Pacto político y división de poderes
| Martes 10 mayo, 2011
Pacto político y división de poderes
Después de observar y seguir con atención la jornada parlamentaria del 2 de mayo, el Estado de Derecho empieza a redirigir sus pasos por el restablecimiento, no solo del orden constitucional, sino del juego democrático de frenos y contrapesos de los Poderes que lo componen. La recomposición del quehacer político en el seno del Poder Legislativo hacía necesario un reacomodo de sus fuerzas políticas, al punto de poner un alto en el camino al dominio legislativo del Partido Liberación Nacional.
El modelo de desarrollo seguido hasta ahora está viciado. No podemos continuar con las mismas dificultades de hace 60 años, sin que las autoridades que han gobernado en Costa Rica quieran asumir su responsabilidad de empezar a trabajar por solucionar los graves problemas que afrontamos.
Los costarricenses necesitamos cerrar la brecha social que asfixia y que cada día se ensancha más. De ahí la tarea ineludible de la próxima Asamblea Legislativa: iniciar el proceso de nuestra regeneración política, dictando las leyes más acordes para solventar las necesidades de nuestro Pueblo.
El Estado de Derecho requiere un adecuado funcionamiento del balance de Poderes para salvaguarda de nuestra institucionalidad democrática.
La perseverancia de los partidos de oposición en suscribir un pacto de alianza para derribar un continuismo que afectaba y amenazaba con que un pequeño grupo se apoderase de una de las principales instituciones democráticas. Grupo que tenía como único interés violar uno de los más grandes legados heredados de los padres fundadores del régimen de derecho en Costa Rica, quienes visualizaron en 1824 que:
“Nada podríamos hacer si no se declarase al Estado libre, independiente y Soberano. Seríamos unos ineptos criminales si estableciésemos otra clase de Gobierno que el Popular Representativo, único legítimo en la Ilustración del Siglo, y lo haríamos Tirano si no adoptásemos la División de Poderes, alma de todo Gobierno libre.”
Si desde 1824 se trazó la senda civilista por el Poder Constituyente 1824, siendo unos de sus instrumentos el diálogo y el convencimiento, la unión de los partidos de oposición y la fracción parlamentaria liberacionista permitió demostrar que es posible encausar esta situación de conflicto por el camino que ha caracterizado a Costa Rica desde entonces.
Bien lo identificó Don Cleto González Víquez como un constante de nuestra evolución política, la “transacción”. El llegar a “acuerdos” o “pactos” teniendo como miras los grandes intereses nacionales y no de aquellos que defienden los suyos propios por encima de los de la gran mayoría.
El triunfo del Diputado del PAC, Juan Carlos Mendoza García, al alcanzar la Presidencia de la Asamblea Legislativa, permite reescribir la historia política de este país en todas sus esferas y ámbitos.
La vigencia del Estado de Derecho y su división de poderes no es solo una formulación teórica, sino una experiencia práctica en la realidad política costarricense. Y los costarricenses confían en que un futuro mejor está por venir.
Jorge Sibaja
Abogado
Después de observar y seguir con atención la jornada parlamentaria del 2 de mayo, el Estado de Derecho empieza a redirigir sus pasos por el restablecimiento, no solo del orden constitucional, sino del juego democrático de frenos y contrapesos de los Poderes que lo componen. La recomposición del quehacer político en el seno del Poder Legislativo hacía necesario un reacomodo de sus fuerzas políticas, al punto de poner un alto en el camino al dominio legislativo del Partido Liberación Nacional.
El modelo de desarrollo seguido hasta ahora está viciado. No podemos continuar con las mismas dificultades de hace 60 años, sin que las autoridades que han gobernado en Costa Rica quieran asumir su responsabilidad de empezar a trabajar por solucionar los graves problemas que afrontamos.
Los costarricenses necesitamos cerrar la brecha social que asfixia y que cada día se ensancha más. De ahí la tarea ineludible de la próxima Asamblea Legislativa: iniciar el proceso de nuestra regeneración política, dictando las leyes más acordes para solventar las necesidades de nuestro Pueblo.
El Estado de Derecho requiere un adecuado funcionamiento del balance de Poderes para salvaguarda de nuestra institucionalidad democrática.
La perseverancia de los partidos de oposición en suscribir un pacto de alianza para derribar un continuismo que afectaba y amenazaba con que un pequeño grupo se apoderase de una de las principales instituciones democráticas. Grupo que tenía como único interés violar uno de los más grandes legados heredados de los padres fundadores del régimen de derecho en Costa Rica, quienes visualizaron en 1824 que:
“Nada podríamos hacer si no se declarase al Estado libre, independiente y Soberano. Seríamos unos ineptos criminales si estableciésemos otra clase de Gobierno que el Popular Representativo, único legítimo en la Ilustración del Siglo, y lo haríamos Tirano si no adoptásemos la División de Poderes, alma de todo Gobierno libre.”
Si desde 1824 se trazó la senda civilista por el Poder Constituyente 1824, siendo unos de sus instrumentos el diálogo y el convencimiento, la unión de los partidos de oposición y la fracción parlamentaria liberacionista permitió demostrar que es posible encausar esta situación de conflicto por el camino que ha caracterizado a Costa Rica desde entonces.
Bien lo identificó Don Cleto González Víquez como un constante de nuestra evolución política, la “transacción”. El llegar a “acuerdos” o “pactos” teniendo como miras los grandes intereses nacionales y no de aquellos que defienden los suyos propios por encima de los de la gran mayoría.
El triunfo del Diputado del PAC, Juan Carlos Mendoza García, al alcanzar la Presidencia de la Asamblea Legislativa, permite reescribir la historia política de este país en todas sus esferas y ámbitos.
La vigencia del Estado de Derecho y su división de poderes no es solo una formulación teórica, sino una experiencia práctica en la realidad política costarricense. Y los costarricenses confían en que un futuro mejor está por venir.
Jorge Sibaja
Abogado