Las operaciones en Panamá pueden ser criticables, pero no pueden señalarse todas y en todos los casos como si fuesen delitos, ni exponer a todos los que las hacen como si fueran delincuentes

Los papeles panameños

Alguien violentó las normas de confidencialidad y se robó millones de documentos de un bufete panameño. Múltiples medios decidieron publicar la información de los documentos ilegítimamente habidos. El morbo se ha desatado por todas partes…
Al parecer, algunos medios han hecho un trabajo notable a partir de la información “filtrada”, otros han hecho cotejos y entrevistas y algunos se han limitado a publicar nombres y listas; unos cuantos le han hecho “agregados” maliciosos.
¿Es delito hacer una sociedad en Panamá? No, por supuesto. ¿Es delito manejar los fondos propios a través de esta u otras sociedades en Panamá? Tampoco. ¿Es delito no declarar en el país en el cual se vive las operaciones de Panamá? Depende. Depende de la situación personal de cada cual (si debe hacer declaraciones juradas y con qué alcance y para qué). ¿Se puede decir que son lavadores y delincuentes todos los clientes del bufete cuya información se ha “filtrado”? Jamás. ¿Se puede decir que sus operaciones tenían mala o delictiva intención? No se puede asegurar.
Hay algunos casos particulares que podrían ser complicados. Ciertos gobernantes que tenían obligación de informar o declarar algunas actividades, por ejemplo, podrían estar en problemas. Personalmente, estimo que los políticos y autoridades que claman y promueven ciertos esquemas tributarios estarían en problemas si han recurrido a estas figuras y operaciones porque, aunque no sean ilegales, los dejan en mal predicamento, evidenciándose su doble discurso y sus incoherencias.
Me enoja la irresponsabilidad de algunos medios de comunicación que han participado en el asunto, pues no han sido decentes en establecer responsabilidades, matices ni circunstancias, sino que han envuelto a todos (en algunos casos destacando situaciones inconducentes) en la maledicencia y la difamación. Espero que los concernidos ejerzan sus derechos hasta las últimas consecuencias. No se pueden revolver cuestiones de este tipo como si todos fueran maleantes, como si las actividades fueran ilegales e inmorales en sí mismas y, sobre todo, sin un adecuado trabajo periodístico. Muchos estarán felices de la sangre derramada y de las honras afectadas de modo tan irresponsable, pero es obvio que está mal hecho.
Alguna vez fui víctima de robo de documentos. Le llegaron a las manos de quien, en lugar de devolverlos, los publicó atenido a su impunidad. Me quedó claro que en esta conducta de topador, si hubiese sido mi billetera tampoco me la devuelve sino que se gasta el dinero. Las operaciones en Panamá pueden ser criticables, pero no pueden señalarse todas y en todos los casos como si fuesen delitos, ni exponer a todos los que las hacen como si fueran delincuentes.
La gente tiene libertad, la propiedad le permite a cada cual hacer con lo suyo cualquier cosa legítima, así que no puede abusarse de un robo de documentación para plantear la información como se ha hecho. Si hay una universidad pública que enseña ese tipo de periodismo, lo cohonesta y lo promueve, ¡que pague las consecuencias! ¡Ojalá los responsables paguen de su peculio y no del dinero de todos los costarricenses!

Federico Malavassi
 

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