Independencia de los tribunales

Algunas personas han buscado hacer creer a los ciudadanos del país que son más justos los linchamientos mediáticos que los juicios de estrados. Estas personas han buscado persuadir a la población que ellos desde algunos medios eran mejores investigadores que la OIJ y mejores fiscales de acusación que los del Ministerio Público. Han buscado asentar en la opinión pública, claro está, que su apreciación de las pruebas era más eficiente que las de las tres etapas de los magistrados que en nuestro sistema revisan la etapa anterior de todo juicio. Nuestros tribunales justamente integrados por tres personas, pueden ser lentos, pero son tremendamente seguros en su sentenciar.

Algunas personas que buscaron erigirse en fiscales, jueces, verdugos o carceleros y que vieron frustrarse sus objetivos por los juicios rigurosos del Poder Judicial han buscado la destrucción del mismo a través de su descrédito o de la erosión de sus sentencias y fallos.

Nada sería más trágico para el país que la justicia en nuestros días tan criticada, fuera objeto de control político en sus sentencias y resoluciones. Pocas cosas tan nocivas como la supresión de la independencia de jueces y magistrados, así como de la formalidad y exactitud de los juicios de estrados y tribunales.

Esas personas detractoras de nuestros juicios fueron efectivas en persuadir de su habilidad a muchos costarricenses para lograr juicios más justos que los de los juzgados desde medios de comunicación colectiva. Esto produjo que muchos costarricenses se dejaran llevar por la peregrina idea de que los linchamientos mediáticos y políticos eran la solución última para “limpiar al Poder Judicial” de corruptos y juzgar y condenar a quienes ellos, los detractores de la justicia, les pusieran la puntería.

La formalidad en los procedimientos judiciales es tremendamente seria para que todos los ciudadanos que enfrenten una acusación similar por igual delito no tengan juicios ni procederes diferentes. La formalidad y el procedimiento estricto buscan que la justicia sea igual para todos bajo la misma ley. Esto no sucede en los linchamientos mediáticos o en los juicios especiales como los que los regímenes totalitarios conducen para acabar literalmente con su oposición interna. El trágicamente famoso y recordado juez Karl Roland Freisler juez supremo del autodenominado Tribunal del Pueblo del régimen nazi es una muestra de ello.

¿Cuántas personas fueron asesinadas por un político totalitario pistola en mano, en juicios rapidísimos sin apelación y que acabaron con miles de personas en todos los continentes? ¿Pol Pot? ¿José Stalin? ¿Rafael Videla? ¿Ernesto el Che Guevara conocido como el carnicero de la prisión de la Cabaña que fusiló personas por no ser heterosexuales? ¿Qué tal juzgar a las personas en ausencia y lanzar a los culpables desde un avión al Atlántico del Sur? ¿O más y mejor, los procesos tropicalizados, esos juicios rápidos acabando con todos los “gusanos” que encontraran? ¿O el fusilamiento de nuestro héroe nacional Juanito Mora quien fue asesinado por el gobierno de turno?

No sirven a la causa del derecho, del estado de legalidad, de la seguridad jurídica, de la libertad ni de la democracia los linchamientos, los juicios mediáticos sin mayor defensa del acusado, o el desconocer las sentencias serias y estudiadas por las tres etapas de nuestro sistema de derecho.

Hay mucho por mejorar, hay mucho por hacer, hay mucho que pulir, pero nada de ello es comparable con la injusticia de reemplazar los juicios de estrados por linchamientos y acabar con la independencia de los juzgados en Costa Rica. Todos debemos defender la legalidad del país, que con sus defectos y errores es mucho mejor que cualquier otra cosa conocida. Todos debemos rechazar los juicios de tribunal especial, los juicios de opiniones en contraste con los de pruebas definitivas, los juicios políticos sin apego a la ley, los juicios que se separan del normal rasero de la rigurosidad del estrado para apreciar la prueba. Finalmente, superada la etapa de apelación debemos aceptar como final, buena y valedera la sentencia de los juzgados. En conclusión, el principio de independencia de los jueces estriba en que el resto de la sociedad incluyendo políticos y prensa sean incapaces de ordenarle a un juez cómo decidir determinado caso para evitar la politización de la justicia y la persecución política de estado. Estas son dos grandes razones para que la afinidad política no sea el requisito para nombrar magistrados de la república.