una ley que otorgaba la titularidad de la calle 13 bis a los artesanos de esa vía pública.

Sobre el pronunciamiento de la Procuraduría, se trató de conocer la opinión del presidente Solís, pero al cierre de edición no fue posible.

Con el levantamiento a la reforma procesal laboral, los sindicatos podrían hacer huelgas en los servicios públicos esenciales, incluidos los hospitales, la policía y los bomberos.

Esto, sin importar que la vida de los ciudadanos esté en peligro.

Asimismo, la ley también crea la defensa pública para los trabajadores que no tengan recursos para pagar un abogado y más importante, disminuye los juicios laborales a plazos menores a un año.