Gobernanza electoral: desafíos para construir sobre fortalezas

Costa Rica sabe organizar elecciones; el verdadero desafío de las próximas décadas podría ser otro: ¿cómo fortalecer la gobernanza electoral en un entorno cada vez más complejo?

La democracia costarricense, reconocida internacionalmente a través de su historia, cuenta entre sus bases con un organismo electoral que es líder en la región por su labor. Los costaricenses somos conscientes y exigentes al respecto. Para nosotros, la normalidad democrática implica celebración periódica de elecciones libres, con voto universal y secreto, en una justa libre, informada, competitiva y pacífica, luego de la cual, aceptamos los resultados y continuamos con nuestra cotidianidad. Esas seguridades constituyen un activo de nuestro país, admirado por muchos, deseado por otros.

En este momento histórico para nuestra nación, la reflexión en cuanto a materia electoral nos lleva a hablar de gobernanza electoral, no como un análisis de lo ocurrido hasta ahora, sino como una invitación a pensar cómo preservar nuestras fortalezas, proyectarlas y potenciarlas de cara a los desafíos de la sociedad contemporánea y nuestra realidad en las próximas décadas.

Durante el siglo XX, uno de los grandes desafíos costarricenses fue construir un organismo electoral independiente, capaz de sustraer la administración y la declaratoria de los resultados electorales de las disputas políticas; el desafío contemporáneo consiste ahora en fortalecer una gobernanza electoral capaz de responder a una complejidad creciente.

El concepto de gobernanza no nace en el ámbito electoral, adquiere especial desarrollo en las últimas décadas del siglo XX, particularmente en la década de los noventa, cuando desde la ciencia política, la administración pública y los estudios de desarrollo se fue prestando atención no sólo a las estructuras formales del gobierno, sino a la forma en la que se ejerce la autoridad, se adoptan decisiones, se establecen responsabilidades y se rinden cuentas a la ciudadanía.

Resultan particularmente relevantes los aportes del Banco Mundial en 1992 y del PNUD en 1997, el primero destacó cuatro ámbitos relevantes: gestión del sector público, rendición de cuentas, marco legal para el desarrollo, información y transparencia y el segundo adicionó las dimensiones política, económica y administrativa del ejercicio de la autoridad.

De esa forma, el concepto de gobernanza fue adquiriendo un significado que trascendía la administración y la capacidad de ejecutar, para abarcar también la forma en la que se ejerce esa autoridad, se toman decisiones, se distribuyen roles y cómo funcionan los mecanismos de rendición de cuentas.

En materia electoral, resulta relevante el trabajo de 2002 de los politólogos Shaheen Mozaffar y Andreas Schedler, quienes conceptualizaron la gobernanza electoral como el conjunto amplio de actividades que crea y mantiene el marco institucional en el que tienen lugar la votación y la competencia electoral. Ese concepto se sustenta en tres dimensiones: la formulación de reglas electorales, su aplicación y la resolución de controversias al respecto. Para estos autores, la tarea principal de la gobernanza electoral consiste en proporcionar certeza procedimental frente a la incertidumbre sustantiva propia de una elección democrática: procedimientos ciertos y resultados inciertos.

En este siglo, América Latina ha desarrollado una importante y copiosa reflexión en torno al concepto de gobernanza electoral y entes como el Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y la Organización de los Estados Americanos han producido durante años estudios, asistencia técnica, metodologías y espacios de intercambio sobre justicia electoral, administración electoral, profesionalización, fortalecimiento institucional y transparencia.

Más recientemente, IDEA Internacional, en su estudio Independence in Electoral Management (2021), incorporó expresamente el lenguaje de la gobernanza al análisis de los propios organismos electorales, ese estudio examina su estructura de gobernanza y dedica particular atención al órgano superior encargado de su conducción, supervisión y toma de decisiones estratégicas y operativas. El análisis abarca el accountability o rendición de cuentas, la independencia financiera y presupuestaria, la autonomía en materia de personal y las relaciones de los organismos electorales con los distintos stakeholders o involucrados del proceso.

A esas ideas de gobernanza electoral se suman hoy en día desafíos como la comunicación global por medio de Internet, las redes sociales y la mayor circulación de información política y socioeconómica, la desinformación, la necesidad imperativa de la ciberseguridad y, por supuesto, la incorporación de la inteligencia artificial, que abre extraordinarias oportunidades, pero también riesgos para los procesos electorales.

A esos retos se añaden las mayores expectativas ciudadanas de transparencia, escrutinio público, gestión de riesgos, exigencias presupuestarias, financiamiento partidario, entre muchas otras variables.

Es en tal virtud que la reflexión sobre gobernanza electoral cobra nuevos matices, el concepto tradicional de reglas, administración y resolución de controversias se halla inmerso en la actualidad en esa dinámica de factores modernos, en un momento en que la producción de conocimiento, su almacenamiento y trasiego se multiplicaron exponencialmente y los organismos electorales deben adaptarse a ese entorno sin comprometer su calidad y legitimidad.

¿Cómo debe concebirse la gobernanza electoral para el cumplimiento de los objetivos democráticos actuales en las próximas décadas? No se pretende aquí dar respuesta exhaustiva y adecuada a esa interrogante, sino al menos dejar fijado que se requiere esa reflexión y, sobre todo, traducirla en acciones, de cara a los sucesivos procesos electorales, para así enfrentar esos desafíos que crecen de forma vertiginosa.

Una visión contemporánea de gobernanza institucional electoral podría considerar no solo el impartir justicia electoral conforme al ordenamiento jurídico (lo cual es absolutamente necesario), sino también la función de dirección estratégica a largo plazo, la profesionalización, la gestión integral de riesgos, la calidad de los procesos electorales, la transparencia y rendición de cuentas, las transformaciones tecnológicas que aceleradamente se están viviendo, la protección de datos, la ciberseguridad, la desinformación y el uso responsable de la inteligencia artificial.

Costa Rica tiene una posición privilegiada para realizar todas estas reflexiones y, sobre todo, traducirlas en acciones de cara a los futuros procesos electorales, conforme a lo que ya se ha hecho y a la mística de su recurso humano. Cuenta con una larga tradición democrática y con herramientas para reconocer esas nuevas variables en su gobernanza electoral, concebir estos retos y enfrentarlos solventemente, conservando sus principios y cultura, mientras moderniza sus procesos y se adelanta a los obstáculos y eventuales conflictos.

Tal vez podamos tener la aspiración, para las próximas décadas, de que el sistema electoral costarricense sea no solo reconocido por organizar elecciones transparentes y confiables, sino también por ser líder en gobernanza electoral y por su capacidad para gestionar todos estos desafíos modernos.

Erick Adrián Guzmán Vargas, abogado. 

Nota: Este texto refleja únicamente opiniones del autor sin fines político-partidarios y no compromete ni representa necesariamente la posición institucional del Tribunal Supremo de Elecciones.