Johnny Araya cuestiona al Gobierno por impulsar ventas ambulantes

Eliminar los gritos y los cánticos de los vendedores ambulantes, así como las bolsas de productos tiradas en las calles, se convirtió en la principal lucha del alcalde municipal de San José, Johnny Araya, durante 20 años y que el Gobierno ahora amenaza con lanzar a la basura.

Esto al impulsar un proyecto de ley que dejaría por la libre a estos negocios al reformar el artículo 218 de la Ley General de Salud, el cual obtuvo dictamen unánime en la Comisión de Asuntos Sociales y pasará a su discusión en el Plenario Legislativo los próximos días.

La ley prohíbe en la actualidad otorgar patentes comerciales o industriales o cualquier clase de permiso a establecimientos de alimentos que no hayan obtenido previa autorización del Ministerio de Salud.

Ahora lo que se propone es promover las ventas de productos tradicionales y que se han vuelto parte de la idiosincrasia costarricense como el patí, el vigorón, los prestiños, la carne asada y los tamales sin ningún control, con el objetivo de potenciar la economía principalmente en las zonas rurales.

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“Estoy completamente en contra y critico la medida. El Gobierno lanza por la borda 20 años de lucha. Promueve el comercio informal y obstaculiza el espacio público, en detrimento de la salud de la población. No entiendo por qué está motivando la administración Solís esta medida. Los vendedores ambulantes son un problema en las principales ciudades del mundo, pero en San José ya lo teníamos controlado”, dijo Araya.

Y es que aunque el fin parece loable, lo cierto es que las cámaras empresariales afirman que la proliferación de vendedores ambulantes y de productos de comida sin una supervisión irá en detrimento de la salud y de la seguridad.

“Entendemos que se pusieron de moda los ‘food trucks’ (camiones de comida) y si la intención es darle trabajo a ese pequeño grupo de empresarios podemos apoyar la iniciativa, pero eso tiene que especificarse y reglamentarse, de lo contrario, proliferarían las ventas ambulantes en detrimento de la salud”, aseguró Isabel Vargas, directora ejecutiva de Canatur.

Las autoridades del Ministerio de Salud afirman que la intención es tratar de sacar de la informalidad a todas aquellas personas que trabajen en la calle y que se formalicen de una vez por todas.

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“La reglamentación permitirá definir las nuevas condiciones en las que puedan operar, si es necesario otorgar patentes o no y si se extenderán permisos de salud y por cuánto tiempo”, aseguró William Barrantes, director general del Ministerio de Salud.

El problema de las ventas ambulantes afecta a todas las provincias. En Heredia, la situación está controlada tras fuertes operativos con la policía municipal que tiene cámaras en diferentes puntos.

“Primero, se les llama la atención, pero si reinciden se les decomisa la mercadería y en la mayoría de los casos se lleva a un asilo de ancianos o a la Municipalidad. Estoy completamente en contra de ese proyecto de ley”, aseguró José Manuel Ulate, alcalde de Heredia.

Los ayuntamientos de Flores, Moravia y Cartago también evidencian dudas sobre los efectos que esto pueda provocar para la salud pública; las de Tilarán, Coto Brus, Los Chiles, Hojancha y Esparza están a favor de la iniciativa.