Funcionarios de U públicas ganan hasta ¢779 mil más que sus pares de otras instituciones, denuncia diputada

Las universidades estatales se excluyen de la ley de empleo público para que no haya límite en los privilegios salariales que hoy reciben sus funcionarios, según Johana Obando, diputada del Partido Liberal Progresista.

La legisladora manifestó que esto debe tenerse en cuenta a la hora de discutir el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para 2024.

"La exclusión de las universidades de la Ley Marco de Empleo Público indica que no desean ser reguladas como todas las demás instituciones. Urge establecer un salario global en las universidades públicas, ya que actualmente es desproporcionado. Se deben eliminar los salarios de privilegio por encima de los demás funcionarios en la misma categoría", dijo Obando.

Para la diputada liberal, la educación es una inversión y, como toda inversión, debe ser evaluada, ya que el presupuesto universitario es para los estudiantes y se debe evitar a toda costa que el dinero se destine a salarios de privilegio y beneficios desproporcionados.

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"El FEES debe ser objeto de una revisión estructural y el recurso debe ir a donde debe ir, no a mantener privilegios", agregó Obando.

Las palabras de la diputada se dan en momentos en que el gobierno y las universidades públicas están divididos por el aumento del 1% para el FEES en 2024.

En un video en sus redes sociales, Obando denunció que los funcionarios estatales perciben entre ¢779 mil y ¢235 mil más que sus homólogos de otras instituciones del Estado, lo cual no se justifica cuando los funcionarios administrativos tienen las mismas funciones.

Y es que la ley de empleo público, a la que hace referencia Obando, establece un mismo salario por puesto laboral para todo el Estado.

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Las universidades públicas han disminuido ¢8 mil millones en remuneraciones en tres años, según datos aportados por el Consejo Nacional de Rectores (Conare).

Durante el período 2019-2021, los diputados y el gobierno redujeron el gasto de las universidades públicas en unos ¢80 mil millones.

"Como universidades públicas, reconocemos que el país atraviesa una crisis educativa de gran envergadura. Parte de esta crisis ha sido el desfinanciamiento sistemático que hemos experimentado en la educación costarricense por parte de los gobiernos y especialmente de este último, que no ha logrado ni siquiera proporcionar un aumento significativo", dijo Francisco González, rector de la Universidad Nacional.

Mientras tanto, Gustavo Gutiérrez, rector de la Universidad de Costa Rica, hizo un llamado para que se respete el mandato constitucional de destinar el 8% del PIB a la educación.

"La institución atestigua el debilitamiento que ha estado sufriendo la educación pública y el recorte de fondos destinados a la educación en todos sus niveles", aseguró.

En ambos casos, los funcionarios señalaron que el dinero del FEES no se utilizará para pagar aumentos salariales de ninguna manera.