Después de una pronta aprobación y con el beneplácito de la oposición al proyecto del tren eléctrico, la Presidencia de la República se confió en que, sin negociación previa, obtendría de igual manera los votos para el proyecto de ley de la armonización eléctrica, pero se equivocó. Una cosa es pedir préstamos para proyectos a 10 años plazo, y otra es intentar modificar, aunque tímidamente, el modelo cuasi monopólico de un ente del Estado en la generación eléctrica. Los sectores que defienden el estatismo a ultranza, en contra de la inversión privada, ganaron esta partida.
Si el principal objetivo de ese proyecto era el de estimular la generación con recursos renovables modernos para sustituir las plantas térmicas usando recursos importados, así como diversificar la matriz actual, mayoritariamente hidroeléctrica, y de esa manera garantizarle al país no solo menores tarifas en generación, sino también asegurarle un suministro confiable a futuro, entonces considero que, ante la dificultad de que dicho proyecto sea algún día aprobado, la Presidencia debería optar por un plan alternativo, basado en leyes existentes.
Una de esas leyes es la 10.086 para la generación eléctrica distribuida, vigente desde hace seis años, pero que, por una pésima regulación de la Aresep, no ha dado los frutos que se esperaban.
Cuando se desarrolló el proyecto piloto de la generación distribuida en el primer gobierno del PAC, al mismo se le consideró como un método de democratización de la generación eléctrica, es decir, como la vía para que todos los abonados pudiesen generar algo de la energía eléctrica que requieren y hasta contribuir con excedentes, de manera solidaria, con sus vecinos, con energía eléctrica de bajo costo que sustituyese la energía de más alto costo horario y al mediodía que se brinda a nivel nacional.
Desgraciadamente, las distribuidoras eléctricas consideraron esa democratización como una amenaza a sus finanzas e influyeron, con argumentos ficticios, para que la regulación y las tarifas que le corresponden a la Aresep las defendieran.
Hoy día, el país enfrenta un reto colosal en la expansión de la matriz de generación eléctrica, pero la oposición legislativa se opone a todo tipo de inversión privada en el sector eléctrico y ha cerrado filas para defender un modelo centralista de la generación eléctrica, el cual tiende a ser cada año más caro, pues al incrementarse la potencia de la matriz de generación, también se tiene que expandir mediante grandes inversiones en subestaciones, redes de transmisión y generación.
El modelo centralista bien podría reducir, en alguna medida, la tarifa en generación, pero definitivamente incrementará las tarifas tanto en transmisión como en distribución, ante el crecimiento de la demanda de energía eléctrica.
Es por ello que la única manera posible, actualmente, de enfrentar el desafío del futuro inmediato en el incremento de la demanda energética sería modificando la regulación y tarificación de la generación solar distribuida, una tecnología muy desarrollada y de bajo costo para el generador, que le permitiría al abonado reducir sus costos en el proceso de la conversión de energía solar a electricidad y evitar los costos en subestaciones, transmisión y distribución, que son inherentes al modelo centralista, actualmente casi monopólico, a cargo del ICE.
Si bien es cierto que la Aresep es un organismo totalmente autónomo para regular y tarificar servicios públicos, también es cierto que la generación solar distribuida es una actividad totalmente privada que podría contribuir, en un mercado minorista, a que el ICE Transmisión postergue por varios años más sus altas inversiones en el incremento sustancial de la potencia de sus líneas de alta tensión.
En manos de la Presidencia está el futuro inmediato de nuestro futuro eléctrico. Bien podría seguir insistiendo en un modelo centralizado como el de la armonización o democratizarlo con un modelo distribuido bajo una ley existente.
Ricardo Trujillo Molina
Físico e ingeniero eléctrico
Ex presidente de la AIEEE





































