Hueco fiscal de ¢7 mil millones se generaría con la reducción del impuesto de la renta para trabajadores independientes

En momentos en que los ingresos del gobierno disminuyen y aumenta el gasto, los diputados pretenden reducir el pago de impuestos para los trabajadores independientes.

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Se trata de una propuesta legislativa que fue aprobada en primer debate a finales de septiembre y que, en esencia, exonera del pago del tributo a todos los trabajadores que reporten ganancias anuales inferiores a ¢6,2 millones; es decir, unos ¢520 mil mensuales.

Hoy día, el beneficio solo lo disfrutan quienes tienen ingresos menores a ¢4,1 millones al año; es decir, unos ¢348 mil por mes.

El problema es que, al aprobar la reducción, el Ministerio de Hacienda tendría una disminución en sus ingresos superior a los ¢7 mil millones, de acuerdo con Nogui Acosta, ministro de Hacienda.

El plan, que es defendido a capa y espada por los diputados del Frente Amplio, llega en un mal momento para las finanzas públicas.

Y es que, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, los ingresos tributarios crecieron un 1,4%, lo cual es muy inferior a la cifra de crecimiento registrada en agosto de 2023, que fue del 3,7%.

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Paralelamente, el gasto total, más concesión neta, presentó en agosto un crecimiento del 7,2% en comparación con el 3,3% registrado en el mismo periodo de 2023. Este resultado se explica, en primera instancia, por las transferencias corrientes, seguido por las remuneraciones, los intereses y el gasto de capital.

En palabras más sencillas, los ingresos crecen a menor ritmo y los gastos aumentan.

“El principal riesgo fiscal que tiene hoy el Gobierno es la Asamblea Legislativa. Un día sí y otro día también, los diputados presentan proyectos para reducir la recaudación”, dijo Acosta.

Pocos días después de la aprobación en primer debate del proyecto de ley, Acosta señaló que al menos 43 iniciativas pretenden reducir la recaudación de impuestos y, haciendo un cálculo con solo 14 de ellos, se determinó que el Estado perdería unos ¢2,7 millones en ingresos; es decir, casi un 40% de los ingresos tributarios estimados para el 2025.

Para evitar el hueco fiscal con este plan en especial, los diputados oficialistas y dos legisladores del PUSC frenaron la votación en segundo debate con una consulta de legalidad ante la Sala IV.

Paralelamente, el jerarca de Hacienda anunció que, de ser necesario, el presidente Rodrigo Chaves estaría vetando el proyecto.

Mientras tanto, Adolfo Sanabria, abogado tributario de Consortium Legal, indicó que el proyecto merece una revisión a profundidad.

“Este proyecto ocupa un análisis más profundo por parte de los diputados, pues su aprobación, más que llegar a una supuesta justicia fiscal, puede generar todo lo contrario; es decir, desigualdad fiscal, pues sería más atractivo para las personas tributar como profesionales independientes, sin importar que esto genera una distorsión en las decisiones del mercado como consecuencia de una inadecuada política fiscal”, dijo el experto.

Finalmente, Silvia González, socia de Impuestos y Legal de Grant Thornton, explicó que el proyecto busca incentivar a las personas físicas con actividades omisas y pequeños emprendedores a que se formalicen y, de alguna forma, equilibrar el tramo exento entre personas asalariadas y las que trabajan de forma independiente.

Sobre el proyecto en cuestión, Jonathan Acuña, diputado del Frente Amplio, ha señalado en varias ocasiones que la situación actual entre los trabajadores asalariados e independientes es muy injusta.

Esto, porque los trabajadores independientes tienen que tributar mucho más, lo cual, se traduce en un desincentivo para cumplir con la ley.

El legislador espera que al tener condiciones más justas se beneficie a quienes trabajan por cuenta propia y reciben pocos ingresos.

“Al día de hoy, por ejemplo, una persona trabajadora asalariada comienza a pagar un impuesto sobre la renta por encima de los ¢900 mil mensuales, mientras que una persona trabajadora independiente tiene que comenzar a pagar el impuesto sobre la renta por encima de ¢350 mil. Se trata de un trato muy desigual por parte de la administración tributaria”, indicó.

Tarifas de reforma

Esto se explica por un menor balance primario en comparación con las cifras alcanzadas para el mismo periodo del 2023, así como por el pago de intereses de la deuda, que sumó ¢1.690.680 millones. Balance financieroEl balance financiero alcanzó 2,5% del PIB, lo que representa un deterioro de 0,5 p.p de PIB, en comparación con en el mismo periodo del año anterior, cuando fue 2,0% del PIB. Esta variación del resultado fiscal se debe a que el pago de la deuda aumentó 0,04 p.p del PIB y el balance primario se deterioró en 0,49 p.p de PIB.Pago de intereses al alzaEl pago de intereses alcanzó ¢1.690.680 millones, equivalente a 3,4% del PIB, y representó el 35,2% de los ingresos totales al cierre del octavo mes del año.

Este rubro presentó un crecimiento interanual de 5,5%, en comparación con el mismo periodo del 2023 Gasto totalEl gasto total, más concesión neta, presentó a agosto un crecimiento del 7,2% en comparación con el 3,3% registrado en el mismo periodo de 2023.

Este resultado se explica, en primera instancia, por las transferencias corrientes, seguido por las remuneraciones, los intereses y el gasto de capital IngresosLos ingresos tributarios crecieron 1,4%, cifra inferior al crecimiento registrado a agosto de 2023, que fue 3,7%.

Esto dificulta seguir incrementando el superávit primario a los niveles necesarios para continuar reduciendo la relación deuda a PIB y ubicarle en una senda sostenible.