Jueza inspeccionará Crucitas
Natasha Cambronero redaccion@larepublica.net | Viernes 11 mayo, 2012
Para determinar valor de daños en sitio de fallida mina
Jueza inspeccionará Crucitas
Visita se realizará junto a grupos ambientalistas y arrancará el 1° de junio
Con la finalidad de determinar el monto al que ascienden los daños ambientales por la fallida mina Crucitas, una jueza del Contencioso Administrativo visitará la finca en Cutris de San Carlos, donde se pretendía extraer oro.
Lorena Montes de Oca, junto con un grupo de expertos ambientales, inspeccionará el próximo 1° de junio la zona de casi 1.500 hectáreas, propiedad de la firma canadiense Industrias Infinito.
La visita inicialmente está contemplada para ese día, aunque podría extenderse a la siguiente jornada.
En el recorrido participarán tanto expertos destinados por el Contencioso Administrativo, como otros recomendados por los grupos ambientalistas que se opusieron ante los tribunales al desarrollo de ese proyecto.
La inspección se realizará seis meses después de que la Sala Primera ratificó y dejó en firme la sentencia de noviembre de 2010 que anula la concesión minera otorgada a Industrias Infinito.
Ello, luego de que en la primera audiencia para ejecutar la sentencia, el pasado 30 de abril, se solicitara a la jueza ir a la zona.
Inicialmente, un estudio realizado por la Fundación Neotrópica, a solicitud de René Castro, ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, estima que la indemnización por los daños ocasionados, podría oscilar entre $4,6 millones y $12 millones.
Aunque habría que sumarles otros $160 mil que costaría restaurar al menos 86 hectáreas taladas en su totalidad.
No obstante, la valoración de Neotrópica podría variar entre un 20% y un 40%, tomando en cuenta que no realizó una visita de campo, pues el Tribunal no autorizó su ingreso, y tampoco disponía de imágenes satelitales actuales, sino que las más recientes eran de 2010.
En el fallo, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo determinó que el monto establecido por los daños debe ser pagado en partes iguales por el Estado, Industrias Infinito y el Sistema Nacional de Areas de Conservación.
Las tres partes condenadas también deben financiar la reforestación de la zona, para la cual se requeriría una intervención de cinco años y de 20 años para que los terrenos vuelvan al estado anterior a la tala.
A finales de 2010, los jueces del Contencioso anularon la concesión al considerar que la canadiense obtuvo los permisos de impacto ambiental de manera irregular.
Dicho fallo además de ordenar la reparación y costos de los daños provocados, recomienda a la Fiscalía abrir una investigación penal contra varios funcionarios y exfuncionarios, quienes habrían incurrido en la presunta comisión de un delito.
Solo en ese aspecto el Ministerio ha indagado decenas de personas y figuran al menos ocho como sospechosas.
Sin embargo, esa sentencia del Contencioso Administrativo podría venirse abajo. La Sala IV aún no resuelve si acoge o no una acción de inconstitucionalidad, en contra de esta.
Industrias Infinito aduce que la resolución no es válida, porque es cosa ya juzgada, tomando en cuenta que con anterioridad un tribunal de mayor jerarquía, como es la Sala Constitucional había avalado la entrada en operaciones de mina Crucitas.
Natasha Cambronero
ncambronero@larepublica.net
Jueza inspeccionará Crucitas
Visita se realizará junto a grupos ambientalistas y arrancará el 1° de junio
Lorena Montes de Oca, junto con un grupo de expertos ambientales, inspeccionará el próximo 1° de junio la zona de casi 1.500 hectáreas, propiedad de la firma canadiense Industrias Infinito.
La visita inicialmente está contemplada para ese día, aunque podría extenderse a la siguiente jornada.
En el recorrido participarán tanto expertos destinados por el Contencioso Administrativo, como otros recomendados por los grupos ambientalistas que se opusieron ante los tribunales al desarrollo de ese proyecto.
La inspección se realizará seis meses después de que la Sala Primera ratificó y dejó en firme la sentencia de noviembre de 2010 que anula la concesión minera otorgada a Industrias Infinito.
Ello, luego de que en la primera audiencia para ejecutar la sentencia, el pasado 30 de abril, se solicitara a la jueza ir a la zona.
Inicialmente, un estudio realizado por la Fundación Neotrópica, a solicitud de René Castro, ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, estima que la indemnización por los daños ocasionados, podría oscilar entre $4,6 millones y $12 millones.
Aunque habría que sumarles otros $160 mil que costaría restaurar al menos 86 hectáreas taladas en su totalidad.
No obstante, la valoración de Neotrópica podría variar entre un 20% y un 40%, tomando en cuenta que no realizó una visita de campo, pues el Tribunal no autorizó su ingreso, y tampoco disponía de imágenes satelitales actuales, sino que las más recientes eran de 2010.
En el fallo, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo determinó que el monto establecido por los daños debe ser pagado en partes iguales por el Estado, Industrias Infinito y el Sistema Nacional de Areas de Conservación.
Las tres partes condenadas también deben financiar la reforestación de la zona, para la cual se requeriría una intervención de cinco años y de 20 años para que los terrenos vuelvan al estado anterior a la tala.
A finales de 2010, los jueces del Contencioso anularon la concesión al considerar que la canadiense obtuvo los permisos de impacto ambiental de manera irregular.
Dicho fallo además de ordenar la reparación y costos de los daños provocados, recomienda a la Fiscalía abrir una investigación penal contra varios funcionarios y exfuncionarios, quienes habrían incurrido en la presunta comisión de un delito.
Solo en ese aspecto el Ministerio ha indagado decenas de personas y figuran al menos ocho como sospechosas.
Sin embargo, esa sentencia del Contencioso Administrativo podría venirse abajo. La Sala IV aún no resuelve si acoge o no una acción de inconstitucionalidad, en contra de esta.
Industrias Infinito aduce que la resolución no es válida, porque es cosa ya juzgada, tomando en cuenta que con anterioridad un tribunal de mayor jerarquía, como es la Sala Constitucional había avalado la entrada en operaciones de mina Crucitas.
Natasha Cambronero
ncambronero@larepublica.net